Alberto Núñez Feijóo se mantiene firme incluso después del desbloqueo de la elección de magistrados al Tribunal Constitucional: el PP no pacta la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No mientras el Gobierno esté en la "esclavitud moral" a Bildu y ERC, dice el dirigente Esteban González Pons, reiterando la última de una larga ristra de excusas, ahora complementada con la exigencia de aceptar que "los jueces elijan a los jueces". Sigue vigente la afirmación de Feijóo, dispuesto a "proteger" el CGPJ de Pedro Sánchez. La actitud de Feijóo, como antes la de Pablo Casado, impide cumplir lo que marca la Constitución: la renovación cada cinco años del órgano del gobierno de los jueces, con mandato caducado desde 2018 y cuya composición responde a una mayoría que ya no coincide con la expresada en las urnas.
Al analizar la actitud de Feijóo suelen citarse diversos factores: la presión de un sector de la derecha liderado por Isabel Díaz Ayuso o su propio deseo de mantener un CGPJ afín. Sin embargo, Feijóo tiene un incentivo más, a menudo inadvertido: complacer a sus votantes. O no cabrearlos. No sólo a los militantes del PP, sino a su propia base electoral. Con el bloqueo del CGPJ asistimos en vivo y en directo a una consecuencia concreta de la tan nombrada "polarización", en este caso del electorado derechista, que tras toda una legislatura escuchando que hay un presidente ilegítimo da muestras de unos niveles tales de enconamiento que permiten hablar de odio y que por supuesto obstruyen la vía del pacto.
La pandemia ensanchó la brecha
Al hablar de "polarización", no nos referimos a la bronca entre partidos. Tampoco al descontento en el electorado. Hablamos de división ideológica profunda en el seno de la sociedad. No es un fenómeno nuevo en España. La radicalización se ha visto favorecida por años de planteamientos plebiscitarios, tipo "comunismo o libertad" o "Sánchez o España", por los logaritmos de las redes sociales, que privilegian el contenido polarizador, y por la presión de los militantes, en posiciones más beligerantes que el conjunto de la sociedad y con más poder a raíz de la generalización de las primarias. En el artículo How ideology, economics and institutions shape affective polarization in democratic polities, Noam Gidron, James Adams y Will Horne ya detectaron antes de la pandemia que España era el país más polarizado de Europa.
El covid-19 –con la incertidumbre y el aislamiento que provocó– ha aumentado la polarización y al mismo tiempo ha ofrecido un campo de pruebas para medirla. La producción académica al respecto ha sido abundante en EEUU. Los datos de Google permitieron observar que el cumplimiento de las restricciones fue mayor en los condados de mayoría demócrata que en los de mayoría republicana, según este artículo. Hay más, todos en esa línea: el discurso contra las restricciones del Partido Republicano caló entre sus bases, que interiorizaron la idea de que se trataba de imposiciones autoritarias. Lo mismo ocurrió con las vacunas.
La pandemia permitió observar esta tendencia en España. Pronto las posiciones de la ciudadanía empezaron a venir más determinadas por el alineamiento con su partido que por su propio análisis. En abril de 2020, cuando las críticas al Ejecutivo se centraban en su reacción tardía y no en la supuesta restricción de derechos, los votantes de Vox eran los más partidarios de prohibir la salida a la calle (63,7%). En mayo, eran los menos partidarios (39,1%). ¿Cómo se explica? Vox viró su discurso hacia la denuncia del “totalitarismo” de Sánchez. En septiembre de 2020 las brechas sobre asuntos teóricamente neutros se habían multiplicado.
La vacuna se convirtió en una opción más de izquierdas que de derechas. Los votantes menos dispuestos a inyectársela eran los los de Vox, un 36%, lejos de Unidas Podemos (53,5%) y los del PSOE (51,9%). Los del PP estaban en la parte baja de la horquilla (46,6%)
Brechas ante los impuestos y el Belén navideño
Han pasado más de dos años de continuo enfrentamiento entre los dos principales partidos de la oposición –PP y Vox– y el Gobierno, cuya legitimidad ha sido puesta en cuestión. Hoy contamos con una fotografía de la polarización social bastante precisa. Es profunda. Incluso muy profunda. Puede observarse en el último barómetro del CIS, de diciembre. Diversas cuestiones muestran una fuerte división ideológica en cuestiones como el cambio climático, que preocupa "mucho o bastante" al 94,7% de los votantes de UP y al 91,4% de los del PSOE, lejos del 69% del PP y del 44,4% de Vox. Incluso en detalles en apariencia anecdóticos se observan estas brechas. Un ejemplo típico son los belenes. Los que más los ponen son los electores de Vox (74,5%), por delante del PP (69,9%), el PSOE (47,4%) y UP (25,2%).
Nada de esto es ilógico. Hay ideología en múltiples decisiones y era previsible que el CIS lo captase. Ahora bien, para calibrar la gravedad del fenómeno hay que mirar la evolución. Y la conclusión es que crece en asuntos clave. Ejemplos. La "situación económica general" es "muy buena" o "buena" para el el 36,2% de los votantes de UP y el 34,1% del PSOE, mientras sólo la ven así el 7,1% en el PP y Vox. La visión de los votantes de izquierdas es similar a la de hace sólo un año, pero la del PP y Vox ha bajado desde un 11% y un 11,6%, respectivamente.
En el terreno fiscal se observa un ensanchamiento de las brechas. El porcentaje de los que piensan que los impuestos se pagan "sin saber muy bien a cambio de qué", una idea impregnada de negatividad, es sólo del 9,4% entre los votantes del PSOE y del 5,2% de UP. En la derecha, los porcentajes suben al 35,9% (PP) y 57,8% (Vox). Que el electorado derechista confíe menos en la utilidad de los impuestos puede encajar sin sorpresa. Más significaivo es que sea una confianza menguante pese a un una pandemia y una inflación que han forzando al Estado a esfuerzos inéditos. En 2019 el porcentaje de votantes del PP que no se sabía "muy bien a cambio de qué" se pagan impuestos era del 27,3%, frente al 35,9% de ahora. En cuanto a Vox, su porcentaje ha subido del 40,2% al 57,8%. En el electorado de los dos partidos de derechas cae la fe en la capacidad de los impuestos para redistribuir o prestar servicios. ¿La clave? Que la perspectiva sobre todos estos asuntos ha evolucionado de manera opuesta en los votantes de izquierdas. Es decir, no es sólo que haya diferencias, es que además crecen.
Alejamiento ideológico y acusaciones de ilegitimidad
El sociólogo del CSIC Luis Miller señala que a menudo se recuerda que la polarización también fue alta en otros periodos, como durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008). Pero ve una diferencia: "La sociedad no estaba dividida. Hoy los electores piden a los partidos cosas muy distintas". Pone un ejemplo: los impuestos. En la encuesta Opinión pública y política fiscal de julio de 2004, un 66,6% de los votantes del PSOE creían que en España se pagaban "muchos", más incluso que en el PP (65,6%) y similar a IU (66,2%). Hoy las diferencias son abismales: 21,7% en el PSOE y 56,5% en el PP. Además, han surgido dos partidos cuyas posiciones son aún más divergentes: 20,4% en UP y 80,8% en Vox. Lo que ha ocurrido en este tiempo, que abarca una recesión de proporciones históricas con elevado coste para los servicios públicos, es que los impuestos se han problematizado ideológicamente.
Estas disparidades no pueden aislarse de la negativa de PP y Vox a alcanzar acuerdos con un gobierno de PSOE y UP, incluso aunque ello suponga un bloqueo de instituciones constitucionales. Al mirar las encuestas, tanto Feijóo como Santiago Abascal ven que sus electores tienen una visión sobre un tema clave que es incompatible con la que tienen los votantes de los partidos que sostienen al Ejecutivo. A esta dificultad se suma el continuo enfrentamiento en los términos más duros, que rompe puentes no ya entre las direcciones de los partidos, sino entre las bases de las formaciones de oposición y el Gobierno. De nuevo esto es observable durante la pandemia. En abril de 2020, aún un 74% de los votantes del PP y un 68,7% de los de Vox creían que había que "apoyar al Gobierno y dejar las críticas para otro momento". En mayo esos porcentajes cayeron hasta el 45,6% y el 40,4%, respectivamente. Fue en un solo mes. Un mes, eso sí, plagado de descalificaciones al Gobierno, acusado de usar la pandemia en su beneficio.
Mariano Torcal, catedrático de Ciencia Política de la Pompeu Fabra, señala que hay un marcador efectivo para medir la "polarización afectiva". Se trata de la ubicación ideológica que los votantes de un partido asignan a otros partidos. Por ejemplo, los votantes del PP sitúan al PSOE en un 2,84, siendo 1 totalmente a la izquierda y 10 totalmente a la derecha. Es decir, lo ven bastante a la izquierda, aunque no tanto como los de Vox, 2,22.
La evolución de la valoración de Sánchez también ayuda a entender por qué Feijóo puede temer la reacción de los suyos a un acuerdo. El empeoramiento de la opinión sobre el presidente de los votantes del PP es fuerte sobre todo en el último año. Los que le dan la peor nota, 1 sobre 10, "muy mal", han pasado del 49,5% al 59,6%. Los que tienen "ninguna confianza" en él, del 71,5% al 80,5%. Estos porcentajes son altos, pero no tantos como los que arrojan los votantes de Vox: el 81,1% le da la peor nota; al 95,4% no les inspira "ninguna confianza". Por supuesto, entre los votantes de izquierdas también hay polarización, pero no es tan radical. Por ejemplo, quienes ven "muy mal" a Feijóo son el 15,3% de los votantes del PSOE y el 30,9% de los de Podemos. Quienes no le tienen "ninguna confianza" son el 38,4% entre los socialistas y el 67,1% entre los morados. No es una visión tan negativa.
Aplauso a la ruptura de negociaciones
Los indicios de que sus votantes no quieren que llegue a acuerdos con Sánchez se le han acumulado a Feijóo. Especialmente, sobre la reforma judicial. El Confidencial publicó en octubre que sondeos del PP le decían que el 80% de los suyos rechaza pactos con Sánchez. En noviembre El Debate lanzaba una encuesta de Target Point: el 81% de los votantes del PP aplaudían que Feijóo hubiera abandonado la negociación. El CIS tampoco deja lugar a dudas. Pregunta en noviembre: "¿Quién es el principal responsable de que no se haya llegado a un acuerdo?". Sólo un 6,9% de los votantes del PP creen que la culpa es de Feijóo, frente a un 53,7% que señalan al PSOE y un 22,4% que reparten culpas. En Vox aún es mayor el porcentaje que culpa a Sánchez: 57,8%.
Con datos así es más fácil entender por qué Feijóo no pacta, aunque se trate de un asunto no meramente importante, sino clave para el funcionamiento institucional. El presidente del PP no encuentra el menor reproche en su partido. A diferencia de lo que le ocurre a Sánchez con las cesiones a ERC, cuando hay barones críticos como Emiliano García Page, Feijóo encuentra el respaldo unánime de su formación a pesar del incumplimiento constitucional. Es más, el ala dura le presiona para que no frene el bloqueo.
La importancia del lenguaje
Carmen María López-Rico, autora del artículo Polarización y confianza en los medios españoles durante el covid-19, muestra poca sorpresa ante la postura de Feijóo. "El electoralismo siempre mueve a la política. El PP no sólo piensa en su electorado, sino también en rascar votos al otro [del PSOE]", señala. A su juicio, hay un sector del electorado socialista abierto a pactos con el PP que, según el razonamiento de Feijóo, puede acercarse a este partido si ve al PSOE muy atado a UP y los independentistas. López-Rico cree que el presidente, con su acusación a Feijóo de "incumplir la Constitución", trata por su parte de atraerse a un votante de centro que puede llegar a identificar al PP como culpable pero que ahora podría estar sumido en lo que la politóloga Elisabeth Noelle-Neumann llamó "la espiral de silencio". A juicio de la profesora de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández, esta atracción es difícil porque la renovación del CGPJ no es vista por la mayoría como un asunto institucional de obligado cumplimiento, sino como una cuestión "pasional", dado que el uso de un "lenguaje" cargado de visceralidad se ha trasladado a los electores. No en vano, se les ha dicho que lo que está en juego es la "demolición del Estado de derecho", en palabras de Ayuso.
El mes de diciembre ha sido especialmente duro en la retórica. A raíz del intento del Gobierno de cambiar las mayorías para la renovación del CGPJ y el Constitucional mediante enmiendas –algo que el TC impidió votar en las Cortes–, Vox denuncia un "golpe de Estado" y Feijóo habla de "quiebra institucional". Ayuso afirma que Sánchez conduce al país a una "situación dictatorial". Por su parte, PSOE y UP han acusado al PP de atentar contra la democracia por su recurso ante el Constitucional. El uso de una retórica así acaba dejando "muy poco margen de acción" a los partidos, señala López-Rico. "Es un círculo vicioso. Finalmente cualquier pacto es visto como una debilidad, como una derrota", dice la profesora, que cree que todos los partidos tienen su parte de responsabilidad en el uso de un lenguaje marcado por la lógica de "ganar a toda costa", pero incide en la gravedad cuestionar la "legitimidad" del Gobierno.
Círculo vicioso
Irene Menéndez y Michael Becher, profesores en la IE School of Global and Public Affairs, ponen el énfasis en la responsabilidad de los líderes. "Algunos políticos pueden temer el rechazo por parte de sus votantes al pactar con sus adversarios. Pero la polarización entre ciudadanos es, al menos en parte, una respuesta a la polarización entre partidos. Si los políticos se sienten constreñidos por sus votantes, hasta cierto punto son prisioneros de sus propias estrategias", señalan.
Feijóo mete en un cajón la despolitización del TC para reclamar el 'derecho' del PP a designar un magistrado
En la misma línea se expresa Mariano Torcal, que en enero publicará con Catarata un libro sobre el paso "de votantes a hoolingans". A juicio de Torcal, las élites políticas son "prisioneras" del tribalismo que ellas mismas inoculan en sus bases. Y añade que la presión centrífuga de Vox –para el PP– y UP –para el PSOE– dificulta el entendimiento entre los dos principales partidos. Con los datos que tiene por delante, ¿es previsible que el PSOE, si en el futuro está en la oposición, le haga lo mismo al PP? "Históricamente", responde Torcal, "los momentos de menor polarización se han dado con el PSOE en la oposición. No sé qué va a ocurrir, pero lo que dicen los antecedentes es eso".
Riesgo democrático
Torcal alerta de la gravedad que el problema tiene no ya para la atmósfera política, sino para la salud democrática, dado que la polarización "rompe la cohesión social", como también ha observado Diego Sánchez-Ancochea, director del Departamento de Desarrollo Internacional en Oxford, en su ensayo El coste de la desigualdad. Lecciones y advertencias de América Latina para el mundo (Ariel, 2022).
Menéndez y Becher, autores de un artículo sobre la materia en el último informe sobre democracia de la Fundación Alternativas, citan a su vez un estudio centrado en EEUU de Mathew Graham y Milan Svoliks que muestra que "la polarización entre los votantes hace que los políticos se salgan con la suya a la hora de socavar las normas e instituciones democráticas". "En sociedades polarizadas, los políticos tienen más margen a la hora de promover objetivos partidistas a expensas del funcionamiento democrático", señalan.
Alberto Núñez Feijóo se mantiene firme incluso después del desbloqueo de la elección de magistrados al Tribunal Constitucional: el PP no pacta la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No mientras el Gobierno esté en la "esclavitud moral" a Bildu y ERC, dice el dirigente Esteban González Pons, reiterando la última de una larga ristra de excusas, ahora complementada con la exigencia de aceptar que "los jueces elijan a los jueces". Sigue vigente la afirmación de Feijóo, dispuesto a "proteger" el CGPJ de Pedro Sánchez. La actitud de Feijóo, como antes la de Pablo Casado, impide cumplir lo que marca la Constitución: la renovación cada cinco años del órgano del gobierno de los jueces, con mandato caducado desde 2018 y cuya composición responde a una mayoría que ya no coincide con la expresada en las urnas.