La eliminación de las subvenciones a partidos, sindicatos y asociaciones “ideológicas”, promesa instalada en el programa electoral de Vox, ya se está cumpliendo a rajatabla allí donde la ultraderecha gobierna con el PP. Pero solo parcialmente: es decir, solo en lo que concierne a privar de fondos a ciertas asociaciones disidentes, como las que en la Comunidad Valenciana promueven el uso del catalán, y, sobre todo, a los sindicatos, cuya demolición financiera ya ha comenzado en Castilla y León.
Mientras, la formación ultraderechista continúa recibiendo dinero público. En total, al partido de Santiago Abascal –único del arco político que declara la pretensión de que cada fuerza política viva en exclusiva de lo que obtenga de manos privadas– se le han asignado 52,2 millones de euros de dinero público desde que en 2019 se produjo su salto a las instituciones.
La cifra incluye los 8,85 millones que, según la plataforma oficial de ayudas públicas, se le han concedido en lo que va de año tanto por subvenciones electorales como por las destinadas a sufragar el funcionamiento ordinario del partido. Esos 8,85 millones no figuran aún en ningún balance anual dado que el ejercicio no ha finalizado. Un experto en financiación política consultado por infoLibre advierte de que la mayor subvención del lote que suma 8,85 millones –8.074.684,52 euros, otorgados el 1 de febrero por el Ministerio del Interior para el funcionamiento ordinario de Vox este año– podría verse reducida una vez que el partido de Abascal ha perdido diputados y concejales en las elecciones de mayo y julio.
En espera de nuevos datos, este periódico tampoco ha contabilizado las subvenciones que, según la citada plataforma de ayudas públicas, ha logrado Vox en ayuntamientos y diputaciones a lo largo del cuatrienio. Según publicó El País, un edil de la formación ultra en Valencia presentó en mayo una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que sostiene que múltiples concejales recibieron instrucciones para financiar el partido con las asignaciones que reciben los grupos municipales.
"Es inconcebible renunciar"
La organización que lidera Santiago Abascal no se plantea ni por asomo renunciar al apoyo económico del Estado. Hacerlo –aseguraron este jueves sus portavoces a preguntas de infoLibre– “afectaría a nuestro deber de representación de los más de tres millones de españoles que nos han votado”. “Es inconcebible –añadió la fuente– renunciar a esas partidas mientras que otros partidos las reciban”.
La respuesta de Vox a las preguntas de este medio va más lejos: “Por supuesto que no renunciamos a las subvenciones que reciben los partidos, sindicatos y patronales, porque eso, renunciar a esas subvenciones, supondría librar la batalla política en una situación de absoluta desventaja –como ha dicho el presidente de Vox en alguna ocasión, ir a una batalla con las manos atadas– que nos dificultaría llevar nuestro mensaje a los españoles para poder, con su confianza, tener la representación suficiente para aplicar nuestro programa, entre otros puntos, acabar con las subvenciones a partidos políticos".
Según Vox, no hay “contradicción” alguna entre liquidar el soporte financiero a los dos sindicatos mayoritarios del país, cuya misión esencial consiste en ofrecer soporte a trabajadores, y simultáneamente beneficiarse de un sistema que, aun con agujeros en cuanto al control de gasto, garantiza la operatividad de los partidos con independencia del nivel económico de quienes anhelan su triunfo electoral. Los portavoces de Vox remarcan que “en Castilla y León (donde no gobernamos en solitario sino en coalición con el PP) hemos reducido el coste (o gasto) de partidos y grupos parlamentarios y hemos eliminado o reducido numerosas subvenciones”.
En su opinión, “lo curioso” es que los demás partidos no quieran menguar ese gasto. En 2022 y en aplicación de la normativa establecida en esa comunidad, el grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León (13 diputados) recibió para su funcionamiento 605.640 euros, adicionales a las retribuciones establecidas para los procuradores de cada grupo parlamentario: por ejemplo, 76.355,28 al año es lo que percibe al año el portavoz de un grupo más 1.800 euros mensuales como indemnización por gastos [pincha aquí].
Para 2023, y siempre según la web de las Cortes castellano-leonesas, la cuantía destinada al grupo de Vox en las Cortes regionales es la misma [pincha aquí para ver el documento oficial]. En su programa, Vox incluye en su propuesta 16 lo siguiente: "Suprimiremos todos los organismos ideológicos y subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otros entes políticos. No habrá igualdad real entre españoles mientras una casta privilegiada viva del esfuerzo del español de a pie".
Prohibición de una entrega de fondos para asesoría laboral
Tras colocar en Castilla y León al borde del precipicio a CCOO y UGT –que también ha presentado un ERE– y forzar el despido de parte de sus plantillas, el bloque de derechas PP-Vox acaba de dar un nuevo paso: el Ayuntamiento de Burgos (175.000 habitantes) ha prohibido este jueves la entrega de 20.000 euros a cada uno de los dos sindicatos para la creación de una asesoría laboral especializada en apoyo a inmigrantes.
El programa de asesoramiento a inmigrantes es uno de los que, junto con las subvenciones a CCOO y UGT, ha dejado caer a escala autonómica el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco (PP) y cuyo consejero de Empleo, Mariano Veganzones (Vox), llama “comegambas” a los sindicatos.
Las contradicciones lastran los "pactos de Estado" del PP y evidencian su dependencia de Vox
CCOO, que en mayo formuló una querella contra Veganzones por injurias y calumnias, mantiene seis demandas contra la Junta de Castilla y León por eliminar programas de apoyo laboral, el intento de supresión del servicio de relaciones laborales y el menoscabo a la representación institucional del sindicato, así como por la eliminación del asesoramiento a inmigrantes y de la prevención de riesgos laborales. Nino Fernández, responsable de diálogo social y política institucional de CCOO en Castilla y León, resume así su posición: "No percibir fondos para iniciativas que llevaban décadas en funcionamiento con buenos resultados ha dejado a gente en la calle y se ha cargado 26 programas dirigidos a colectivos muy diversos y vulnerables, como inmigrantes o autónomos. Las seis demandas [en lo contencioso] son las referidas a decisiones que creemos que incumplen la ley".
Tanto CCOO como UGT han acudido también a la Fiscalía. Y lo han hecho a raíz de una oferta de subvención pública cuya convocatoria y carácter –"excepcional"– ambas organizaciones consideran ilegal: "No aceptamos el dinero, casi medio millón para cada sindicato, porque hacerlo podría habernos hecho corresponsables de una prevaricación que pedimos a la Fiscalía que se investigue por cuanto lo que hace Trabajo es una convocatoria 'excepcional', como si cayera una granizada y hubiera que reaccionar contra daños inesperados, pese a que la legislación es muy clara sobre el trato a quienes, como CCOO y UGT, están presentes en 500 órganos en los que la ley nos obliga a estar". La patronal –asegura Sánchez, pero infoLibre no ha podido corroborarlo– sí ha aceptado una subvención de un millón otorgada en las mismas condiciones. El PP –remata el dirigente sindical– "está dejando actuar a Vox".
Este diario solo ha recopilado las subvenciones públicas a Vox alojadas en la plataforma estatal de ayudas públicas y no las de los restantes partidos porque la formación de extrema derecha es la única que propone derogar un sistema de financiación creado tras la dictadura franquista como herramienta en pro de la igualdad de derechos políticos.
La eliminación de las subvenciones a partidos, sindicatos y asociaciones “ideológicas”, promesa instalada en el programa electoral de Vox, ya se está cumpliendo a rajatabla allí donde la ultraderecha gobierna con el PP. Pero solo parcialmente: es decir, solo en lo que concierne a privar de fondos a ciertas asociaciones disidentes, como las que en la Comunidad Valenciana promueven el uso del catalán, y, sobre todo, a los sindicatos, cuya demolición financiera ya ha comenzado en Castilla y León.