GALICIA

La Xunta da luz verde a la macrocelulosa de Altri tras meses de intensas y masivas protestas ciudadanas

Fragmento de la declaración de impacto ambiental de la Xunta para Altri, sobre una recreación de la factoría divulgada por la empresa.

Altri sí. La Consellería de Medio Ambiente acaba de dar luz verde a la declaración de impacto ambiental formulada por Greenfiber, la empresa integrada por la empresa portuguesa y la gallega Greenalia, para instalar su fábrica en Palas de Rei (Lugo). Lo hace de forma condicionada, es decir, la considera “ambientalmente viable”, pero a continuación añade una serie de requisitos adicionales al proyecto formulado por la empresa y vinculándolo al cumplimiento de un “programa de vigilancia ambiental”.

El Diario Oficial de Galicia de este 14 de marzo hace oficial una aprobación emitida el día 5 por la directora general de Calidade Ambiental e Sostenibilidade de la Xunta, María José Echevarría, y el subdirector general de Evaluación Ambiental, Alejandro Carrera. Lo hace aprobando el proyecto y añadiendo una serie de “condiciones generales” y otras específicas remitidas por los departamentos de Emerxencias, Turismo, Cambio Climático, Saúde Pública, Territorio, Patrimonio Cultural, Aguas y Patrimonio Natural.

El documento resume las características básicas de la instalación diseñada por Altri y Greenalia tras ser seleccionada por Impulsa Galicia, la iniciativa de colaboración público-privada impulsada por la Xunta y Abanca. Se trata de una planta industrial que ocupará unas 112 hectáreas en Palas y contará con una chimenea de 75 metros de altura. La “infraestructura auxiliar” de captación y vertido de agua, líneas eléctricas y accesos afecta también a los municipios vecinos de Santiso, Melide y Agolada. Su capacidad de producción anual se estima en 400.000 toneladas de celulosa procedente de madera de eucalipto y 200.000 de fibra textil lyocell derivada de ese producto.

En referencia a las “condiciones generales”, el departamento que dirige Ángeles Vázquez estipula aspectos como “cumplir la normativa vigente” en materia de ruido o “reducir las emisiones de polvo” durante las obras de la fábrica que, evidencia, también deben cumplir la normativa en materia de protección de aguas y cauces. La empresa, señala, "no podrá ocupar terrenos fuera de los previstos" para la obra y "con carácter general, en el desarrollo del proyecto" tendrá que "garantizar" que "no se afecten componentes del medio natural que gozan de un régimen de especial protección".

En las "condiciones específicas" el Gobierno gallego indica las "medidas adicionales" que los diferentes organismos que debían emitir informe sobre el proyecto "consideran necesarias para garantizar la protección del medio ambiente". Por ejemplo, las dictadas por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, según las cuales "todas las instalaciones de la fábrica", excepto las conducciones de captación y descarga de agua y su línea eléctrica, "deberán estar situadas a más de 50 metros" del límite de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Serra do Careón.

Este departamento evidencia además que la fábrica está diseñada en un entorno con “tres especies de flora catalogadas” (Armeria merinoi, Leucanthemum gallaecicum y Santolina melidensi). Por ello señala como “prioritaria” su conservación, fijando densidades mínimas para cada planta. 

Recordatorios generales sobre el cumplimiento de la normativa vigente en materias como la salud pública conviven en esta declaración de impacto ambiental con otros relativos a algunas de las implicaciones más controvertidas del proyecto más allá de su estricto impacto sobre la naturaleza, como las culturales y turísticas. En este ámbito, el Gobierno gallego señala que es necesario "minimizar el impacto del proyecto sobre los valores turísticos de la zona" con actuaciones como "evitar la coincidencia de las obras de instalación con importantes fiestas y actividades socioculturales" o impedir durante las obras "el paso de vehículos y maquinaria cerca de los puntos de interés turístico identificados".

En referencia al patrimonio cultural, la Xunta admite que los accesos a la planta "afectan a la zona de amortiguamiento del Camino de Santiago" y, por tanto, deberán recibir en su momento la aprobación de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Además, pide que Altri proponga una manera de preservar un petroglifo en la zona, ubicar las tuberías de agua "preferentemente" lejos de una mámoa o que la planta reciba un "tratamiento de colores, texturas y acabados que minimicen la percepción de los elementos instalados y construidos a distancia".

Con estas recomendaciones, la Consellería estipula un “programa de vigilancia y seguimiento” que consiste en lo ya propuesto por la empresa, pero incorporando “controles y estudios” sobre las variables ahora dictadas. También habría controles sobre "emisiones a la atmósfera, calidad del aire, olores, ruido, producción de residuos, vertidos, calidad del medio receptor, suelos y aguas subterráneas", que "se establecerán" cuando la fábrica reciba la autorización ambiental integrada, un documento diferente a la declaración que recibe ahora.

Declaración de impacto ambiental ditada pola Xunta para Altri

Esta declaración de impacto ambiental tiene una vigencia de seis años, tras los cuales expiraría si la empresa no pusiera en marcha su proyecto. Además de obtener todos los permisos, la compañía ha condicionado la construcción y apertura de la fábrica a la obtención de ayudas públicas por valor de unos 250 millones de euros.

Un proyecto polémico

Esta primera luz verde medioambiental de la Xunta llega después de meses de intensas y masivas protestas contra Altri por parte del movimiento concentrado en torno a la plataforma Ulloa Viva. Este colectivo, que agrupa a organizaciones ecologistas, vecinales, empresas, partidos políticos y vecinos a título particular, viene alertando de los daños sociales y económicos que provoca Altri no sólo en Palas y su entorno, sino también en la ría de Arousa por el impacto de la fábrica en el río Ulla. 

En este último sentido, la declaración de impacto ambiental indica que la propia Dirección Xeral de Pesca de la Xunta concluyó que "no parecen previsibles impactos sobre el sector pesquero y marisquero". Lo afirma porque “las instalaciones y establecimientos de producción acuícola están situados a más de 70 kilómetros en línea recta” de la planta de celulosa. Así, se limita a indicar que “si deben evaluarse los posibles riesgos en caso de incidentes” e informarse favorablemente, además de destacar que Greenfiber debe “cumplir con la normativa sectorial que sea de aplicación en cada momento”.

Por otra parte, Ulloa Viva, plataforma que aglutina y lidera la oposición a la planta, anunció la convocatoria de concentraciones en las plazas de las localidades de la cuenca del Ulloa para este domingo a las 12 del mediodía . "¡Gritar alto y claro: Altri no!", dice el grupo, que advierte que "ejercerá todas las medidas administrativas y judiciales contra las resoluciones que autoricen el proyecto Altri". 

Además, el colectivo A Ulla Viva —que reúne a los vecinos movilizados de los ayuntamiento de Vedra, Boqueixón, A Estrada y Teo, por los que transcurre el río Ulla— hacen un llamamiento a toda la población de estos municipios para acudir a una concentración, también el domingo a las 12 horas, en el puente de Pontevea. "No vamos a tolerar que el gobierno del PP en la Xunta nos siga pisoteando con su abuso de poder y hipocresía", aseguran.

La compañía cree que el aval de la Xunta facilita la obtención de fondos europeos

Altri considera que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva de la Xunta "ratifica que el proyecto industrial cumple con todos los requisitos ambientales de la UE". Así lo expresó en un comunicado, en el que José Pina, consejero delegado de la multinacional, afirma que la aprobación ambiental "permite" a la compañía "mirar hacia adelante, destacar el carácter estratégico del proyecto y su capacidad para convertirse en un agente dinamizador de la economía gallega, española y europea.

Además, en un video difundido por la empresa, Pina dice que superar este trámite autonómico supone un avance para la obtención de los fondos comunitarios con los que cuenta el proyecto Gamma. "El Gobierno de España se nos ha trasladado que los proyectos que cumplan estrictamente con los requisitos ambientales no tendrán ningún problema para acceder a estos fondos europeos. En ese sentido, estamos tranquilos", afirmó. 

Además, asegura que Greenfiber está en fase de "exploración" de las "mejores vías para acceder a los fondos que la UE está considerando para apoyar nuevos proyectos industriales alineados con sus enfoques en materia de sostenibilidad", insistió. 

"Respondimos a todos los informes del sector de forma detallada y escrupulosa, aportando toda la información solicitada y realizando todas y cada una de las mejoras requeridas por los técnicos de la Administración”, afirma Pina en el comunicado, que advierte de que el resultado es una DIA “positiva” para un proyecto con el que pretenden, asegura, “transformar la industria textil nacional y potenciar la independencia europea de las fibras con un mayor impacto ambiental”. 

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En el comunicado, Altri explica que Greenfiber diseñó “para Palas de Rei” un proyecto “basado en la economía circular” y en el que “todo está optimizado: agua, residuos y energía”. Según explica, será una iniciativa que “marcará un hito en la industria textil para Galicia al convertirse en la primera planta del mundo que integra en un mismo complejo los dos procesos clave para la producción de lyocell: la transformación de la madera de eucalipto en fibras solubles y su conversión directa en lyocell , dos productos a base de celulosa para aplicaciones textiles 100% biodegradables”. 

Además, la multinacional asegura una inversión de más de 1.000 millones de euros y la creación de alrededor de 2.500 empleos, 500 de ellos directos en una planta que "funcionará 24 horas al día". Por último, advierte que esta instalación está “comprometida con los principios de la economía circular” y que “optimizará el uso de recursos como el agua, la energía y los residuos”. 

“A través de un circuito cerrado, se recuperará más del 99% de los disolventes utilizados, se minimizará la generación de residuos y se devolverá el agua captada al medio natural, cumpliendo con los más altos estándares ambientales”, concluye.

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