A 31 de diciembre de 2023, las residencias de mayores de la Xunta y las plazas concertadas en centros privados sumaban un total de 593 personas menores de 65 años ingresadas en ellas. Un año antes había cerca de 700. Esto significa que una de cada 20 personas en plazas residenciales de mayores que dependen de la Xunta no está en ellas por la edad, sino por otras circunstancias. Así lo ha reconocido oficialmente el Gobierno gallego tras meses de negativa a cumplir con la Ley de Transparencia después de que Praza.gal hubiese formulado una solicitud oficial al respecto.
Hace años que el personal de las residencias de mayores o dependencia alerta de los problemas que supone el ingreso en esos centros de personas menores de 65 años con enfermedades psiquiátricas ante la inexistencia de centros adecuados para ellas. El pasado septiembre la agresión a una trabajadora por parte de un usuario de 43 años de un centro de Vigo provocó nuevas protestas por lo que el personal cualifica como la conversión de las residencias de mayores en "psiquiátricos sin psiquiatras".
Ante estas denuncias Praza.gal quiso conocer el volumen del problema, partiendo de la premisa de que no todas las personas menores de 65 ingresadas en residencias de mayores tienen problemas psiquiátricos. De hecho, la propia Consellería de Política Social destaca que para asignar una plaza en una residencia pública o en una privada con plazas concertadas la persona tiene que tener el derecho reconocido por la ley de dependencia u obtenerla "mediante el procedimiento de emergencia social" que va dirigido a "personas que se encuentran en alguno de los tres supuestos [legales]: situación de desamparo o abandono; malos tratos físicos y/o psíquicos; situación de riesgo grave inminente para su integridad física y/o psíquica".
Por lo tanto, según incide Política Social, "la patología psiquiátrica es una característica clínica que puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida" y no es un criterio asociado a la ocupación de una plaza residencial. Por eso, dice, no tiene el dato de personas con problemas psiquiátricos en residencias de mayores.
Además de esta premisa hay que tener en cuenta el volumen de las plazas totales en las residencias de mayores, 22.000 en toda Galicia, así como su titularidad. Cerca de 4.000 plazas están en residencias de la Xunta o del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, que comparte con algunos ayuntamientos, mientras otras mil son de otras administraciones y las restantes 17.000 son de titularidad privada. De estas últimas unas 10.000 están a su vez concertadas o subvencionadas por la Xunta, lo que lleva habitualmente al Gobierno gallego a presumir de que en Galicia hay "15.000 plazas públicas" o que las ayudas de la Xunta benefician "a más de 10.000 gallegos para el pago de un centro residencial privado".
Ante este panorama del sector, Praza.gal formuló el pasado septiembre una petición oficial de transparencia a la Consellería de Política Social para conocer el "número de personas menores de 65 años ingresadas en residencias de mayores", pidiendo también el detalle de cuántas están en centros de titularidad de la Xunta y cuántas en plazas concertadas de centros privados. La Xunta rechazó responder argumentando que tendría que consultar "diferentes fuentes de información", a pesar de que hace dos años, tras la pandemia del covid, contrató por 800.000 euros lo que había debido ser un registro único centralizado de usuarios de residencias.
Ante esa respuesta Paza.gal formuló un recurso a la Comisión da Transparencia de Galicia, dependiente de la Valedora do Pobo, que recordó a la Xunta la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo y resoluciones previas del Consejo de Transparencia estatal que limitan las situaciones en las que las administraciones pueden argumentar que los datos que se les reclaman son demasiado complejos para rechazar atender una petición de transparencia.
18F: El PP promete pedir al Gobierno las mismas 15 transferencias tras quince años sin conseguir ninguna
"No es por tanto aplicable el concepto de reelaboración en los supuestos en los que la Administración tiene la información solicitada en una aplicación informática, en la que figuran los datos personales de los usuarios o centro en el que se encuentra, y las plazas autorizadas por tipología, las ocupadas y las libres", dice la resolución, que concluye que "en el caso que nos ocupa, no puede entenderse que la extracción de los datos de una aplicación donde están recogidos sea motivo de inadmisión por necesidad de reelaboración".
Así que finalmente Política Social se vio obligada a facilitar los datos reclamados, entregados este martes, más de cuatro meses después de solicitarlos, que detallan el número de personas menores de 65 años en residencias de mayores de la Xunta o en plazas concertadas a 31 de diciembr de cada año durante los últimos cinco ejercicios. Esto es, una misma persona computa en cada uno de los años facilitados mientras no cumpla los 65 años, fallezca o deje la residencia. Además, la consejería insiste en su respuesta oficial en la "dificultad de la extracción de los datos solicitados", que "implica una labor compleja de reelaboración y recopilación teniendo en cuenta que la actual aplicación informática de registro de residentes es de reciente implantación". Confirma así la consejería que carecía de una visión global del problema de las personas ingresadas en residencias de mayores a pesar de que la edad no sea para ellas determinante.
Aquí puedes leer el texto original en gallego.
A 31 de diciembre de 2023, las residencias de mayores de la Xunta y las plazas concertadas en centros privados sumaban un total de 593 personas menores de 65 años ingresadas en ellas. Un año antes había cerca de 700. Esto significa que una de cada 20 personas en plazas residenciales de mayores que dependen de la Xunta no está en ellas por la edad, sino por otras circunstancias. Así lo ha reconocido oficialmente el Gobierno gallego tras meses de negativa a cumplir con la Ley de Transparencia después de que Praza.gal hubiese formulado una solicitud oficial al respecto.