Los vídeos completos de la tragedia de Melilla apuntan a la ocultación de al menos tres delitos graves
Un manto de opacidad aún sigue envolviendo lo sucedido en junio en el paso fronterizo entre Nador y Melilla. De hecho, casi cinco meses después sigue sin haber todavía una cifra clara del número de personas que perdieron la vida intentando llegar a suelo español. La investigación de la Fiscalía avanza lenta. Y apenas trascienden detalles sobre lo ocurrido. Pero a medida que se escarba, más se sitúa el foco sobre las autoridades españolas. Hace justo una semana, la BBC señaló con rotundidad la responsabilidad de España en la tragedia. Algo en lo que insistieron este lunes algunos de los diputados de la Comisión de Interior que visitaron la zona. Y que abre un amplio abanico de delitos que, según los penalistas consultados por infoLibre, han de ser investigados. Desde la omisión del deber de socorro a las lesiones, la prevaricación o el homicidio imprudente.
Los parlamentarios que se han desplazado a la ciudad autónoma, tanto los de Unidas Podemos como los de EH Bildu o el PP, han repetido por activa y por pasiva en las últimas horas que parte de los hechos sucedieron en territorio español. Algo que también confirman las imágenes captadas por un dron y un helicóptero de la Guardia Civil aquella mañana de junio. El momento clave, tal y como han contado El País y la Cadena Ser, ocurrió a las 8.42 horas de aquel viernes. Tras treinta minutos de enfrentamientos en los que vuelan piedras y material antidisturbio a uno y otro lado, una de las puertas del paso fronterizo, la que da acceso a los tornos, se abre. Se produce entonces una avalancha humana que se salda con una montaña de cuerpos apilados a uno y otro lado. Las cifras oficiales hablan de 23 fallecidos. Las organizaciones de derechos humanos contabilizan más de una treintena.
El lugar donde sucedieron los hechos resulta clave. Básicamente, por la competencia para poder investigarlos a nivel judicial. "El principio de ubicuidad establece que los delitos no solo se cometen en el lugar donde se produce el resultado, sino también donde se haya realizado la acción", explica al otro lado del teléfono José Luis Rodríguez Candela, abogado penalista. ¿Y qué quiere decir esto? Que si parte de los hechos han sucedido en dos Estados diferentes, ambos serán competentes para analizarlos. Por eso es fundamental en este caso el dónde, porque ese simple detalle puede determinar si se lleva a cabo una investigación en suelo español o se deja todo en manos de las autoridades marroquíes, esas mismas que ya han encarcelado a medio centenar de participantes en el salto, al entender que fue en aquel territorio donde sucedieron todos los hechos.
El Ministerio del Interior siempre ha tirado balones fuera. "Una de las puertas de seguridad marroquíes se logra forzar con violencia permitiendo el acceso a tierra de nadie de parte del grupo", afirmó a finales de septiembre Fernando Grande-Marlaska, quien ha insistido en que "no hubo muertos en territorio español". Un argumento rebatido por expertos en la materia. "La zona entre vallas y, en algunos casos, hasta 25 metros después de la valla, es jurisdicción del Estado español", afirmaba en declaraciones a Público Miguel Ángel Acosta, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Cádiz. Los tratados internacionales del siglo XIX que delimitaron las fronteras entre ambos países siguen siendo válidos, más allá de cómo ejerzan de facto ambos países su soberanía sobre el terreno. Tanto el Catastro como el Instituto Geográfico Nacional también sitúan la explanada donde ocurrió todo en territorio español.
"El concepto tierra de nadie, para empezar, no existe jurídicamente. Pero más allá de eso, las obligaciones internacionales tienen que aplicarse allí donde las autoridades españolas estén ejerciendo un control, que es lo que hacían en esa zona", apunta Elena Muñoz, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Por eso, diferentes penalistas consultados por este diario consideran necesario que se abra cuanto antes una investigación judicial sobre lo sucedido en el paso fronterizo. "Me sorprende mucho que todavía no se haya interpuesto ninguna querella por parte de ninguna organización", apunta Candela. Sobre todo, completa el abogado, a la vista de que las pesquisas que abrió la división de Extranjería de la Fiscalía pocos días después de la tragedia siguen sin arrojar ningún resultado. "Se sigue investigando", se limitan a decir desde el Ministerio Público.
Sin asistencia médica
Los juristas, a la espera de lo que se pueda o no demostrar, ponen el foco en diferentes tipos penales. El más claro, el delito de omisión del deber de socorro, que castiga a quienes no ayuden "a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave" cuando puedan hacerlo "sin riesgo propio ni de terceros". En este sentido, los medios que han podido visionar las imágenes aéreas señalan que ni las víctimas de la avalancha ni aquellos que cayeron desplomados en Melilla recibieron asistencia sanitaria durante los momentos más críticos. Da igual, recuerdan los juristas consultados, quién les produjese las heridas o dónde. Lo importante es si se les trató o no de socorrer. Durante el intento de entrada, antes de que la puerta se viniera abajo, al menos una docena de guardias civiles estaban en el lado español, según los diputados de la Comisión de Interior. Dos resultaron heridos.
Aquella mañana de viernes, el Instituto Armado empleó gran cantidad de material antidisturbio. En concreto, 86 botes de gas lacrimógeno, 28 botes de humo, 41 aerosoles de gas pimienta o 65 pelotas de goma. De hecho, las grabaciones desde el aire muestran cómo dos minutos antes de que las puertas cediesen los botes de humo caían sin parar por parte de las fuerzas españolas y marroquíes. De hecho, alguno cae incluso cuando ya se ha producido en la puerta el tapón mortal. Con esto de fondo, Diego Boza, experto en Derecho Penal y coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), pone sobre la mesa el homicidio imprudente. Pero para eso es necesario probar que los fallecimientos fueron el resultado directo de la actuación policial. La clave puede estar en unas autopsias de las que se hicieron cargo –o deberían haberse hecho cargo– las autoridades marroquíes.
Prevaricación y actuación de los gendarmes
Los juristas también ponen el foco sobre los gendarmes del país vecino. Al fin y al cabo, hay imágenes en las que se les puede ver en suelo español, mezclados con miembros de la Policía y la Guardia Civil, recogiendo a migrantes para llevárselos de nuevo a Marruecos –las llamadas devoluciones en caliente–. La cooperación policial transfronteriza entre ambos países está recogida en un acuerdo de 2012 en el que se establece que los agentes y funcionarios destinados en los Centros de Cooperación Policial que se encuentren en territorio de la otra parte "no serán competentes para la ejecución de medidas policiales". "¿Quién permitió esa actuación o por qué se hizo? Podríamos estar ante una prevaricación administrativa", sostiene Boza. En este sentido, Interior rechaza que la presencia de agentes deambulando a ambos lados de la frontera sea ilegal.
También Candela cree que es necesario investigar si se ha producido una prevaricación administrativa en lo relativo a las devoluciones en caliente. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya dijo que no se vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando los migrantes recurren "a la fuerza" a pesar de contar con mecanismos de entrada legal. Un pronunciamiento sobre el que se apoyó el Constitucional para avalar las devoluciones en caliente a través de una sentencia en la que, eso sí, se exige a las Fuerzas de Seguridad que presten "especial atención" a las categorías de personas vulnerables, entre las que se encuentran menores, mujeres embarazadas o "afectados por serios motivos de incapacidad". "No se puede devolver en caliente a personas lesionadas, puesto que hacerlo puede poner en riesgo su vida", opina el abogado penalista.
La BBC señala la responsabilidad de España en la tragedia de Melilla en la que murieron 23 personas
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El jurista también pone el acento en la actuación de los gendarmes en territorio nacional. "Si un agente marroquí sacó a una persona herida de España, se debería investigar a ese funcionario", resalta. Otra cosa es el alcance que finalmente puedan tener esas pesquisas. Solo hay que ver con lo que sucedió hace algunos años en la causa abierta por un juzgado de Melilla en relación a los golpes recibidos por un joven migrante en 2014 en el paso fronterizo de la ciudad autónoma. El juez llegó a solicitar a Marruecos que identificase a los agentes que se veían en las grabaciones. Pero el país vecino se resistió.
Falta de transparencia
Interior siempre se ha resistido a mostrar imágenes de lo sucedido aquella mañana de junio en la zona del Barrio Chino. Hasta ahora, sólo habían tenido acceso a los vídeos aéreos y de las cámaras del perímetro fronterizo la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, que a mediados de octubre afeó al Gobierno que hubiera efectuado un rechazo en frontera de 470 personas "sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales" –desde el ministerio que dirige Marlaska siempre se habló de un centenar–. Hasta que este lunes, pocos días después de que la radiotelevisión pública británica emitiese su investigación, los diputados de la Comisión de Interior pudieron ver parcialmente todas las imágenes. Un gesto que llega con casi cinco meses de retraso.
Otras organizaciones como Amnistía Internacional aún siguen esperando a que Interior, Fiscalía o Defensor del Pueblo den respuesta a las misivas enviadas. "Necesitamos saber qué es lo que se está haciendo", resalta Virginia Álvares, responsable de Política Interior en la organización. "Es tremendo que se tarde tanto. En cuestiones fronterizas siempre hay una gran falta de transparencia", apunta, por su parte, el coordinador de la Apdha. Al fin y al cabo, sostiene, se dan las condiciones para que esto ocurra. Por un lado, no hay una contraparte fuerte que haga frente a esas actuaciones en la frontera, pues las víctimas o sus familias se mueven en un contexto que les impide ejercer cualquier acción contra un Estado. Y, por otro lado, se recurre a un Estado con déficits democráticos para cuidar las fronteras de cualquier manera, de forma que las "responsabilidades" quedan "diluidas".
