Nueve magistrados del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional creen al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Así ha quedado demostrado en las dos sentencias que ambos tribunales han dictado, con un año de diferencia, sobre el proceso independentista catalán, en las cuales se da por probado que el mando policial no estaba alineado con los planes independentistas, que advirtió al Govern de Carles Puigdemont de los riesgos si el referéndum seguía adelante y pidió que lo desconvocara. También que diseñó un plan para detener a los dirigentes catalanes si los tribunales así se lo solicitaban.
De los diez magistrados que han juzgado lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017, siete del Supremo y tres de la Audiencia Nacional –tanto de perfil conservador como progresista–, sólo una, Concepción Espejel, ha desdeñado la versión de Trapero y le considera pieza esencial del plan independentista de la Generalitat, de “poner trabas” al cumplimiento de las instrucciones de la Fiscalía de Cataluña y sumó sus esfuerzos al propósito de que se celebrara a toda costa el referéndum del 1-O que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Por eso, Espejel ha emitido un extensísimo voto particular de casi 500 páginas en el que muestra su completa disconformidad con la decisión de la Sala.
Esta interpretación de Espejel choca frontalmente con lo dictado por sus compañeros de tribunal que han juzgado al mayor y que va en línea con lo que los magistrados del Supremo ya dieron por válido hace un año. En el juicio del alto tribunal, Trapero declaró como testigo de la acusación y su comparecencia sirvió a los magistrados para apuntalar los indicios contra los políticos que allí estaban siendo juzgados.
En la sentencia dictada por unanimidad de los siete magistrados que conformaban la sala presidida por Manuel Marchena, el alto tribunal dio por bueno lo señalado tanto por el mayor como por los principales mandos de los Mossos, que coincidieron en sus testimonios al señalar que habían advertido hasta en dos ocasiones al Govern de Puigdemont del riesgo de choques violentos durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
“El 28 de septiembre de 2017, los máximos responsables policiales del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, a instancia propia, se reunieron con el presidente de la Generalitat de Cataluña, su vicepresidente, el acusado Oriol Junqueras, y el consejero de Interior, Joaquim Forn. Dicha reunión tenía como finalidad poner de manifiesto el problema de seguridad ciudadana que podría plantearse el 1 de octubre, debido a la gran cantidad de colectivos movilizados en aquellas fechas. Propusieron expresamente la suspensión de la votación del día 1 de octubre", explicó el Supremo.
Adelanto de la estrategia de defensa
El mayor de los Mossos no tenía por qué declarar ante el Supremo. Al estar acusado en otro procedimiento, podía haberse abstenido de comparecer alegando que su testimonio podía ser perjudicial para su defensa, como ocurrió en el caso de políticos que estaban siendo investigados en juzgados de Barcelona por los mismos hechos. Sin embargo, Trapero no eludió ninguna pregunta de acusaciones o defensas, incluso del propio presidente Marchena, seguro de su versión, sabiendo que otros testigos la refutaban y anticipando así la que iba a ser su estrategia de defensa en el juicio en la Audiencia Nacional.
Porque no sólo fue y ha sido Trapero a quien han creído los magistrados. Uno por uno, tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional, los que eran los principales mandos de los Mossos d’Esquadra han ido relatando a los respectivos tribunales exactamente la misma versión sobre el papel que la policía autonómica tuvo en las semanas clave del procés. Uno de ellos, Ferrán López, fue de hecho quien sustituyó a Trapero al frente de la policía autonómica tras la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución, de lo que se deduce que tenía la confianza del Gobierno de Mariano Rajoy.
Juan Carlos Molinero, Manel Castellví y Emili Quevedo son los otros comisarios de Mossos que ocupaban en el otoño de 2017 las máximas responsabilidades del cuerpo policial y que también relataron profusamente ante el Supremo la misma versión que Trapero. Algunos apuntaron que Puigdemont llegó a decir en las reuniones que "de ocurrir alguna desgracia se haría la declaración unilateral de independencia".
El juicio a Trapero y los exjefes políticos de los Mossos d'Esquadra en la Audiencia Nacional siempre se consideró como la segunda parte del juicio al proceso independentista del alto tribunal. Y así se vio también en sus declaraciones, tanto del propio acusado como de los testigos que fueron pasando por la sala de vistas. Los magistrados Ramón Sáez Valcárcel y Francisco Vieira han dado por buena la versión de la cúpula de la policía autonómica durante el procés, que queda después de dos sentencias reparada. Es más, avalan la actuación desarrollada por Trapero en aquellos días aciagos de 2017 por su "prudencia" para "minimizar los daños, aunque ello supusiera al final" la celebración del referéndum.
El resultado en los juicios del Supremo y la Audiencia Nacional ha sido bien diferente. En el primero, los acusados resultaron condenados, mientras que en el segundo, Trapero y los exjefes políticos de los Mossos César Puig y Pere Soler han sido absueltos. Y en ambos casos, la acusación de Fiscalía ha naufragado, y con ella la versión de los hechos y la interpretación de los mismos que hizo el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial del 1-O, y del instructor del procedimiento, el teniente coronel Daniel Baena.
Ni Pérez de los Cobos ni Trapero han escondido la mala relación que tuvieron aquellas semanas de septiembre y octubre de 2017 y que se vio rota en los días previos al referéndum ilegal. Las discrepancias se pusieron de manifiesto en el juicio del Tribunal Supremo, pero se hicieron del todo patentes en la sala de vistas de la Audiencia Nacional. El coronel llegó a decir que habría destituido al mayor si hubiese podido porque, en su opinión, estaba "permanentemente poniendo palos en las ruedas" en la organización del operativo. El mando de los Mossos, por su parte, admitió las desavenencias y por eso justificó que enviara a su segundo, Ferrán López, a las reuniones de coordinación, pero defendió que nunca puso en duda su rango.
Testigo de excepción
Esta mala relación también aparece en la sentencia de la Audiencia Nacional ("habían discutido"), pero los magistrados no han hallado pruebas de que Trapero estuviera alineado con los intereses independentistas del Govern de Puigdemont, como ha defendido siempre Pérez de los Cobos. El coronel sostuvo que el mayor y los dirigentes de la Generalitat mantenían una "complicidad" de cara a hacer que los planes independentistas, pero los magistrados consideran que se trata de una mera "percepción personal" que no ha sido demostrada en ningún momento.
Es más, este argumento lo desdeñó un cargo del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del departamento que entonces dirigía Juan Ignacio Zoido, a quien el tribunal ve como un "testigo de excepción" en la reunión de la Junta de Seguridad que se celebró en el Palau de la Generalitat tres días antes del referéndum. El testimonio de Puigserver es, a ojos de Olga Tubau, la abogada de Trapero, uno de los más determinantes en la absolución del mayor de los Mossos, y así lo hacen constar también los magistrados, de modo que la afirmación de Pérez de los Cobos "no añade valor alguno a la prueba de cargo".
El tribunal que absuelve a Trapero denuncia la inacción de Rajoy y reprocha la “debilidad” de la acusación de Pérez de los Cobos
También afea la sentencia parte del contenido de la declaración que prestó el teniente coronel Baena. Según explica, su "conjetura" sobre una inclusión de los Mossos en el plan independentista no se apoya en ninguna prueba material, como tampoco la "reunión secreta" entre Puigdemont y Trapero de la que habló durante el juicio. Igualmente, considera que presuponer que Trapero estaba alineado con el Govern dado su ascenso a mayor la primavera anterior al referéndum no es de recibo, más aún cuando este hecho ocurrió cuando la Consellería de Interior estaba dirigida por políticos que poco después dejaron el cargo. Para el tribunal, el teniente coronel expuso en el juicio "datos que no se corresponden con la realidad".
Sostenida en buena parte por los testimonios de Pérez de los Cobos y Baena, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo basó su petición de diez años de cárcel por sedición para Trapero por la "pasividad" mostrada por los Mossos d'Esquadra tanto en la jornada del referéndum independentista como días antes durante el registro en la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat. Un argumento que también defiende la magistrada Espejel en su voto particular.
Pero aquí la mayoría del tribunal también es contundente: las imágenes de agentes de los Mossos defendiendo el referéndum y en algunos casos simpatizando con los votantes del 1-O "constituyen una anécdota de lo que debió ocurrir en centenares de centros", siendo "reacciones individuales de funcionarios, seguramente identificados con el independentismo, pero que no fueron ni fomentados ni consentidos por Trapero", pues "ninguna indicación escrita, verbal o gestual consta realizada por el mayor para instigar esos actos".
Nueve magistrados del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional creen al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Así ha quedado demostrado en las dos sentencias que ambos tribunales han dictado, con un año de diferencia, sobre el proceso independentista catalán, en las cuales se da por probado que el mando policial no estaba alineado con los planes independentistas, que advirtió al Govern de Carles Puigdemont de los riesgos si el referéndum seguía adelante y pidió que lo desconvocara. También que diseñó un plan para detener a los dirigentes catalanes si los tribunales así se lo solicitaban.