Víctimas de residencias y de la dana confluirán en Madrid para pedir justicia para las 7291
Sus caminos, entienden, están íntimamente ligados. Sus luchas son parecidas porque su agravio ha sido similar. Por eso, este domingo unirán sus voces. Familiares de víctimas de la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la pandemia y de la gestión de la dana de la Comunitat Valenciana se concentrarán este 1 de junio en la Plaza Juan Goytisolo de Madrid, frente al museo Reina Sofía, con dos objetivos: rendir homenaje a todos los fallecidos —7291 de un lado y 228 del otro— y reclamar verdad, justicia y reparación.
Lo anunciaron los convocantes, las organizaciones Verdad y Justicia y Pladigmare, en una rueda de prensa en Madrid este martes. Habían pasado menos de 24 horas desde que los tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso imputados por las muertes en los geriátricos aplazasen su declaración y dilatasen, así, la investigación. Pero las fuerzas están intactas. "La citación sólo significa que la justicia acaba de empezar. Sin embargo, la verdad todavía continúa en entredicho, puesto que ninguna de estas 7291 personas han sido todavía reconocidas como víctimas", lamentó Javier Cordón, de Verdad y Justicia, durante la comparecencia.
Ya no es sólo eso. Ni siquiera han podido reunirse con la que entienden que fue la responsable última de la denegación de asistencia sanitaria en los centros de mayores. De la elaboración y aplicación del Protocolo de la Vergüenza. De la no medicalización. De no haber derivado a los mayores a Ifema o a hospitales privados. En cinco años, Ayuso nunca se ha reunido con las víctimas, aunque ella insiste en que está "esperando" que vayan a verla. Las víctimas de la dana, cuando están a punto de cumplirse siete meses de la catástrofe, tampoco han sido recibidas por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que también aseguró que tenía las puertas abiertas. Y también fue un extremo negado por las organizaciones. "No nos han contactado a ninguna de las tres asociaciones. No vamos a llamarles nosotros, tienen que ser ellos", aseguró Rosa Álvarez, presidenta de Asociación de Víctimas 29 de Octubre.
"En ambos casos, las autoridades agravaron lo que ocurrió con sus decisiones políticas, en Madrid negando la asistencia y en Valencia enviando tarde la alerta. En lugar de reconocerlo, han lanzado desinformaciones. Cuando se ha empezado a saber la verdad, han intentado que la responsabilidad recaiga en otras personas", denunció Cordón. Por eso en un viaje a Gandía con motivo de la presentación del documental 7291 de Juanjo Castro aprovecharon para empezar a unir lazos. Y por eso han decidido mostrarlos públicamente este domingo.
No serán los únicos que asistan. Como han detallado también las organizaciones convocantes, el evento será presentado por la abogada y comunicadora Inés Hernand y también intervendrán, además de familiares y una trabajadora de la Gran Residencia, el magistrado José Antonio Martín Pallín, Juanjo Castro, el cantautor Zuri o el poeta Mario Obrero. "Queremos que sea un acto emotivo, pero también reivindicativo. Todos los familiares necesitan pasar su duelo y poder seguir con sus vidas, no pueden seguir con su dolor", lamentó Carmen Martín, también de Verdad y Justicia.
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Ha sido por pura casualidad, pero el anuncio del acto de este domingo se ha producido menos de 24 horas después de que la declaración como investigados de tres ex altos cargos del Ejecutivo de Ayuso retrasaran la declaración que en principio estaba prevista para este lunes, 26 de mayo. Las defensas de Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, ex directores de Coordinación Sociosanitaria, y Antonio Burgueño, responsable de la medicalización de las residencias que nunca llegó a producirse, entendieron que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente y que necesitaban más margen para preparar la defensa. La jueza de Instrucción del juzgado número 3 de Madrid lo aceptó.
Era esta la primera vez que los tres hombres acudían como imputados por los conocidos como Protocolos de la Vergüenza. En concreto, en el marco de la judicialización de un supuesto delito de denegación de la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios contenido en el artículo 511 del Código Penal. Durante ese periodo, solo entre marzo y abril, 7291 personas fallecieron en los centros de mayores de la región sin ser tratados. Ni fuera ni dentro de los centros.
"La declaración que estaba prevista para el lunes se sigue viendo como una operación de Estado y no como un acto de justicia. Pero si lo dejamos pasar, no habrá garantías de que mañana, o cualquier otro día, pueda volver a ocurrir", sentenció Cordón.
