Insultos, exabruptos, manipulaciones y mentira. Es el cóctel diario de declaraciones públicas y tuits de la ultraderecha en España. Un discurso que replican en las instituciones y, a menudo, resulta difícil de contrarrestar ya que el gran éxito de este tipo de formaciones se basa en imponer su agenda. Sucedió el pasado miércoles en el Congreso. La diputada ultraderechista Carla Toscano subió a tribuna para responder a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y afirmó que el “único mérito” de la titular de Igualdad era “haberse estudiado en profundidad” a su pareja, Pablo Iglesias, exlíder de Podemos. Unas palabras que ya llevaba escritas en su discurso.
Montero calificó de “violencia política” el ataque de la diputada y recibió una larga ovación de toda la izquierda parlamentaria. Sin embargo, desde Unidas Podemos creen que hay que pedir medidas más contundentes a la Mesa de la Cámara Baja para intentar que no se repitan estos episodios, ya que el presidente de la Cámara en ese momento, Alfonso Gómez de Celis, se limitó a apercibir a la diputada y pedir la eliminación de la expresión del diario de sesiones. Montero, no obstante, solicitó que esas palabras permanecieran como muestra de la "violencia política" que denunció.
Desde Podemos sostienen que el presidente debería haber aplicado el artículo 106 del reglamento de la Cámara Baja, que establece que “cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella y fuese o no Diputado, promoviere desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será inmediatamente expulsado”. Y añade: “Si se tratare de un Diputado, el Presidente le suspenderá, además, en el acto en su condición de Diputado por plazo de hasta un mes, sin perjuicio de que la Cámara, a propuesta de la Mesa y de acuerdo con lo previsto en el artículo 101, pueda ampliar o agravar la sanción”.
Además, el reglamento fija en el artículo 16: “Los Diputados están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias, así como a no divulgar las actuaciones que, según lo dispuesto en aquél, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas”. Y entra aquí en juego el papel de la Presidencia del Congreso, que puede llamar al orden a los parlamentarios durante el debate.
En el artículo 103 se señala como uno de los motivos “cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad”. En caso de tres llamadas, el presidente puede ordenar que sea expulsado de la sesión. Si se niega, se enfrenta a más sanciones como no poder asistir a la siguiente sesión.
Por su parte, fuentes de Presidencia del Congreso explican a infoLibre que “no se puede expulsar a nadie sin antes llamarle al orden, como hizo el presidente", resumen desde el órgano. Es más, Presidencia admite que en el reglamento “no hay mucho margen” para responder a este tipo de situaciones.
Podemos pide más implicación de Batet: “La presidenta ha decidido ponerse de perfil”
Los presidentes de la Cámara no suelen recurrir a esa vía y solo hay dos precedentes de expulsiones: en el año 2006, del diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte, y en 2018, del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. El pasado mes de septiembre el presidente de la Cámara amonestó a otro diputado ultraderechista, José María Sánchez García, en tres ocasiones y le instó a abandonar el hemiciclo. Pero el diputado ultra permaneció en su escaño y el pleno fue suspendido durante diez minutos.
La sesión se reanudó después de que el parlamentario de Vox retirara el insulto que previamente había proferido contra la representante del PSOE, Laura Berja, al llamarla "bruja", pero no fue expulsado realmente. Fuentes de Podemos recuerdan este incidente en conversación con infoLibre. “Después de que se permita que un diputado de Vox siga en el pleno después de que se le llame al orden y se niegue a salir, nos parece política ficción esperar que la presidenta del Congreso vaya a hacer algo ahora”, señalan.
La formación morada también alude a otros casos como el hecho de que la actual presidenta, Meritxell Batet, no “haya sancionado a los diputados de Vox que boicotearon un acto de Podemos en el Congreso” o “haya tomado medidas frente al conjunto de diputados de Vox que no presentan sus declaraciones de intereses en pleno desacato”: “La presidenta del Congreso ha decidido ponerse de perfil ante la violencia política de Vox y esto ha creado un clima de impunidad para la extrema derecha”, afirman.
En ese sentido, Podemos considera una “profunda equivocación” la actitud de la presidenta del Congreso. “A menudo Batet quiere presentar esto como una cuestión de educación y reglamento, pero lo cierto es que es una estrategia política de la extrema derecha para humillar y deshumanizar al adversario. Y esto, antes o después, también va a acabar pasando con las diputadas del PSOE”, zanjan.
¿Expulsión, multa económica o apercibimiento?
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La formación morada está preparando un comunicado junto a otros grupos parlamentarios para pedir medidas más contundentes. Algunos como el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, instaron a la Mesa del Congreso “a que se haga valer”: “Aquí hay agresores y hay agredidos, sobre todo agredidas. Ya basta”, afirmó. Desde la dirección del partido republicano creen que las sanciones a Vox deberían llegar por vía económica: “Es como los futbolistas. Solo entienden la multa económica”, sostienen en declaraciones a este periódico.
Otros como el portavoz del PNV, Aitor Esteban, recuerdan que el Reglamento del Congreso permite a la Presidencia reconducir los discursos de los oradores en la tribuna cuando no se ciñen al tema. Algo que, a su juicio, no ocurrió este miércoles cuando Toscano profirió los ataques contra la ministra de Igualdad, ajenos a la tramitación de los Presupuestos.
Sin embargo, a juicio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “le corresponde a los grupos parlamentarios discutir si se sancionan determinadas conductas”. El artículo Artículo 70.3 del Reglamento del Congreso recoge que “nadie podrá ser interrumpido cuando hable, sino por el Presidente, para advertirle que se ha agotado el tiempo, para llamarle a la cuestión o al orden, para retirarle la palabra o para hacer llamadas al orden a la Cámara o a alguno de sus miembros o al público”.
Insultos, exabruptos, manipulaciones y mentira. Es el cóctel diario de declaraciones públicas y tuits de la ultraderecha en España. Un discurso que replican en las instituciones y, a menudo, resulta difícil de contrarrestar ya que el gran éxito de este tipo de formaciones se basa en imponer su agenda. Sucedió el pasado miércoles en el Congreso. La diputada ultraderechista Carla Toscano subió a tribuna para responder a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y afirmó que el “único mérito” de la titular de Igualdad era “haberse estudiado en profundidad” a su pareja, Pablo Iglesias, exlíder de Podemos. Unas palabras que ya llevaba escritas en su discurso.