Con voto pero sin voz: el precio que pagarán los tránsfugas Sayas y Adanero por seguir en el Congreso

Sergio Sayas (Buñuel, 1979) y Carlos García Adanero (Talavera de la Reina, 1967) eran dos nombres desconocidos para el gran público hasta que el pasado jueves se saltaron la disciplina del partido al que representan, Unión del Pueblo Navarro (UPN), y votaron en contra de la reforma laboral del Gobierno. La coalición en el Gobierno salvó los muebles por un golpe de suerte: la equivocación de un parlamentario del PP a la hora de emitir su voto telemático. Esto ocurrió porque los dos diputados de UPN votaron no sin advertir previamente al Gobierno de este cambio.

Ambos esgrimen que votaron "en conciencia" y prometen dar la batalla interna para justificar su voto y tratar de salvar la militancia, al menos a corto plazo. Su partido, una formación conservadora y regionalista de Navarra, ya ha iniciado los trámites para expulsarles ante lo que consideran que es una "deslealtad", a la vez que ha reclamado su dimisión. Sayas y Adanero descartan renunciar a su escaño porque alegan que, al votar no, cumplieron con el mandato de sus votantes.

En cualquiera de los dos escenarios —tanto si dimiten como si se quedan el acta y son expulsados— UPN se quedaría sin representación en la Cámara Baja por primera vez desde el año 1979. En el primer escenario les sustituirían Cristina Sanz y Sonia Pérez, que integraron el tercer y cuarto lugar en la lista de Navarra Suma en representación de PP y Ciudadanos. En el segundo, ni Sayas ni Adanero hablarían en nombre de UPN, sino en el suyo propio.

Un caso similar al de Pablo Cambronero, exdiputado de Ciudadanos, que en marzo de 2021 abandonó el partido pero no renunció al acta. Pasó al Grupo Mixto —donde actualmente se integran los diputados de UPN— pero quedó relegado al ostracismo. No interviene en el Pleno ni en las comisiones y apenas tiene margen para presentar iniciativas. Su único recurso parlamentario es presentar preguntas escritas al Gobierno, por ser éste un derecho individual de cada diputado.

La canaria Ana Oramas le comunicó, en nombre de los demás partidos, que iba a tener limitadas sus funciones parlamentarias porque se le considera un diputado no adscrito, una figura que existe en corporaciones locales y asambleas autonómicas, pero que el Congreso aún no ha regulado en su Reglamento. Ese sería también el destino de Sayas y Adanero si finalmente se produce la expulsión, que deberá dirimir el Comité de Garantías y Disciplina de UPN.

Todos los partidos del Mixto respaldaron por unanimidad la propuesta de aislar al exdiputado de Ciudadanos, según le comunicó en su día el portavoz del Grupo, Isidro Martínez Oblanca, de Foro, por lo que Cambronero pidió amparo a la Mesa del Congreso. El órgano de gobierno de la Cámara consideró que la potestad que tiene el Grupo Mixto para organizarse no permite llegar a acuerdos que "limiten los derechos de participación" de ningún diputado, ya que debe garantizar "el ejercicio de tales derechos en condiciones de libertad e igualdad". Sin embargo, en la práctica, la situación de Cambronero no ha cambiado, tal y como denunciaba recientemente el diputado.

Esta limitación parlamentaria contrastaría con el protagonismo que sí tienen actualmente los dos parlamentarios de UPN en las Cortes. En las escasas semanas que llevamos de año los dos parlamentarios han protagonizado ya seis intervenciones en la Cámara Baja (tres cada uno), y son portavoces de ocho comisiones parlamentarias (cuatro cada uno).

Un caso de transfuguismo

Tanto Sayas como Adanero aseguran que ellos no han incumplido los estatutos de UPN y que, por tanto, no se les puede sancionar. También niegan que se vayan a unir a las filas del Partido Popular o de Vox, por lo que aseguran que las acusaciones de transfuguismo son infundadas. Sin embargo, sí lo serían, atendiendo a la definición que da el propio pacto antitransfuguismo. "Se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.

Este pacto, firmado el 7 de julio de 1998 y ampliado en 2021 para extenderlo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico, nació para poner freno a las prácticas corruptas que tratan de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas fichando representantes de partidos rivales para apuntalar mayorías o forzar cambios de gobierno. En la ampliación también se incluyó el compromiso de todos los partidos de reforzar "el criterio de que la persona tránsfuga no reciba privilegios ni premios por quebrar la voluntad popular".

El acuerdo es una consecuencia directa de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en su momento estableció que aunque los diputados y los concejales son elegidos en España en listas cerradas presentadas por los partidos políticos, no pueden ser removidos de sus escaños.

El profesor en Ciencia Política por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Lorente, ve un claro paralelismo entre el caso de los dos diputados de UPN y el de Cambronero y, a su modo de entender, en ambas ocasiones se produce un caso de transfuguismo. "El principal debate que hay entorno al concepto de tránsfuga es si se puede considerar como tal a quienes cambian el sentido de su voto pero no lo hacen para derrocar un gobierno, como sucedería en una investidura o en una moción de censura. Yo creo que sí. Prueba de ello está en que la propia Yolanda Díaz sugirió el pasado domingo que hubiese dimitido si la reforma no hubiera salido adelante", valora el experto en declaraciones a infoLibre.

A Lorente también le parece determinante "hasta qué punto la decisión viene dada en conciencia o por una presión de otros actores políticos". Ambos diputados han negado que comunicaran previamente a otras formaciones el sentido de su voto, pero dirigentes del PP sí reconocen haber tenido conocimiento de ello antes. Prueba de ello es la celeridad de Alberto Casero para tratar de cambiar el sentido de su voto. En los últimos días los dirigentes del PP y Vox han aplaudido la decisión de Sayas y García Adanero, pese a que el partido de Pablo Casado ha impuesto sanciones a una de sus diputadas, Cayetana Álvarez de Toledo, por no respetar la disciplina de partido.

Disciplina de partido versus voto en conciencia

La Constitución Española, en su artículo 67.2, establece que "los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo", lo que les desvincula de cualquier tipo de obligación que oriente el sentido de su voto, y a priori les otorga total libertad. Sin embargo, los miembros de cada formación acatan, sobre el papel, las normas que determinan el funcionamiento interno del grupo y por tanto asumen las consecuencias de ir contra sus directrices.

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"Lo que ocurre en España y otros países de nuestro entorno es que la disciplina de voto está muy presente", explica Lorente, que lo ve como una manera de "corregir disfuncionalidades". "Tenemos un sistema proporcional de listas cerradas, en el que el elector no elige a los diputados por sí mismos, sino a una lista cerrada que representa a un partido".

El profesor señala que el voto en conciencia se utiliza habitualmente como excusa para justificar una posición determinada sin asumir consecuencias. "Estos diputados siempre tendrían la opción de dimitir, es una opción muy digna", afirma. "A quien castigan o premian los votantes no es a los diputados, es a los partidos", zanja. Paradójicamente, en el año 2008, el propio García Adanero reclamó a uno de sus compañeros que devolviera su acta por haber desobedecido la orden de la ejecutiva del partido para abstenerse en la votación de los Presupuestos Generales.

Lorente, partidario de la disciplina de voto, asegura que las formaciones políticas tienen que hacer "un ejercicio de democracia interna" que "incluya a los cargos electos para que expongan sus ideas y se produzca un debate".