El Partido Popular y Vox siguen actuando como una pareja pese a la ruptura del pasado verano. Un mes después de la dana que arrasó con la provincia de Valencia provocando más de doscientos muertos y cuantiosos destrozos en las localidades de l'Horta Sud valenciana, la formación ultraderechista no solo ha evitado situar el foco en la negligente gestión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, sino que está apoyando a los conservadores en votaciones clave.
Ambos partidos ratificaron varios acuerdos el jueves en Les Corts. Aprobaron el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, una normativa ómnibus permitirá retocar un buen número de leyes como la que prohibía construir hoteles a menos de 500 metros de la costa. PP y Vox pactaron el mismo día en el que se produjo la dana, con la alerta roja meteorológica y algunos ríos ya desbordados limitarlo a 200 metros y, finalmente, lo han aprobado esta semana.
Otra de las leyes modificadas es la bienestar animal, aprobada por el Botànic dos meses antes de las elecciones autonómicas del pasado año. Esta normativa, entre otras cuestiones, prohibía "los espectáculos circenses y otros espectáculos en itinerancia con animales". La enmienda pactada por PP y Vox permitirá ahora limitar esta prohibición a especies de fauna silvestre, por lo que sí podrá haber espectáculos de circo con animales no salvajes. A propósito de esta norma PP y Vox pactaron otras tres enmiendas, dos sobre servicios sociales y otra sobre acogimiento familiar.
A todo esto se le suma que, el día anterior, Vox evitó criticar la eliminación del límite salarial a los consellers o secretarios autonómicos, una medida que todo indica que estaría dirigida al vicepresidente Gan Pampols, como explicó infoLibre. El síndic de la formación ultra, José María Llanos, evitó valorar el contenido del decreto pese a que los de Santiago Abascal han hecho bandera de su oposición a las subidas de sueldo de diputados, senadores y miembros del Gobierno central. Los votos de la formación ultra son claves para su convalidación e incluso su tramitación como proyecto de ley, lo que permitiría mantener el grueso de las medidas. "No nos interesa, no se debate hoy", fue la escueta respuesta de Llanos.
Proteger a Mazón, culpar a Sánchez
En ese pleno del miércoles PP y Vox, en este caso con el apoyo de Compromís y el voto en contra del PSPV, aprobaron la propuesta de la formación ultra de crear una comisión de investigación sobre la dana. Aunque todas las formaciones habían registrado la suya, cada uno abordaba el suceso desde diferentes ángulos. La de Vox se centra en "la gestión realizada por parte de todas las administraciones, así como las consecuencias y las posibles actuaciones a realizar para la recuperación social y económica en el territorio afectado" y con un plazo máximo de un año desde su inicio para elaborar el consiguiente dictamen. La consigna de la formación de Abascal desde que ocurrió la dana es que el "gran culpable" de lo sucedido es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "negligencia criminal" mientras que Mazón únicamente le atribuyen "incompetencia" y en ningún momento han reclamado su dimisión.
La clave de la comisión valenciana es que abre la puerta a citar a Sánchez. La ventaja con la que cuentan PP y Vox es que tienen mayoría en Les Corts, por lo que podrían desechar los nombres propuestos por la izquierda —como el propio Mazón u otros consellers— para priorizar que acudan miembros del Ejecutivo central como el citado Sánchez, la exministra Teresa Ribera o la delegada del Gobierno Pilar Bernabé. El único nombre del Consell de Mazón sobre el que el partido ultra está situado la presión es el de Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias que se mantiene en el cargo pese al cese de Salomé Pradas.
Lo cierto es que ambos partidos ya evitaron hace diez días que la ahora ex consellera de Justicia compareciera en el Parlamento valenciano. Los dos partidos rechazaron la propuesta instigada por los grupos de la oposición para celebrar un pleno extraordinario en el que los cargos del Consell implicados en la gestión de las inundaciones dieran cuenta de sus actuaciones. Ambos se escudaron en la remodelación que está tenía previsto realizar Mazón y el futuro incierto de Pradas, que finalmente fue cesada por el president de la Generalitat.
En el Ayuntamiento de Alicante, donde PP gobierna con el apoyo de los ultraderechistas, el diagnóstico es el mismo que el esbozado por Mazón cuando compareció: la culpa es del Gobierno central. El pleno pidió formalmente la dimisión de Sánchez y evitó que se reprobase al president de la Generalitat. Además, Vox también salvó al alcalde de Alicante, Luis Barcala, señalado por el derrumbe parcial de la fachada del consistorio municipal. A quien sí decidió reprobar el pleno a propuesta de Vox fue al portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, por un incidente sucedido semanas antes en el que aseguró que la portavoz ultra, Carmen Robledillo, era "la viva imagen del mal".
Ruptura en Burgos, acuerdos en Aragón, Murcia, Baleares y Extremadura
Tras la ruptura del pasado mes de julio tras la decisión de las autonomías del PP de aceptar la reubicación de 347 menores migrantes, Abascal manifestó que estar fuera de los gobiernos regionales les permitiría recuperar "el discurso auténtico" y hacer "planteamientos totales" que no podían realizar al formar parte del gobierno. Sin embargo, la única cuestión en la que están confrontando claramente con los conservadores es sobre migración. Es lo que sucedió en Burgos después de que los cuatro concejales de Vox rechazaran los Presupuestos que incluían las ayudas a las ONG que trabajan en la ciudad. Aunque en un primer momento PP y Vox negociaron retirar las subvenciones destinadas a ONGs que ayudan a la integración de personas inmigrantes —salvo Cáritas, que rehusó aceptarlas si iban a ser excluyentes— la alcaldesa de Burgos, la conservadora Cristina Ayala, acabó reculando tras una multitudinaria manifestación en la ciudad, decidió expulsar a los cuatro concejales de Vox del equipo de Gobierno y someterse a una cuestión de confianza, que finalmente perdió.
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Sin embargo, el caso de Burgos es una excepción ya que PP y Vox están demostrando que es mucho mayor la coincidencia que la discrepancia. La sintonía es amplia en aspectos centrales como la fiscalidad, la gestión económica, los servicios públicos, la vivienda, la cultura, la natalidad, las relaciones laborales, el medio ambiente, la identidad nacional.... Por ese motivo los diferentes Ejecutivos autonómicos que necesitan los votos de los ultraderechistas —Castilla y León, Comunitat Valenciana, Murcia, Aragón, Extremadura y Baleares—están tratando de amarrar sus votos de cara a aprobar sus partidas presupuestarias.
En Aragón, por ejemplo, PP y Vox rechazaron el jueves la toma en consideración de la proposición de ley del grupo socialista para recuperar la anterior ley de memoria democrática. Tras el 28M los de Alberto Núñez Feijóo se comprometieron con los de Santiago Abascal a eliminar de un plumazo cualquier norma autonómica orientada a la reparación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y las más de tres décadas de dictadura. En el caso de Aragón, el borrado se llevó a cabo por el procedimiento de urgencia y el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional la derogación y actualmente está paralizada. En Baleares, donde la popular Marga Prohens gobierna —desde sus inicios— en solitario también suscribieron recientemente un acuerdo para la derogación de la Ley de Memoria Democrática autonómica y esta semana los conservadores aprobaron "por error" más de 30 enmiendas presentadas por la formación a la Ley autonómica de simplificación administrativa, el objetivo de agilizar los trámites urbanísticos y legalizar las viviendas construidas de forma irregular
En Murcia, la pasada semana ambas formaciones pactaron para impedir impedir la comparecencia de los expresidentes de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel, Alberto Garre, Pedro Antonio Sánchez, así como del jefe del Ejecutivo actual, Fernando López Miras en la comisión Especial de Investigación sobre el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. PP y Vox actuaron como si la ruptura estival no hubiera ocurrido y pactaron la presidencia del órgano iría para el portavoz adjunto de la formación ultra, Rubén Martínez Alpañez. En Extremadura este viernes Vox ha bloqueado junto con el PP las enmiendas a la totalidad que habían formulado el PSOE y Unidas por Extremadura para los presupuestos de la Junta para 2025 podrán seguir su tramitación parlamentaria.
El Partido Popular y Vox siguen actuando como una pareja pese a la ruptura del pasado verano. Un mes después de la dana que arrasó con la provincia de Valencia provocando más de doscientos muertos y cuantiosos destrozos en las localidades de l'Horta Sud valenciana, la formación ultraderechista no solo ha evitado situar el foco en la negligente gestión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, sino que está apoyando a los conservadores en votaciones clave.