Yolanda González (Madrid, 1978) es periodista especializada en información política y transparencia de las administraciones públicas. Tras licenciarse en la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en Interviú, La Razón, El Periódico de Catalunya, Tiempo y Público. Después fue una de las fundadoras de infoLibre, donde ejerce de corresponsal política y sigue la actualidad del Gobierno y el PP.
Su primer libro es Diputados y senadores: los privilegiados. Publicado por La Esfera de los Libros, habla de cuestiones como el sueldo de sus señorías, sus negocios privados, o la falta de transparencia en la política. Un volumen plagado dedatos y anécdotas que recibirán como obsequio quienes se hagan socios anuales de infoLibre antes del 1 de febrero. Por ejemplo, ¿sabían que en un solo año los senadores enviaron más de 15.000 SMS especiales, esos no precisamente baratos que se utilizan para cosas como participar en sorteos? ¿O que los exdiputados y exsenadores nos cuestan más de 10 millones de euros por legislatura en pensiones y ayudas?
PREGUNTA: El primer capítulo de tu libro está dedicado a la transparencia, una palabra que los políticos usan con frecuencia para hacernos promesas. ¿Es la transparencia una simple moda, algo que los partidos agitan como reclamo para ganar votos, o realmente se la han tomado en serio? Los datos parecen mostrar que los ciudadanos cada vez reclaman más información, ¿pero ha habido avances significativos? ¿A qué nivel está España en comparación con países de su entorno?
RESPUESTA: Decir que no ha habido avances en España en materia de transparencia sería mentir. En la X Legislatura se cumplió, por fin, la promesa de los dos partidos que se han alternado en el Gobierno de que este país tuviese una ley de transparencia. Pero lo que pudo ser un buen comienzo nació torcido porque no gozó del consenso parlamentario que una ley de este calado hubiese requerido. Esto ha provocado, por ejemplo, que en España los partidos no tengan estandarizadas sus prácticas de transparencia. Podemos encontrarnos, pues, un Grupo Parlamentario que hace públicos motu proprio todos los datos de los desplazamientos de los diputados, las agendas o las nóminas y otros de los que no conocemos estos datos de forma sencilla y estructurada. La ley fijó unos mínimos para las instituciones y el que se levante el velo de determinados datos queda a merced del que los posee. Los ciudadanos empiezan a tomar conciencia de que, preguntando, pueden acceder a determinadas informaciones que antes parecían guardadas bajo siete llaves. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, el proceso es complejo. Y, por tanto, a veces desincentivador. Por no hablar de las excepciones que se guarda la ley para no hacer públicos algunos datos.
“La Ley de Transparencia pudo ser un buen comienzo pero nació torcida porque no gozó del consenso parlamentario que una ley de este calado hubiese requerido”
En todo caso, no podemos olvidar el contexto en el que nace la ley. No podemos olvidar que cuando sale a la luz el movimiento 15M llevaba varios meses demandando que las instituciones fuesen más claras y que el trabajo legislativo no diese la espalda a los ciudadanos. O sea, que en una parte importante fue la presión social la que estuvo detrás de esta ley. Ahora son los partidos los que tienen que empezar a dar pasos para demostrar que se lo han tomado en serio.
P: En la X legislatura se aprobó la ley de transparencia. De eso han pasado unos dos años, pero una de las principales novedades de aquella norma, el portal de la transparencia, deja sin respuesta más de una de cada cuatro peticiones de información. En tu libro mencionas los límites que impone la ley a las peticiones y también lo complejo que resulta reclamar información. ¿Es esta ley suficiente, o necesita mejoras importantes?
R: No tengo duda. La ley de transparencia puede ser mejorada. Y los partidos que en su día vieron deficiencias en el texto tienen ahora la oportunidad de pulirlo porque ya no funciona el llamado “rodillo” de la mayoría absoluta de los conservadores. El portal de la transparencia de la Administración General del Estado es, como dices, uno de los ejes de la ley. El pasado diciembre cumplió dos años y, como hablábamos en la pregunta anterior, hay una serie de límites que hace que determinadas peticiones no prosperen. En el trámite parlamentario de la ley que está en vigor, desde la oposición al Partido Popular se criticó el silencio negativo. Ahora, como decíamos, los partidos pueden darle vueltas y hacer que para los ciudadanos sea menos antipático acercarse a él. Para depositar una pregunta en el portal, sólo puede hacerse con DNI electrónico o con una clave solicitada previamente a Hacienda. Uno mecanismos definidos por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, como “complejos y muy largos”. Los respectivos portales de Congreso y Senado permiten hacer consultas con un DNI, un teléfono móvil y un correo electrónico, métodos menos disuasorios que el del portal de la transparencia.
P: Otra cuestión recurrente entre las promesas políticas es la reforma del Senado, sobre el que llegas a preguntarte en un capítulo del libro si es directamente una "Cámara inútil". ¿Lo es? ¿Y, si es así, por qué se atascan todas las iniciativas destinadas a su reforma? ¿Nos están tomando el pelo también con este asunto?
R: Creo que hace falta repensar el Senado. Que deje de ser el lugar al que los partidos recurren para pagar favores o retirar a dirigentes que ya no quieren o no pueden estar en primera línea. Hasta la fecha, PP y PSOE, que se han alternado en el poder, han tenido la oportunidad de dos cosas: emprender una reforma del Senado o dar más importancia a esta Cámara si consideraban que está infravalorada. No ha ocurrido ni lo uno, ni lo otro. Ahora parece que hay cierto consenso en que el Senado, tal y como lo conocemos, necesita una reforma. Veremos. Su reforma es una eterna asignatura pendiente. Pero también es cierto que los partidos no se ponen de acuerdo en cómo debe ser la Cámara que salga de un proceso de reforma. En la X Legislatura, la de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, una comisión del Senado tenía bastante avanzado un borrador sobre el que había bastantes puntos de acuerdo sobre su reforma. Pero ahí se quedó, en un cajón. A ver qué pasa ahora con esos trabajos.
A otro nivel, la XII Legislatura arranca con un intento de dinamización del Senado con la Conferencia de Presidentes. Llevaba sin reunirse desde 2015. Habrá que estar pendiente de si las resoluciones que salgan de esta cita sus protagonistas acuerdan unas directrices básicas para la reforma de esta Cámara de representación autonómica. A priori, la idea del Gobierno es que todo lo que se acuerde tenga un seguimiento.
P: De todos modos, no parece que la reforma del Senado sea lo único que se atasca en las Cortes. Hace menos de un mes explicaste cómo las tres comisiones contra la corrupción no avanzan en el Congreso. ¿Es habitual que las comisiones no avancen o no lleguen a conclusiones? ¿A qué se deben esos ritmos tan lentos? ¿Es obstruccionismo, falta de voluntad o realmente es el funcionamiento normal del Parlamento?
R: Las comisiones son fundamentales para avanzar en la tarea legislativa. Otra cosa es que se anuncie la intención de crear comisiones específicas no legislativas y que los grupos no se pongan de acuerdo en la estructura o en la agenda de los temas a tratar. Esto hace que se vayan eternizando y que pase tiempo sin que arranquen y, por tanto, sin que se empiece a trabajar. En una legislatura en la que el Gobierno está en minoría esto está permitiendo al Ejecutivo ir ganando tiempo. Lo mismo pasa con las subcomisiones. En los últimos meses se han creado multitud de subcomisiones para abordar sus respectivas reformas legislativas. Con ello, Rajoy sigue ganando tiempo evitando que sus leyes más polémicas sigan encadenando derrotas en el Pleno del Congreso. Ahora, el Gobierno ve con buenos ojos que una subcomisión parlamentaria, como ocurre con la reforma de la Lomce, empezase a estudiar qué aspectos de la reforma laboral pueden “mejorarse”.
P: Supongo que no ayuda a la velocidad de esas comisiones que enero sea un mes inhábil en el Congreso. ¿Por qué los diputados mantienen estos calendarios tan infrecuentes en el resto de profesiones? ¿No podrían funcionar las cámaras durante todo el año salvo, por ejemplo, en agosto?
R: Evidentemente. No ayuda nada. El artículo 73 de la Constitución establece que “las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio”. Esto deja inhábiles, salvo excepciones, los meses de enero, julio y agosto. Si los miembros de la Comisión en cuestión se ponen de acuerdo, pueden convocarse sesiones dentro de estos periodos no hábiles. También pueden celebrarse plenos si los grupos lo acuerdan. Es una cuestión de voluntad política. En la práctica, esto supone que el Gobierno vaya a estar más de un mes sin someterse al control de las Cámaras, algo que los grupos de la oposición veían muy urgente cuando Rajoy estaba en funciones.
P: Donde sí veremos en enero a muchos políticos, supongo, es en tertulias de televisión... o en cualquier otra dedicación privada. En el libro dedicas un capítulo a las "señorías pluriempleadas". En teoría, al menos, hay un régimen de incompatibilidades, pero en la práctica parece haber bastantes agujeros. En la X legislatura había más diputados que tenían al menos una actividad privada que los que sólo se dedicaban a la política. ¿Ha habido propuestas para que su dedicación tenga que ser exclusiva? ¿A qué se dedican estos políticos pluriempleados? ¿Surgen conflictos de interés?
R: El régimen de incompatibilidades viene fijado por la Constitución y la Ley Electoral. Así se desprende del reglamento de la Cámara. Pero todos tenemos en la cabeza ejemplos recientes que chirrían bastante. La X Legislatura, casos como los de los negocios privados de ya exdiputados como Federico Trillo, Vicente Martínez-Pujalte o Pedro Gómez de la Serna hicieron saltar las alarmas de que algo podía haber fallado en lo que tenía que ver con los negocios privados de sus señorías. Existe una comisión en el Congreso, la del Estatuto del diputado, que es la encargada de velar por el cumplimiento del régimen de compatibilidades de los parlamentarios y autorizar actividades privadas al margen de la política. Es una comisión peculiar alejada de la transparencia: sus reuniones son a puerta cerrada, como lo son sus dictámenes. Y también a puerta cerrada se celebran los plenos cuanto tocan temas de este tipo. En esta legislatura es imposible todavía conocer qué porcentaje de los diputados reciben sueldo público y privado. El PSOE se opuso al entender que se estaba haciendo una interpretación muy flexible de la ley, una idea que se ha escuchado mucho cuando han surgido escándalos como los mencionados.
También está el problema del control. El Congreso no controla que la información que cada diputado consigna en su declaración de actividades es correcta.
Todas las propuestas que ha habido en la línea de la dedicación exclusiva al escaño han caído en saco roto. A día de hoy, esto queda limitado a la voluntad de cada grupo parlamentario. Finalmente, en cuanto a las actividades que realizan, por lo general los parlamentarios que solicitan compatibilidad lo hacen para el ejercicio de la abogacía, la docencia o la administración de su patrimonio personal. También hay quienes ejercen la medicina. Y un número muy importante, como decías, piden permiso para asistir a tertulias y programas de televisión. Por lo general, esta última tarea la desempeñan sin percibir remuneración, según ellos mismos confiesan.
P: Lo que sí hacen las comisiones que mencionábamos antes es reportar a sus señorías cantidades adicionales a sus salarios, que en tu libro calificas de "sudoku". Y también hablas de otros conceptos, como las dietas por alojamiento, que cobran incluso diputados que tienen casa en Madrid. ¿Cómo es esto posible? ¿Hay algún caso especialmente llamativo de diputados o senadores con pisos en Madrid que reciban estas cantidades?
“El Congreso paga a los diputados elegidos fuera de Madrid 1.000 euros más que al resto, libres de impuestos, para cubrir gastos”
R: Hablo de sudoku porque, salvo por voluntad del diputado o senador en cuestión, es muy difícil saber cuánto se embolsa mensualmente un parlamentario español. Hay un sueldo base, que es la llamada asignación constitucional, las llamadas “dietas por alojamiento”, los complementos por ocupar cargos en una comisión y luego otro tipo de ayudas como el pago de los desplazamientos, las dietas en los viajes oficiales, la tarjeta para el taxi y el llamado ‘kit del parlamentario’: el móvil y la tableta electrónica. Entre un diputado raso por Madrid y un diputado que, además, presida una comisión hay una diferencia salarial de 1.500 euros al mes.
El tema de las casas es siempre polémico. El Congreso paga en concepto de "indemnización" a los diputados elegidos fuera de Madrid 1.000 euros más que al resto, libres de impuestos, para cubrir gastos. Pero esto ocurre independientemente de que tenga o no casa en Madrid. Ha habido iniciativas en los tribunales para que esto deje de ocurrir pero no han prosperado, al entender los jueces que los diputados no tienen que justificar que esa cantidad percibida se destina a alojamiento.
Uno de los casos más famosos es de la X Legislatura. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había sido elegido por Sevilla. Y su declaración de bienes reflejaba que tenía tres casas en Madrid.
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P: También se ha hablado mucho de otros privilegios, como las tarjetas para pagar taxis, los equipos tecnológicos... ¿Ha cambiado algo en esta legislatura, o con la llegada de nuevos partidos al Congreso? ¿Cuánto control falta sobre estos salarios en especie? Por ejemplo cuentas cómo en un sólo año los senadores enviaron más de 15.000 SMS especiales, por ejemplo para participar en concursos o promociones. ¿Es esto aceptable?
R: Hace falta dar algo de recorrido a la Legislatura para que se conozca con algo más de exactitud si la irrupción de Podemos y Ciudadanos en el Parlamento han servido para romper con ciertas rutinas del bipartidismo. Podemos tiene un código ético que limita los ingresos de sus parlamentarios y el dinero restante va a parar a engrosar las finanzas del partido o fines benéficos. También anunciaron la renuncia a la tarjeta de taxis. En una información publicada por infoLibre el pasado mayo, se daba cuenta de que 17 diputados del grupo de Pablo Iglesias no la habían retirado y ninguno de los senadores.
En la pasada Legislatura, el presidente del Congreso, Jesús Posada, tuvo que llamar la atención a los diputados porque el número de iPads perdidos o averiados empezaba a ser preocupante. Ahora, no hay noticia de que esté ocurriendo algo similar. Y, también en la pasada legislatura, el estallido del caso Monago, condujo a mayores controles y transparencia en los desplazamientos de diputados y senadores. Se destaparon comportamientos inaceptables y se intentó dar respuesta. La pena es que esa sensación que queda de causa-efecto. Lo mismo ocurre ahora cuando hablábamos de las incompatibilidades. ¿Seguiría todo igual si no se hubiesen destapado escándalos?
Yolanda González (Madrid, 1978) es periodista especializada en información política y transparencia de las administraciones públicas. Tras licenciarse en la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en Interviú, La Razón, El Periódico de Catalunya, Tiempo y Público. Después fue una de las fundadoras de infoLibre, donde ejerce de corresponsal política y sigue la actualidad del Gobierno y el PP.