Las negociaciones en torno a la reforma laboral podrían no haber vivido aún sus horas más complicadas. Cerrada antes de Navidad con acuerdo la mesa de diálogo social que reunió durante meses a sindicatos, empresarios y Gobierno, el texto se encamina ahora a una tramitación parlamentaria no menos compleja. Varios socios de investidura amenazan abiertamente con tumbarla si no hay cambios sustanciales. Y también hay movimientos en la derecha. Mientras que el PP parece zanjar definitivamente su propio debate interno apostando por el no, en Ciudadanos se abren ahora a una abstención en el último intento por desmarcarse de los conservadores y de Vox.
En el Ejecutivo no descartan que los de Inés Arrimadas se acaben convirtiendo en un socio inesperado en este tramo de la legislatura para asuntos en los que sus votos pueden resultar decisivos, como es el caso de la reforma laboral. Aunque intentan contraponer la idea de que eso signifique que la reforma es poco ambiciosa desde un enfoque progresista argumentando que la postura de Ciudadanos tendría más que ver con un planteamiento “puramente estratégico” para intentar desmarcarse del PP tras lo ocurrido en Castilla y León que con un apoyo convencido a una norma que no incluye demandas naranjas en materia laboral como el contrato único o la mochila austríaca.
Desde la Vicepresidencia segunda de Yolanda Díaz, competente en materia de Trabajo y que ha liderado las negociaciones del diálogo social con empresarios y sindicatos, remarcan que “obviamente” los esfuerzos de las próximas semanas pasarán por intentar conseguir los apoyos de la mayoría que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez y que sostiene parlamentariamente al Gobierno de coalición desde hace dos años. De hecho, aclaran las mismas fuentes, será la propia Yolanda Díaz quien conduzca a partir de ahora unas conversaciones que ya han comenzado en el caso de grupos clave como ERC, PNV o Bildu. “Hemos mantenido reuniones con ellos durante las negociaciones del diálogo social y se les ha informado puntualmente del contenido de esas negociaciones, la comunicación es fluida”, explican desde Trabajo.
La advertencia de los socios
Sin embargo, todas las partes asumen que esas negociaciones no serán fáciles. A día de hoy, tanto ERC como Bildu alertan de que su postura es contraria a la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios y que, a menos de que se introduzcan cambios, el texto no contará con sus votos a favor en el Congreso. El problema al que se enfrenta Yolanda Díaz es la necesidad de cuadrar el círculo de un acuerdo con sus socios parlamentarios que no haga saltar por los aires lo ya pactado con la patronal, algo que resulta fundamental para el PSOE y para el propio Pedro Sánchez y que ya ha sido vendido ante Bruselas como un gran logro del Gobierno de España.
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“El Gobierno tendrá que elegir ahora si prefiere el apoyo de la CEOE o mantener el de la mayoría que le ha dado soporte durante la legislatura”, advierten en Bildu tras poner encima de la mesa la recuperación de la indemnización por despido previa a la reforma del PP y la prevalencia de los convenios autonómicos por encima de los estatales, algo que también solicita el PNV. En ERC también son pesimistas a día de hoy sobre el desenlace de las conversaciones, aunque en el Ejecutivo hay quien no ve con malos ojos la última propuesta que puso encima de la mesa el president, Pere Aragonés: que la Generalitat vuelva a tener las competencias para autorizar o denegar un ERE planteado por una empresa.
Una reforma pensada "para no despedir"
Desde el Ministerio de Trabajo insisten en descartar que las indemnizaciones por despido se puedan abordar en esta reforma laboral. Por un lado, explican que ese aspecto no se pudo incluir en el acuerdo de coalición “por la negativa expresa del PSOE” y que los socios de investidura apoyaron ese programa de Gobierno. Por otra parte, destacan que la reforma laboral pactada con los agentes sociales persigue acabar con la temporalidad y que, por tanto, no se despida, más que centrarse en las cuantías de las indemnizaciones: “A un trabajador que le contratan días sueltos o por semanas no le supone nada la cuantía de la indemnización. El objetivo de este texto es el contrario del que sacó adelante el PP: que las empresas no despidan y que el empleo sea más estable”, exponen desde la Vicepresidencia segunda.
En torno a la postura del PP, pocas son las expectativas que tiene el Gobierno sobre que Pablo Casado haga otra cosa en el Congreso que no sea oponerse. Al Ejecutivo han llegado noticias de un intenso debate interno en el seno del propio Partido Popular y de que incluso algunos sectores de la patronal habrían intentado empujar al líder de la oposición a la abstención después de que la propia CEOE haya rubricado el texto. Este lunes, el portavoz en el Senado, Javier Maroto, aseguró que “el PP votará en contra” para ser consecuente y para defender su norma de 2012.
Las negociaciones en torno a la reforma laboral podrían no haber vivido aún sus horas más complicadas. Cerrada antes de Navidad con acuerdo la mesa de diálogo social que reunió durante meses a sindicatos, empresarios y Gobierno, el texto se encamina ahora a una tramitación parlamentaria no menos compleja. Varios socios de investidura amenazan abiertamente con tumbarla si no hay cambios sustanciales. Y también hay movimientos en la derecha. Mientras que el PP parece zanjar definitivamente su propio debate interno apostando por el no, en Ciudadanos se abren ahora a una abstención en el último intento por desmarcarse de los conservadores y de Vox.