Las contradicciones lastran los "pactos de Estado" del PP y evidencian su dependencia de Vox

El contenido del acuerdo ofrecido por Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez presenta problemas de compatibilidad tanto con la política real del PP como con sus pactos con Vox. Además, elude cuestiones sobre las que los dos partidos de la derecha comparten diagnóstico y hoja de ruta en las autonomías. El resultado es que las contradicciones y las omisiones –que el PP puede justificar por la falta de detalle de un texto de trazo general– se acumulan.

Se propone al PSOE un pacto del agua pero con la ley de Doñana en tramitación y con el PP y Vox instalados en la promesa de agua sin límite para regadío; se le propone también un pacto de regeneración pero con el bloqueo al CGPJ por parte del PP camino ya de los cinco años.

Los "pactos de Estado" propuestos tienen una supuesta vocación transversal, pero el texto evidencia la necesidad del PP de molestar lo menos posible a su principal, casi su único socio, Vox, partido de la familia de la extrema derecha.

Lo que no está no puede molestar a Vox

La difícil compatibilidad de un acuerdo PP-PSOE con lo ya pactado por el PP con Vox se hace evidente no sólo en lo que está en la propuesta de Feijóo, sino también en lo que no está en las "materias claves para el futuro de España". El texto es lo suficientemente vago para evitar temas que sí tienen gran protagonismo en los pactos de la derecha, mucho más concretos. El líder del PP, que ha elegido un enfoque genérico centrado en lo institucional, reduce así el riesgo de incomodar a Vox en temas sobre los que tienen acuerdos aparte.

– Inmigración y seguridad. Son asuntos que con gran intención política la derecha aborda juntos. Y no están en la propuesta para Sánchez. El resultado es una paradoja, dado que las competencias son fundamentalmente estatales.

– Agricultura, ganadería y campo. Otra área sensible y mimada al máximo en los acuerdos de la derecha, que Feijóo no menciona.

– Vivienda. Inédita en el pacto ofrecido por Feijóo, es en cambio tratada en extenso por PP y Vox a nivel autonómico. Tratada, eso sí, como un problema de propiedad, con la "okupación" y las "políticas intervencionistas" como enemigos a combatir.

– Impuestos. Ni asomo en el acuerdo ofrecido a Sánchez, omnipresentes en los pactos con Vox, llenos de rebajas para las "familias" y "empresas".

– Natalidad. Fetiche de los pactos PP-Vox, no está en cambio en la oferta al PSOE.

La desigualdad social y económica y la diversidad sexual tampoco aparecen en el pacto de pactos de Feijóo. Apenas lo hace el cambio climático, que sólo se menciona como justificación del "Pacto Nacional del Agua". No hay nada referido a cómo combatirlo, ni se aborda la transición energética. Se trata de asuntos sobre los que la derecha ha alcanzado ya acuerdos antagónicos a las posiciones del PSOE. Por ejemplo, en la cuestión medioambiental –muy próxima a la agroganadera–, PP y Vox tratan la normativa verde como un obstáculo a retirar. Tres ejemplos. Castilla y León: rebaja de los controles de la tuberculosis bovina. Extremadura: fin de las "barreras ambientales" que "impiden el desarrollo". Baleares: acuerdo para "proteger" a los "agricultores, ganaderos y pescadores" frente a las leyes UE. El margen que le queda al PP para ofrecer pactos con contenido real al PSOE es escaso.

Constitucionalismo de la mano del antiautonomismo

Con todas estas omisiones, el líder del PP se ahorra lo que en estos temas queden expuestas las contradicciones propias de querer pactar al mismo tiempo con la ultraderecha y el PSOE. Eso sí, las contradicciones son inocultables en los puntos que sí recoge el documento.

La primera fricción está en la propia premisa de los "Pactos de Estado": Feijóo invoca el respeto y la defensa de la Constitución como fundamento del texto, mientras su socio en la derecha no oculta su deseo de terminar con el Estado de las autonomías, básico en la arquitectura institucional salida del texto del 78. Mientras PP y Vox comparten proyecto en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Baleares, Feijóo ofrece a Sánchez un "Pacto Territorial" para "fortalecer la España de las Autonomías".

"Regeneración democrática" y "prestigio" institucional con el CGPJ bloqueado

El documento de Feijóo propone un "Pacto de Regeneración Democrática" que incluya "una nueva legislación" para asegurar la "total independencia" del órgano de gobierno de los jueces. No hay mención al bloqueo por parte de su partido al Consejo General del Poder Judicial, del que el propio presidente del PP ha sido protagonista, renovando las exigencias al PSOE para cumplir con el mandato constitucional y saliéndose –en alguna ocasión, in extremis– de las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

Además del "prestigio" de las instituciones, Feijóo propone a Sánchez un pacto para garantizar su "neutralidad". Lo cierto es que en tres comunidades PP y Vox ya han pactado medidas ideológicamente discriminatorias para ser ejercidas desde las instituciones. En Andalucía acordaron una limitación a las ayudas a las asociaciones memorialistas, a las que se impusieron requisitos extra. Tras las últimas autonómicas PP y Vox han pactado en la Comunidad Valenciana no dar ayudas a "asociaciones que promuevan los països catalans", y en Baleares han excluido a las que "colaboren con las mafias" de la inmigración. En la práctica, PP y Vox ya han demostrado su disposición a utilizar el poder para satisfacer a grupos afines. En Andalucía una ayuda aprobada por PP y Vox ha servido para encargar el asesoramiento a embarazadas a grupos antiabortistas.

Un acuerdo hídrico con ley de Doñana y regadío sin fin

"Pacto Nacional del Agua, para alcanzar una propuesta que garantice el acceso a este recurso básico, en el momento actual y ante el previsible agravamiento derivado del cambio climático", propone, con redacción confusa, Feijóo en su documento. Se entiende que el "agravamiento" es de la sequía, pero esta no se menciona.

Mientras tanto, el PP mantiene –junto a Vox y contra un abrumador consenso científico– su ley para amnistiar regadíos en Doñana, casus belli para el PSOE. Pero no sólo por la joya natural andaluza el pacto PP-PSOE sobre agua se presenta más que difícil. En sus acuerdos con Vox –Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón–, el PP amplía superficie y recursos para regadío sin distinguir entre tipos de explotación ni detallar el modo de lograrlo, todo ello ignorando las alertas sobre la insostenibilidad del modelo agrícola.

Más Estado del bienestar, con bajada masiva de impuestos

Fue el andaluz Juan Manuel Moreno quien acuñó la expresión "bajada masiva de impuestos" para definir su política fiscal. Incluso le fue asignado un acrónimo: BMI. Sin usar el mismo sintagma, los nuevos presidentes del PP aupados por Vox siguen su senda, que es también la Isabel Díaz Ayuso.

Los pactos firmados tras el 28M prevén la laminación de Sucesiones-Donaciones y Patrimonio. Baleares y Extremadura reducen también Transmisiones Patrimoniales. Todos prometen rebajas del IRPF. Andalucía da la pista sobre cuál será la línea: la reforma aprobada la legislatura pasada con el apoyo de Vox beneficiaba más que a ningún otro grupo a los que ganaban más de 120.000 euros.

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Estas rebajas están acordadas a nivel autonómico mientras, en su propuesta al PSOE, Feijóo promete un "Pacto por el Estado de [sic] Bienestar", que "garantice la viabilidad del Sistema Nacional de Salud" y la "calidad del sistema educativo", todo ello mientras se trabajará por un "Pacto por el Saneamiento Económico".

¿"Solvencia de los más vulnerables"?

El texto de Feijóo evita mencionar la "desigualdad" referida a lo social, así como la "precariedad", pero sí contiene una referencia a las medidas para garantizar la "solvencia de los más vulnerables" y "un camino más próspero para los jóvenes que hoy encuentran más dificultades que las que tuvieron sus padres".

Se trata de planteamientos genéricos, pero se antojan difíciles de plasmar en políticas junto al PSOE mientras el PP bloquea la Ley de Vivienda, deroga los "apartados lesivos" de la Ley de Sostenibilidad de Baleares –que prevé la instalación de camas elevables en los hoteles para proteger la salud de las kellys, medida que para la presidenta, Marga Prohens, es una "tontería"– y en las comunidades desarrolla su amplio programa de fiscalidad a beneficio de los propietarios.