El Ministerio de Vivienda sigue buscando complicidades y ha reunido este miércoles por tercera vez al grupo de trabajo que analiza la regulación de los alquileres de temporada, aunque en el encuentro se ha abordado también otro fenómeno que, junto al anterior, está tensionando el mercado y provocando que las administraciones acumulen chorros de críticas: los pisos turísticos. Respecto a estos últimos, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha confirmado que harán suya una propuesta que partió de las asociaciones vecinales: plantearán, de la mano del Ministerio de Justicia, un cambio de redacción en la Ley de Propiedad Horizontal “que ajuste y clarifique los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos” a la hora de “aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas”. En algunas comunidades como Asturias, Aragón o el País Vasco, se ha actuado en ese sentido y en otras no y lo que pretende el Gobierno ahora es un “ajuste quirúrgico” de la normativa básica estatal para “exigir una autorización previa de la comunidad de propietarios” a ese tipo de viviendas, “mediante el voto favorable” de las tres quintas partes o incluso de menos; igual que, en su caso, para vetar a posteriori esa actividad.
Respecto a los alquileres temporales, Rodríguez ha adelantado que su departamento tramitará de forma urgente un real decreto ley para que éstos se incluyan dentro de una plataforma de registro único que Vivienda quiere crear, junto al Ministerio de Turismo, siguiendo la estela del Reglamento 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se regula el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración, para entre otras cuestiones, combatir el fraude. Según fuentes del ministerio, ese registro “operaría en todo el país” e incluiría por primera vez a “pisos turísticos, temporales, habitaciones y embarcaciones flotantes”. De acuerdo a lo explicado por la ministra después de la reunión de este miércoles 3 de julio, el fin es que “con una sola inscripción” la vivienda “suba al registro único” español y de “éste al europeo”. Cada inmueble tendrá como “una matrícula” por la que se podrá saber “si es una vivienda protegida, si no…” Y ahí es donde se prevé que pueda contribuir a combatir el fraude, al permitir detectar si consta a la vez, por ejemplo, como temporal y turístico.
De momento, no se conocen muchos más detalles de la herramienta y la idea no ha convencido a todos. El portavoz de los Sindicatos de Inquilinas del Estado, Víctor Palomo, augura que “con esta web va a pasar como con el Índice de precios del alquiler. Es inocente, una ingenuidad, pensar que eso va a cambiar algo”, avisa. Y se explica: “En la Ley de Vivienda ya se decía que se tenía que elaborar una base de datos con toda la información que tengan las distintas administraciones. Pero debería hacerse cruzando las bases de datos de Hacienda, las de empadronamiento… para que sea información verídica y que tenga validez, no que dependa de la voluntad de los caseros o de las inmobiliarias”, resume.
Palomo insiste en que las organizaciones sindicales a las que representa “lo ven un pensamiento muy inocente” por parte del Gobierno, sobre todo “teniendo en cuenta que las modificaciones legislativas” que ya se han llevado a cabo “no se aplican”. “Que le cobren a los caseros los honorarios por la gestión del contrato en vez de a los inquilinos, no se está aplicando, la propia Ley de Vivienda, no se está aplicando”, recalca, para agregar: “Y tratar de hacer una plataforma web, sólo va a servir para generar de nuevo más frustración. Además de que no es una base de datos seria” y puede convertirse, a juicio de los sindicatos de inquilinas en “un sistema encubierto de licencias que responde a los intereses de la patronal”. Para Palomo, “si no se obliga al casero de alguna manera o no se actúa después con sanciones, va a ser como el depósito de fianzas en las comunidades, que no se hace. Y quién va a fiscalizar que lo que se diga en la web es cierto o no”, se pregunta. “Lo vemos como una ingenuidad y una falta de realismo, mientras la Ley de Vivienda se sigue sorteando”, concluye.
Al margen del registro, Rodríguez ha aseverado, asimismo, que se desarrollará el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos en línea con lo que marca Europa para “regular fundamentalmente la causalidad” ligada a los alquileres temporales. “La temporalidad dependerá de la causa, y es necesario que se pueda acreditar ésta a la hora de formalizar el contrato”, ha defendido la titular de Vivienda. Esto es, se detallarán las condiciones que han de cumplirse para que se pueda justificar que realmente el acuerdo contractual es por motivos laborales, de estudios o similar. En relación a ese punto, desde CCOO abogan por limitar este tipo de alquiler “a un periodo de seis meses, ampliable a otros seis y siempre vinculado a la causalidad, es decir, que esté justificado con un contrato de trabajo de la persona que se desplaza, con una matrícula en un centro de estudios, o con la acreditación de que hay un paciente que necesita estar fuera de su domicilio y los familiares lo acompañan...”, en palabras de Carlos Bravo. Si bien, desde el Sindicato de Inquilinas advierten de que “justificar la causalidad ya estaba previsto” y anotan que “los alquileres temporales han aumentado un 56% en detrimento del habitual y el motivo no es porque haya más demanda, sino porque quienes especulan con la vivienda los utilizan para aumentar sus beneficios”.
En los encuentros con el ministerio, CCOO ha expuesto, asimismo, iniciativas vinculadas a los pisos turísticos como que se les grave “con el tipo de IVA regular como actividad económica que es del 21%, lo que podría nutrir la tributación del Estado en 1.700 millones anuales”, con los que se podrían promover 17.000 viviendas adicionales en suelos propios. La parte de Sumar del Ejecutivo, ya había apostado igualmente por actuar por la vía de la fiscalidad contra esa modalidad de apartamentos y desde CCOO aportan que la Comisión Europea apuesta por introducir en el Reglamento del IVA que las plataformas que intermedian el alquiler turístico -Airbnb, Booking, etc- sean las encargadas de declarar el IVA por las viviendas que estén anunciadas en ellas.
Otras fuentes no se han mostrado tan críticas como el Sindicatos de Inquilinas, que sostiene que las medidas que va lanzando el ministerio “no sólo son ineficaces, sino que perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada” para los ciudadanos, pero sí han reclamado al departamento de Rodríguez que “ponga por escrito lo que realmente quiere hacer o no” para “poder seguir avanzando”.
Un parque público del 9%
La ministra ha seguido progresando a golpe de anuncio: la próxima semana se reunirá con las comunidades autónomas para estudiar y hacer un diagnóstico de cómo se han desarrollado los Planes Estatales de Vivienda, con el objetivo de empezar a trabajar "con inmediatez" en el próximo. "Le quiero dar una visión completamente distinta", ha dicho Rodríguez, quien se ha autoimpuesto un objetivo: alcanzar un parque público de vivienda del 9%, en línea con la media europea, y calendarizar el tiempo, la responsabilidad y los recursos necesarios para ello.
"Vamos a cumplir nuestro compromiso de legislatura, las 184.000 viviendas en alquiler asequible", ha remarcado Rodríguez, para asegurar luego que ya se están en marcha más de 80.000, del global comprometido por el Gobierno para esta legislatura.
El Ministerio de Vivienda sigue buscando complicidades y ha reunido este miércoles por tercera vez al grupo de trabajo que analiza la regulación de los alquileres de temporada, aunque en el encuentro se ha abordado también otro fenómeno que, junto al anterior, está tensionando el mercado y provocando que las administraciones acumulen chorros de críticas: los pisos turísticos. Respecto a estos últimos, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha confirmado que harán suya una propuesta que partió de las asociaciones vecinales: plantearán, de la mano del Ministerio de Justicia, un cambio de redacción en la Ley de Propiedad Horizontal “que ajuste y clarifique los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos” a la hora de “aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas”. En algunas comunidades como Asturias, Aragón o el País Vasco, se ha actuado en ese sentido y en otras no y lo que pretende el Gobierno ahora es un “ajuste quirúrgico” de la normativa básica estatal para “exigir una autorización previa de la comunidad de propietarios” a ese tipo de viviendas, “mediante el voto favorable” de las tres quintas partes o incluso de menos; igual que, en su caso, para vetar a posteriori esa actividad.