Víctimas del terrorismo dicen a PP y Cs que se "equivocan" con sus críticas al último traslado de dos presos etarras

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, afirmó este viernes que tanto PP como Ciudadanos se equivocan al decir que el reciente traslado de dos presos de ETA –Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo– de la prisión de Villabona a la cárcel de Basauri (Vizcaya) es un pago del Gobierno al nacionalismo vasco por su apoyo durante la moción de censura.

"Se están equivocando, esto no es un pago ni un favor a los nacionalistas", señaló en declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press. Según manifestó Ordóñez, el propio juez de vigilancia penitenciaria que dictó los autos en los que se concedía el tercer grado a esos dos reclusos le explicó que "se han cumplido todos los requisitos establecidos en la ley".

Así, la presidenta de Covite destacó que los requisitos para acceder al tercer grado –el arrepentimiento, la petición de perdón, la asunción de responsabilidades y el compromiso de colaboración– los evalúan en cada caso los funcionarios de prisiones que, en el caso de que el preso los cumpla, elaboran un informe preceptivo con pronóstico favorable de reinserción.

La también hermana del político del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en San Sebastián en 1995, aseguró que a Covite le "da igual" que Sanz Martín y Moreno Ramajo estén ahora en una cárcel vasca y que nunca se ha opuesto a la concesión de un tercer grado ni a un acercamiento cuando se cumplen las condiciones que establece la ley para ello. Así, recordó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedió acercamientos a través de la Vía Nanclares y después el Ejecutivo de Mariano Rajoy hizo su propio plan de reinserción individualizada, cada uno con sus requisitos específicos.

Son los etarras los que no quieren la reinserción

Ordóñez señaló que el PP dice ahora que cuando gobernaba nunca trasladó al País Vasco a un preso de la banda terrorista. "Claro, son los propios etarras los que no quieren acercarse", añadió, detallando que los casos de Sanz Martín y Moreno Ramajo son "excepcionales".

Según la presidenta de Covite, los etarras normalmente "no quieren reinsertarse y no quieren cumplir las condiciones" establecidas por los gobiernos, ya que "las líneas rojas que establece la izquierda abertzale son 'ni arrepentimiento, ni delación, ni colaboración'", y por eso no acceden al tercer grado ni consiguen el acercamiento. así, Ordóñez también se refirió a la postura expresada por el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz, que protestó por que el Gobierno haya trasladado a los dos presos sin que antes le hayan pedido perdón pese a que en su momento el 'comando Vizcaya' planeó matarlo.

 

Ordóñez aseguró que "la mayoría de las víctimas" de ETA no están esperando "la llamadita del asesino de su familiar" para que les pida perdón. "Yo no necesito ni su arrepentimiento, ni su perdón", porque "el que tiene que perdonar está muerto", subrayó.

En este caso, lo que Covite exige al Gobierno para que un preso de ETA pueda iniciar el camino de la reinserción y pueda cumplir su condena en una cárcel de Euskadi es, según destacó, "el rechazo a ETA como proyecto". Al contrario que con el arrepentimiento, la petición de perdón y la colaboración, ahí no hay "trampa ni cartón", aseguró, resaltando el "daño" que se haría al mundo de ETA si se consiguiera que algunos reclusos expresaran ese repudio.

De hecho, indicó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido estar valorando la posibilidad de exigir ese requisito. "Parece que nos escuchan", manifestó tras señalar que el ministro se comrpometió con las asociaciones de víctimas a mantenerlas informadas de las decisiones y a actuar con transparencia.

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Sin embargo, Ordóñez se mostró crítica con la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de retirar el recurso contra la Ley vasca de Víctimas de Abusos Policiales –fue interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy– tras haber consensuado con el Gobierno vasco una serie de modificaciones sobre los preceptos en los que había dudas sobre su constitucionalidad. Eso "sí es un pago y favor" al nacionalismo, y "esa batalla la vamos a dar hasta el final", ha afirmado.

Por último, Ordóñez defiende la política de dispersión de los presos etarras –"perfectamente legal"– y rechaza que haya que ponerle fin por el hecho de que ETA se haya disuelto. "No tiene nada que ver, el proyecto de ETA está más vivo que nunca", advierte en relación a un supuesto "culto al odio" en los homenajes a etarras y actos de "enaltecimiento del terrorismo" que se hacen en Euskadi y Navarra.