Miércoles, 10 de diciembre de 2014. Pasan unos minutos de las once de la mañana. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, toma la palabra desde la tribuna de oradores del Congreso. Lo hace para responder a una interpelación sobre la supuesta existencia de una unidad secreta dentro de la Policía que investiga a políticos independentistas. Obviamente, lo niega. Lo único que hay, viene a decir, es una oferta para cubrir una vacante dentro del Cuerpo. Y el resto, completa, solo son teorías conspirativas. "Estamos aquí para hablar de cosas serias. Otra cosa es que ustedes estén en la obsesión en la que están y vean persecuciones incluso en sueños, pero eso es más propio del siquiatra que del ministro del Interior", afirma entre aplausos de su bancada.
Pero nada de fantasía había alrededor de aquellas primeras informaciones que deslizaban la existencia de una guerra sucia impulsada desde el Gobierno de Mariano Rajoy. Una década después de aquellas palabras, ha ido acreditándose poco a poco el uso que durante años se hizo de efectivos policiales para buscar trapos sucios de adversarios, atacar al independentismo catalán o minimizar posibles daños que pudiera sufrir el partido de gobierno –el PP– en causas sobre corrupción que le afectaban. Un Watergate, sin embargo, de consecuencias judiciales limitadas. Los tribunales, por el momento, han acotado el alcance del escándalo a la cúpula de Interior. Y han rechazado cualquier intento de llegar hasta el fondo de la llamada Operación Cataluña.
De las múltiples aristas alrededor del espionaje de la etapa de Mariano Rajoy, solo una de ellas ha merecido la atención de la justicia. Es la llamada operación Kitchen. Se centra, en concreto, en el espionaje parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas para hacerse con información comprometedora para la formación conservadora. Unas maniobras financiadas con cargo a los fondos reservados en medio de un descontrol absoluto. "Se desprenden disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales", recogía el auto que puso fin a la instrucción.
Esta pieza, enmarcada dentro de la llamada operación Tándem, es la que hasta ahora ha determinado judicialmente el alcance de la guerra sucia del último Ejecutivo conservador y de las responsabilidades alrededor de la misma. El instructor del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ha circunscrito la operación exclusivamente a la cúpula de Interior. Es en ese ministerio donde ha situado la X del espionaje. De ahí que los acusados en el marco de esta trama sean el exministro Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y más de media docena de altos mandos policiales, entre los que se encuentran el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino o el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Los límites de 'Kitchen'
Cualquier intento de apuntar un poco más alto en el organigrama o de indagar más allá de esa cartera ha sido rechazado por el instructor. Así, aunque Villarejo aseguró que se intercambió mensajes con Rajoy sobre los avances de la operación ilegal, el expresidente nunca fue investigado en la causa. "Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro", señaló en su auto de cierre de instrucción García-Castellón, al tiempo que afirmaba que el hecho de que el número de teléfono citado por el comisario jubilado "hubiera sido propiedad" de un partido político "no aporta nada relevante, pues no es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas".
Fuera de la causa, con el aval de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se ha dejado también a quien fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Pese a las reuniones mantenidas con el comisario, el juez consideró que atribuir a la misma una participación intelectual en la trama no es más que el "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno". Poco importaron aquellos audios en los que se escuchaba a Cospedal hablar de "parar" el asunto de la "libretita" de Bárcenas. Los intentos de acusaciones y Fiscalía Anticorrupción por reabrir la causa han sido en vano. Un Ministerio Público que ha llegado a acusar al García-Castellón de imponer una suerte de "cordón o inaceptable línea roja" en la investigación.
El nombre de Mariano Rajoy ha vuelto a saltar esta semana a la palestra. En esta ocasión, a raíz de una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia sobre la guerra sucia del Ejecutivo conservador contra el independentismo catalán durante casi un lustro. Ambos medios han comenzado a desvelar algunas de las "notas informativas" que distintos equipos policiales remitían a los responsables políticos sobre los avances de las investigaciones que llevaban a cabo sin control judicial. Algunos de esos informes apócrifos se remitían al despacho de Fernández Díaz. Otros, siempre según los artículos publicados, se habrían reenviado en sobre cerrado al mismísimo presidente del Gobierno. ¿Cómo? A través de algunos de sus escoltas.
La llamada Operación Cataluña arrancó en los últimos compases de 2012. La primera nota informativa a la que se hace mención data de mediados de octubre, un mes después de la histórica Diada. La misma, atribuía falsamente a Artur Mas una cuenta en un paraíso fiscal, detalles que fueron convenientemente filtrados y publicados por el diario El Mundo. Una maniobra similar a la que se siguió contra el exalcalde de Barcelona Xavier Trias. Las notas también apuntan que tanto el fiscal jefe de Cataluña en 2012, Martín Rodríguez Sol, como la empresaria Sol Daurella habrían estado entre los objetivos a investigar por parte de esta brigada político-policial. Y ello a pesar de que la información que tenía venía de Internet y no estaba contrastada.
Una investigación que nunca ha prosperado
La llamada Operación Cataluña nunca ha sido objeto de una investigación en profundidad a nivel judicial. No llegaron a ningún lado ni las denuncias de Trias por la publicación de su falsa cuenta en un banco suizo ni tampoco la investigación sobre la filtración policial al diario La Razón de las fotografías de DNI de los jueces que en febrero de 2014 habían firmado un manifiesto a favor del derecho a decidir. También fracasó hace un par de meses la querella del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell contra el excomisario Villarejo y otros dos agentes de la Policía Nacional, a quienes acusaba de haber desplegado una actividad tendente a la manipulación y creación de pruebas falsas contra él. Rosell pasó varios meses en prisión preventiva. Finalmente, salió absuelto.
En su declaración ante el juez, Villarejo aseguró que el expresidente del FC Barcelona "fue obviamente un objetivo", aunque dijo que él había advertido de que el empresario "no tenía nada que ver con el independentismo". El Juzgado de Instrucción nº13 de Madrid, sin embargo, ha decidido dar carpetazo al asunto al entender que la imputación de delitos se realiza "bajo el manto de una serie de apreciaciones subjetivas" basadas en informaciones periodísticas. "No cabe duda de que una persona absuelta estuvo en situación provisional durante dos años, pero cuestión distinta es que se constate la existencia de una organización criminal compuesta por los aquí querellados y en relación a la causa que provocó dicha prisión, no pudiendo pretender que al socaire de esta querella se inicie una investigación", señaló el juez en su auto de archivo.
No era la primera vez que Rosell acudía a los tribunales. Ya lo había intentado en la Audiencia Nacional. Pero García-Castellón le cortó el pasó inadmitiendo su querella y rechazando la petición del empresario de personarse en Tándem, la macrocausa que gira alrededor de Villarejo. Unos meses antes, el magistrado había rechazado también la personación como perjudicado en el procedimiento de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresident catalán. "No aparece como investigado [por Villarejo] por cuenta de clientes privados y a cambio de un precio en la ejecución de ninguno de los proyectos de investigación/inteligencia, en los que se utiliza información obtenida en el ámbito policial (obrante en registros de acceso restringido), o se emplean técnicas de investigación restrictivas de derechos de terceras personas", sostenía el magistrado.
García-Castellón también hacía mención en su auto a las llamadas "notas informativas" elaboradas por el comisario jubilado y en las que "se advierte la obtención de información" en relación a la familia Pujol. Ahora bien, señalaba que las mismas recogen su actividad de "captación de información de interés policial" en relación a "posibles casos de corrupción". Como mucho, apuntaba que cuatro de esos documentos sí que podían ser considerados como "evidencia de la comisión de hechos delictivos". Sin embargo, completaba, los mismos se habrían cometido en Andorra y, por tanto, deberían ser investigados allí.
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Las pesquisas en el principado arrancaron hace casi siete años a raíz de una denuncia del banquero Higini Cierco, exdirector de la Banca Privada de Andorra (BPA). Él fue a quien, según su propio testimonio, el inspector de Policía Celestino Barroso trasladó la conveniencia de charlar con "algunas personas de Madrid" para el "tema del banco". En concreto, el mensaje que habrían dado a los financieros era que o hacían lo que se les pedía o el Banco de España se cargaría Banco Madrid, filial de BPA. ¿Y qué querían? Información sobre dirigentes independentistas, como Mas, Oriol Junqueras o Pujol. Poco tiempo después de aquellos encuentros, El Mundo publicó en portada movimientos de los Pujol en la Banca Privada de Andorra.
A pesar de encuentros y conversaciones, las amenazas terminaron por cumplirse. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció su decisión de considerar a BPA como “institución financiera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”, lo que impidió al grupo operar en dólares. En paralelo, el Banco de España recibió un informe del Sepblac con “presuntos incumplimientos de la normativa española de prevención de blanqueo de capitales” en relación con Banco Madrid. Al final, el Institut Nacional Andorrá de Finances (INAF) aprobó la intervención cautelar del BPA y el regulador español, la de Banco Madrid. Con el paso del tiempo, todos los gestores de esta última entidad fueron exculpados de las acusaciones de blanqueo.
Esta es la única causa viva vinculada, de alguna u otra manera, a la Operación Cataluña. Un procedimiento en el que la jueza ha llegado a llamar como investigados al propio Mariano Rajoy, a Fernández Díaz, al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y a varios miembros de la cúpula policial. Por el momento, las partes personadas en el procedimiento se encuentran a la espera de que la jueza se pronuncie sobre la ampliación de la querella inicial solicitada por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra y el colectivo Drets.
Miércoles, 10 de diciembre de 2014. Pasan unos minutos de las once de la mañana. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, toma la palabra desde la tribuna de oradores del Congreso. Lo hace para responder a una interpelación sobre la supuesta existencia de una unidad secreta dentro de la Policía que investiga a políticos independentistas. Obviamente, lo niega. Lo único que hay, viene a decir, es una oferta para cubrir una vacante dentro del Cuerpo. Y el resto, completa, solo son teorías conspirativas. "Estamos aquí para hablar de cosas serias. Otra cosa es que ustedes estén en la obsesión en la que están y vean persecuciones incluso en sueños, pero eso es más propio del siquiatra que del ministro del Interior", afirma entre aplausos de su bancada.