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Luis Bárcenas y su guerra abierta contra el expresidente Mariano Rajoy y lo que él llama "el PP antiguo" inaugurará las comparecencias de la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen. Con la precampaña y, posteriormente, campaña electoral madrileña como telón de fondo político, este órgano parlamentario tratará de ahondar, con sesiones previstas hasta junio, en el operativo policial sin autorización judicial que se puso en marcha en 2013 para robar documentación que el extesorero se había llevado del PP cuando fue despedido y que podía comprometer tanto al partido como a algunos de sus dirigentes.
Los trabajos comienzan este miércoles con la víctima de la trama, Luis Bárcenas, quien la semana pasada ya ofreció un adelanto de lo que será su intervención en la Cámara Baja al señalar directamente a Rajoy y a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como centro de sus acusaciones sobre quiénes estaban más interesados en poner en marcha el operativo parapolicial. La incógnita que está aún por despejar es si en las sesiones parlamentarias se podrá intuir quién es la X de la KitchenKitchen, teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional, que lleva investigando este caso desde hace más de dos años, aún no ha logrado aclararlo.
En el juicio que se celebra estos días por la caja B del PP, el extesorero insistió en que "el PP antiguo, no el actual de Pablo Casado, el antiguo, las personas y dirigentes del PP bajo el mandato de Mariano Rajoy, organizaron una operación parapolicial" para robarle documentos y audios que acreditarían la existencia de la "contabilidad extracontable", como él la llama, y habló de dos grabaciones sustraídas en las que se oirían conversaciones que mantuvo tanto con Rajoy como con el ex secretario general Javier Arenas, que probarían que ambos tenían conocimiento de esa caja B. "Si se ha destruido o no, no lo puedo afirmar", remarcó.
Según el relato de Bárcenas, primero habló con Arenas, a quien comentó que le quedaba "un saldo en la caja B" y que "dadas las circunstancias" entendía que ya no se iba a utilizar. El ex secretario general del partido le instó a "desentenderse de eso" y a entregarle ese "sobre" al entonces presidente del PP porque "él sabe lo que tiene que hacer". Siempre según el relato del extesorero, subió al despacho de Rajoy para entregarle esa cantidad y mostrarle las dos últimas hojas de la contabilidad opaca y el entonces jefe del Ejecutivo le espetó: "Pero Luis, ¿cómo podéis llevar esto?". El extesorero le explicó, según su narración, que "era una indicación de Álvaro Lapuerta y que era una garantía" para ellos, "por si alguna vez se ponía en duda una aportación de algún empresario, que nadie pudiera decir que había habido una apropiación indebida por parte de alguien". Ahí, dijo Bárcenas, terminó la conversación, pues Rajoy cogió los papeles, se "giró" y los "destruyó" en una máquina.
"Organizan una operación para sustraerme los documentosque servirían para respaldar el conocimiento de Rajoy de una contabilidad paralela extracontable", afirmó el extesorero del partido conservador.
Su otro gran objetivo: María Dolores de Cospedal. No es un secreto el enfrentamiento que ambos mantuvieron en el pasado en los tribunales. La semana pasada, Bárcenas también se ocupó de citarla en varias ocasiones durante el juicio, insistiendo en que también cobró sobresueldos en negro, pero también apuntando hacia ella al afirmar que el comisario Andrés Gómez Gordo, uno de los policías imputados en Kitchen y asesor de la ex secretaria general en el gobierno de Castilla-La Mancha, fue el que "se llevó" los audios que implicarían a Rajoy y "debería aportarlos".
La comisión de investigación del Congreso sobre Kitchen ha preparado una treintena de comparecencias que incluyen, después de Bárcenas, a mandos policiales imputados en esta pieza 7 del caso Villarejo, pero también otros nombres que aparecen en el sumario de la causa que habrían tenido conocimiento de la operación, como el exjefe de la UDEF José Luis Olivera o el abogado Javier Iglesias, ambos grabados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. También se citará al ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del caso Gürtel, Manuel Morocho, quien explicó ante el juez Manuel García Castellón cómo el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino le apartó de esa causa en 2015.
Dos políticos imputados
Después, será el turno de los políticos. Aparte de Rajoy y Cospedal, que serán los últimos, también están en la lista de comparecientes el marido de ésta, Ignacio López del Hierro, por la relación con Villarejo; la antigua cúpula de Interior con Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez; el sucesor de éste último, José Antonio Nieto; y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó. De todos estos, sólo Fernández Díaz y Martínez están imputados por la operación Kitchen, al estar al frente del departamento que gestionaba los fondos reservados de la Policía. Ninguno de los dos ha apuntado hacia sus superiores en sus declaraciones ante el juez y mientras que el primero asegura que desconocía por completo este operativo, el segundo defiende que creía que era legal y que estaba en conocimiento del juzgado que investigaba el caso Gürtel.
Sin embargo, este órgano parlamentario, que prevé alargar sus sesiones hasta junio –sin perjuicio de que pueda haber más ampliaciones de plazos–, comienza lastrada por la falta de documentación del sumario de la causa que aún se investiga en la Audiencia Nacional y con limitaciones que podrían alegar los comparecientes para hablar sobre el uso de los fondos reservados, que es una de las claves puesto que la trama se financió con este dinero público.
Para realizar los trabajos con toda la información disponible y que los diputados puedan hacer las preguntas pertinentes a los comparecientes, la comisión de investigación, que preside la socialista Isaura Leal, solicitó tanto al juez instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, como a la Fiscalía Anticorrupción documentación muy concreta del sumario de la causa. Según han informado fuentes parlamentarias, la petición se cursó a través del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado, respectivamente. En el caso del Ministerio Público, no rechazaron hacer entrega de lo solicitado, si bien aclaraban que se trataba de copias, no de los documentos originales –los cuales están a buen recaudo en la Audiencia Nacional–, por lo que no podían asegurar que fueran "íntegras y completas". En lo que respecta al magistrado, éste contestó a la comisión que no remitirá la documentación debido a que "se encuentra en fase de instrucción y por tanto tiene un carácter reservado".
Los papeles que requirió la Mesa de la comisión abarcaban desde información relativa al comisario jubilado José Manuel Villarejo y sus agendas incorporadas a la causa, hasta las grabaciones efectuadas por el expolicía a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, así como la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017 en la que comentaron que Rajoy había sido grabado admitiendo conocer la financiación irregular del partido y los sobresueldos en negro. También solicitó tener acceso a los archivos del teléfono móvil del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil del exministro Jorge Fernández Díaz y que hacían mención al operativo. Sumaba a esto todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas fichado como confidente, a la escala básica de la Policía.
Pues bien, el instructor respondió con un breve escrito, consultado por infoLibre, en el que recordaba que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral", y que hay "límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario". Por eso, incidía en que no remitía lo requerido por la Mesa de la comisión de investigación escudándose en "la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas".
El otro hándicap de este órgano parlamentario es que muchos de los comparecientes son cargos policiales imputados en la Audiencia Nacional y todo aquel que esté investigado está exento de contestar a las preguntas de los diputados para no incriminarse. Además, las diligencias de la pieza 7 del caso Villarejo versan sobre la utilización de dinero público, al menos 53.000 euros provenientes de los fondos reservados, para financiar un operativo policial sin autorización judicial y con el objeto de destruir pruebas de la caja B del PP, un asunto sobre el que el Consejo de Ministros ya tuvo que dar autorización a los imputados para hablar de ello ante el juez.
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Los fondos reservados
Sobre esto mismo envió un escrito a la Mesa de la comisión el comisario jubilado Enrique García Castaño, alias El GordoEl Gordo, uno de los policías investigados y quien se habría hecho con dos dispositivos electrónicos de Bárcenas. Dos agentes han declarado en la Audiencia Nacional que fue el chófer del extesorero quien les facilitó los dispositivos en octubre de 2013 y que los clonaron sin ningún tipo de orden judicial y sin dejar registro de nada, todo por indicación de García Castaño, que entonces era su superior.
Según adelantó ABC y han confirmado fuentes parlamentarias, el comisario remitió un escrito en el que recuerda que no tiene autorización del Consejo de Ministros para revelar secretos oficiales a este órgano del Congreso, sino sólo a la Audiencia Nacional, lo que supone un obstáculo para que explique el uso de los fondos reservados en general, y en el caso de Kitchen en particular. Otros mandos policiales podrían alegar también este impedimento para declarar sobre la gestión de los fondos.
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