Juan Miguel Villar Mir, fundador de la constructora OHL, ha desplegado una estrategia con la que, invocando la sentencia que le costó la carrera judicial a Baltasar Garzón por interceptar las conversaciones de los jefes de Gürtel con sus abogados, busca dinamitar una de las piezas esenciales de la Operación Lezo: la investigación sobre el supuesto soborno de 1,4 millones a Ignacio González por la adjudicación a OHL del tren a Navalcarnero. A través de un escrito remitido al juez del caso el pasado día 19, el empresario sostiene la ilegalidad de las escuchas policiales de que fue objeto a partir de diciembre. Esas escuchas, aduce el texto, vulneran el derecho a la defensa de Villar Mir porque captaron conversaciones sostenidas con su abogado. La grabación de esas conversaciones, exhorta al juez la defensa del empresario, debe declararse nula. Y la nulidad –agrega el escrito– ha de alcanzar también a "toda prueba o elemento que derive y guarde relación con esas intervenciones" telefónicas.
Con su escrito, adelantado el domingo por el diario El Mundo, Villar Mir ya consiguió hace una semana que el juez dejara en suspenso el interrogatorio programado para el día 21. En enero, había logrado un primer aplazamiento con la presentación de un certificado médico que la Guardia Civil considera el resultado final de "una actuación preconcebida y perfectamente planificada para evitar acudir al mandato judicial".
La UCO alcanza esa conclusión tras analizar las conversaciones mantenidas por el empresario con su médico en lo que la defensa del investigado considera también una vulneración de derechos, en este caso a la intimidad.
A lo largo de las 13 páginas remitidas al juez Manuel García Castellón por el letrado de Villar Mir, Carlos Domínguez Luis, el escrito lanza una durísima diatriba contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que acusa de actuar a espaldas del magistrado: "La actividad policial se consuma sin control judicial", dice el texto tras subrayar que la UCO no dio "cuenta inmediata al Juez de la interceptación de una conversación letrado-cliente".
Providencia del juez
Un día después de la presentación del escrito, el juez García Castellón dictó el 20 de marzo una providencia donde se deja constancia de que en la plataforma cibernética (plataforma Icloud) a través de la cual acceden al sumario los abogados personados en Lezo no hay "ninguna conversación entre letrado-cliente". La providencia especifica que un informe de la Guardia Civil que "por error" se incorporó a uno de los tomos y permaneció en el Icloud "exclusivamente durante un día" fue retirado de inmediato. Solo había accedido a él la letrada de uno de los altos directivos de OHL investigados en Lezo.
Si prosperase la maniobra del ahora expresidente de OHL para anular las escuchas y lo que de ella se derive, podría quedar muy dañada la investigación sobre el destino del dinero (1,7 millones de euros) que en noviembre de 2007 transfiró OHL desde México a una cuenta abierta en el Anglo Irish Banck de Suiza por la compañía panameña Lauryn Group.
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El propietario de Lauryn Group es el empresario Adrián de la Joya, quien hace ya un año confesó ante el juez García Castellón que el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, le pidió que enviase el grueso del dinero (1,4 millones de los 1,7 transferidos) al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Los investigadores mantienen que ese pago, que al parecer nunca llegó a Ignacio González, escondía un soborno por la decisión del Ejecutivo autonómico de adjudicar a una empresa mayoritariamente participada por OHL –Cemonasa– la línea de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. La adjudicación, por importe inicial de 362 millones, se había producido en octubre de 2007. Es decir, un mes antes de que OHL hiciera desde México la transferencia bajo sospecha. El proyecto ferroviario acabó siendo ruinoso.
Hasta ahora, todos los directivos de OHL que han desfilado ante el juez García Castellón han negado de forma categórica que la transferencia de 1,7 millones a Lauryn Group ocultase un soborno. Se trataba -es la versión del equipo de Villar Mir- del pago de servicios prestados al grupo por Adrián de la Joya.
Juan Miguel Villar Mir, fundador de la constructora OHL, ha desplegado una estrategia con la que, invocando la sentencia que le costó la carrera judicial a Baltasar Garzón por interceptar las conversaciones de los jefes de Gürtel con sus abogados, busca dinamitar una de las piezas esenciales de la Operación Lezo: la investigación sobre el supuesto soborno de 1,4 millones a Ignacio González por la adjudicación a OHL del tren a Navalcarnero. A través de un escrito remitido al juez del caso el pasado día 19, el empresario sostiene la ilegalidad de las escuchas policiales de que fue objeto a partir de diciembre. Esas escuchas, aduce el texto, vulneran el derecho a la defensa de Villar Mir porque captaron conversaciones sostenidas con su abogado. La grabación de esas conversaciones, exhorta al juez la defensa del empresario, debe declararse nula. Y la nulidad –agrega el escrito– ha de alcanzar también a "toda prueba o elemento que derive y guarde relación con esas intervenciones" telefónicas.