José Manuel Villarejo, cabeza visible de la llamada policía patriótica, preso preventivo desde noviembre de 2017 e imputado en el caso Kitchen, que ya ha desatado una nueva tempestad en el PP por el espionaje a Luis Bárcenas, cobra al año entre 3.500 y 5.000 euros en pluses por dos medallas que ninguna norma legal permite retirarle si no hay una condena firme. Pero, ahora, un extenso precepto de la futura Ley de Memoria augura cambios. El anteproyecto aprobado el martes por el Gobierno abre la puerta a privar de condecoraciones a agentes que, aun no habiendo participado de la represión franquista, hayan realizado actos "manifiestamente incompatibles" con la Orden del Mérito Policial. Es decir, con la distinción que de manera especial premia a un miembro del Cuerpo.
Así consta en la disposición adicional tercera del anteproyecto. Fuentes cercanas al Gobierno han confirmado a infoLibre que el alcance de ese artículo no se limita a la opción de revocar incluso con carácter póstumo los premios de que se beneficiaron policías como el torturador ya fallecido Billy el Niño. Lo que en su segundo inciso dice el citado artículo es lo siguiente: "Las recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley al amparo de la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales (...) podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes de la concesión, había realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con el ingreso en la Orden del Mérito Policial o en la Orden del Mérito de la Guardia Civil, así como cuando, con posterioridad al ingreso en dichas órdenes, hubiese realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con su permanencia en ellas". ¿Significa lo anterior que alguien condecorado en 2009 y en 2012 como José Manuel Villarejo puede quedarse sin medallas pensionadas? Sí, responden de manera tajante fuentes que conocen de primera mano el anteproyecto.
Sin sentencia firme que implique una pena de inhabilitación absoluta, con la legislación vigente, resulta imposible privar de medallas a Villarejo. O a cualquier policía de aquellos para los que no de manera abierta pero sí demoledora acuñó el PSOE en 2018 el adjetivo "indignos". El Código Penal estipula en uno de sus artículos –el 42– que la inhabilitación especial para empleo o cargo público también produce produce la privación "de los honores que le sean anejos". Pero la inhabilitación implica que exista una sentencia. Y la norma de 1969, que regula las condecoraciones policiales y que nunca se derogó tras el fin de la dictadura, impide revocar condecoraciones incluso si se convierten en piedra de escándalo antes de un juicio.
Ahora, si sale adelante en los términos marcados por el anteproyecto aprobado el martes, la Ley de Memoria señalará qué conduciría a borrar del mapa una condecoración: "Los actos o conductas manifiestamente incompatibles con el ingreso o la permanencia en las mencionadas órdenes podrán resultar de sentencia penal firme, de diligencias judiciales, de la Fiscalía o policiales, de la imposición de sanción disciplinaria firme o de cualquier otro medio de prueba admisible en derecho". El texto define con precisión quién y cómo abordará el proceso de revocación de recompensas. Dar ese paso "exigirá la tramitación de un procedimiento contradictorio que sólo podrá iniciarse de oficio y a iniciativa del Ministerio del Interior, y se instruirá y resolverá por los órganos competentes para tramitar los procedimientos de concesión".
El remate con que concluye la disposición adicional tercera no deja títere con cabeza en las consecuencias materiales de una eventual caída del medallero: "La revocación determinará pérdida de los derechos anejos correspondientes, incluso los económicos, y producirá efectos a partir de la notificación de la resolución que la declare".
Concedida su primera cruz al mérito policial con distintivo rojo por el Gobierno del PSOE en 2009 y la segunda, por el del PP en 2013, las dos condecoraciones que completan los ingresos públicos de Villarejo podrían desaparecer de un plumazo. También las restantes de una larga serie de premios y recompensas, estas carentes de dotación económica. Y podrían igualmente esfumarse las que recayeron sobre otros policías que, sostiene la Fiscalía, participaron junto con Villarejo en un operativo policial y parapolicial supuestamente destinado a evitar que el extesorero del PP conservase documentos de la caja B incriminatorios para altos dirigentes del partido. Según publicó El País, siete antiguos mandos de la policía patrióticase reparten cada año en pluses 16.000 euros en pluses. Todos esos pluses, salvo el vinculado a la primera medalla de Villarejo, se derivan de condecoraciones otorgadas entre 2012 y 2016 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.
Los datos que permiten cifrar entre 3.500 y 5.000 euros los pluses percibidos cada año por Villarejo son los de un decreto de 1995. En pesetas, ese decreto ya fijaba la cuantía a pagar en función de la condecoración recibida (al cambio, 150 euros al mes por cada cruz de distintivo rojo) y los trienios (47,45 euros mensuales por cada uno) que tuviese acumulados el beneficiario de la recompensa. En el caso de Villarejo, este medio ha calculado 10 trienios. Porque entre su ingreso en el Cuerpo (1972) y su "jubilación voluntaria" (2016) el policía se tomó diez años de excedencia. Fue en en ese periodo cuando creó un auténtico emporio patrimonial y empresarial que, con Cenyt SL como mascarón de proa, le llevó a hacer seguimientos, vigilancias, espionaje y operaciones de supuesta extorsión para distintos clientes.
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Ahora bien, fuentes policiales ajenas al circuito oficial aseguran que otros policías ya jubilados y que se encontraban en la misma situación que Villarejo -el grupo A1, la misma estancia o aproximada en el Cuerpo y dos cruces al mérito policial con distintivo rojo– cobran hasta casi 5.000 euros al año como plus. La cruz con distintivo rojo premia a quienes han sido heridos en acto de servicio "o por causa de él". O a quienes han protagonizado "hechos distinguidos y extraordinarios con patente riesgo o peligro personal". O a quienes han participado en un "hecho abnegado" o que "manifieste alto valor en circunstancias de peligro para su persona, con utilidad para el servicio o prestigio para el Cuerpo". También, a quienes hayan prestado "tres o más servicios en los que medie agresión con armas, aun sin resultar herido".
¿Cuáles de esos argumentos se tradujeron en cruces con distintivo rojo, la segunda medalla en relevancia tras la de plata? No se sabe. Las razones por las que el Ministerio del Interior condecora a un agente permanecen sellados. Distintas fuentes sindicales que prefieren no ser identificadas coinciden en que con las medallas el ministerio suplementa los salarios. Una de esas fuentes asegura que los Presupuestos del Estado prevén nada menos que seis millones de euros para condecoraciones, extremo que no ha podido verificar este periódico.
El entorno de Villarejo entiende que las condecoraciones al antaño poderoso comisario son inamovibles porque su situación procesal nada tiene que ver "con los motivos de su concesión". Y que a Villarejo "le asiste el derecho a la presunción de inocencia pese a que hasta el presidente del Gobierno, la anterior ministra de Justicia y actual fiscal general del Estado o el ministro del Interior ya lo han condenado públicamente". Lo premiaron –remarcan estas fuentes– tanto el PSOE como el PP. Un certificado oficial a lista de galardones incluye 17 felicitaciones públicas –13 de ellas con recompensa económica puntual de cuantía que infoLibre ignora– y otras tres medallas concedidas en 2012 que no implican el cobro de pluses.
José Manuel Villarejo, cabeza visible de la llamada policía patriótica, preso preventivo desde noviembre de 2017 e imputado en el caso Kitchen, que ya ha desatado una nueva tempestad en el PP por el espionaje a Luis Bárcenas, cobra al año entre 3.500 y 5.000 euros en pluses por dos medallas que ninguna norma legal permite retirarle si no hay una condena firme. Pero, ahora, un extenso precepto de la futura Ley de Memoria augura cambios. El anteproyecto aprobado el martes por el Gobierno abre la puerta a privar de condecoraciones a agentes que, aun no habiendo participado de la represión franquista, hayan realizado actos "manifiestamente incompatibles" con la Orden del Mérito Policial. Es decir, con la distinción que de manera especial premia a un miembro del Cuerpo.