El fusilamiento de Julián Grimau, dirigente comunista ajusticiado en 1963 tras un consejo de guerra sin garantías jurídicas, supuso un escándalo para el régimen de Franco en un momento en el que España ya había ingresado en los organismos internacionales y el país se encontraba inmerso en un incipiente desarrollismo económico. Considerado "el último muerto de la Guerra Civil", la ejecución de Grimau desató protestas en todo el mundo y generó una crisis que el dictador trató de contener mediante la acción diplomática y la contrapropaganda.
¿Qué pasó?
"He conocido el crimen una mañana / Color tiene mi pena de sangre humana / Sólo nubes y polvo lo presenciaron / Julián Grimau, hermano, te asesinaron, te asesinaron".El crimen sobre el que cantaba Chicho Sánchez Ferlosio ocurría la madrugada del 20 de abril de 1963. En el campo de tiro de Carabanchel, en Madrid, un pelotón de soldados disparaba hasta 27 veces y acababa con la vida de Julián Grimau a los 52 años. Condenado por un consejo de guerra sumarísimo por un delito de rebelión militar continuada, fue el último ejecutado durante el franquismo por delitos cometidos durante la Guerra Civil.
Grimau, figura destacada del Partido Comunista, fue detenido en noviembre de 1962. Tras un interrogatorio en la Dirección General de Seguridad en que terminó siendo defenestrado (aunque sus torturadores dirían que se había arrojado por la ventana en un intento de suicidio, como ocurriría en el caso del estudiante Enrique Ruano), comenzó el proceso judicial, que fue una farsa: no hubo testigos y las declaraciones obtenidas se basaban en segundas versiones y en un libro de un abogado barcelonés que identificaba erróneamente a Grimau. El fiscal —sobre el que más tarde se descubrió que nunca había estudiado Derecho— solicitó pena de muerte por delitos cometidos durante la Guerra Civil y 30 años de cárcel por alteración del orden público, que incluía, entre otros, reuniones ilegales, reparto de octavillas e incitación a la huelga.
Las reacciones internacionales se sucedieron tanto durante los cinco meses en los que Grimau estuvo detenido como tras su ejecución, suscitando manifestaciones dentro y fuera del país de dimensiones hasta entonces nunca vistas. Pese a las protestas de alcance mundial y las denuncias de intelectuales y figuras políticas varias, el Consejo de Ministros se negó a conceder el indulto al político comunista.
¿Cómo se desarrolló la crisis?
En 1961, Julián Grimau se instaló en Madrid como responsable de PCE en el interior. Según Jorge Semprún, alias Federico Sánchez, el dirigente comunista no era todo lo prudente que la clandestinidad exigía ser: pasaba demasiadas horas en la calle y no seguía el consejo de desplazarse en taxi. Cuando miembros de la Brigada Político-Social lo arrestaron, viajaba en un autobús madrileño y venía de reunirse con Francisco Lara, un camarada del partido que debía proporcionarle papel para hacer octavillas y que, más tarde, se supo que lo había delatado. Fue acusado de crímenes cometidos durante la guerra en las checas de Barcelona, cuando era miembro de los servicios policiales de la República.
Desde el inicio de esta crisis, la imagen del régimen se vio seriamente deteriorada. Un mes después de la detención de Grimau, el por aquel entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, compareció en rueda de prensa para responder a las acusaciones del informe de la Comisión Internacional de Juristas —que denunció la falta de independencia judicial y la ausencia de derechos de defensa—, sobre el que Fraga aseguró que pretendía "atacar nuestro Régimen en el terreno del Derecho con falsedades".
Sobre el fusilamiento de Grimau, Santiago Carrillo comentaría muchos años después en RNE: "Yo creo que, en ese momento, lo que Franco quería era detener el movimiento de masas, que había llegado a un nivel desconocido hasta ese año". Así, la ejecución del dirigente comunista fue también una suerte de castigo ejemplarizante, uno de los últimos coletazos más violentos de un régimen que entraba en decadencia. El juicio de Grimau, según las palabras de su abogado defensor Alejandro Rebollo, fue una "burla a la verdad” que “vulneró hasta las propias leyes ilegales del franquismo".
Hubo silencios atronadores, como los de Estados Unidos y el Vaticano, pero las reacciones internacionales a la sentencia de muerte fueron numerosas: pidieron clemencia para Grimau, entre otros, el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Kruschev; el líder del Partido laborista británico, Harold Wilson; y el cardenal Montini, futuro Pablo VI, por aquel entonces arzobispo de Milán. Su elección como papa dos meses más tarde fue un duro golpe para el franquismo, cuyas relaciones con la Santa Sede le habían proporcionado cierta legitimidad como dique de contención a la expansión de las ideas comunistas.
La ejecución del político del PCE, pues, ahondó el abismo entre el franquismo y las democracias europeas y dio lugar a un proceso irreversible de deslegitimación internacional del franquismo. Todo el asunto supuso un revés para un régimen que concebía la política exterior como una batalla de propaganda, más aún en un contexto en el que España tenía pretensiones de integrarse en la Comunidad Económica Europea (CEE).
¿Cómo se informó de ello?
La oposición a la dictadura y la prensa de los países democráticas calificaron la muerte de Grimau de asesinato de Estado. Tras su ejecución, las protestas siguieron en todo el mundo: el 21 de abril de 1963, La Vanguardia informaba —bajo el titular de "Esperada reacción"— de manifestaciones en ciudades como Copenhague, Marsella, Tolouse, Estocolmo, Londres, Zurich y Quito, donde explotó una bomba al lado de la Embajada española. En la misma página, un artículo firmado por el periodista Tristán La Rosa aseguraba que Grimau había sido condenado "por un tribunal competente" y despreciaba "el intento comunista de convertir en mártires a oscuros desgraciados".
Así, los medios afines a la dictadura respaldaron la sentencia y apoyaron el Gobierno ante lo que se definió como "una nueva campaña antiespañola en el extranjero". El franquismo se defendió de las reacciones de indignación por la muerte de Grimau poniendo en marcha su propia maquinaria diplomática y de propaganda: el Ministerio de Información y Turismo proporcionó material para ser publicado en medios afines de todo el mundo, como el volumen ¿Crimen o castigo? Documentos inéditos sobre Julián Grimau García.
En esta línea, la misma Real Academia de la Historia recoge en la entrada dedicada a Grimau que, tras su fusilamiento, se produjo por parte de los responsables del ministerio que presidía Fraga Iribarne la instrumentación de toda la prensa y medios de información, "con la elaboración de falsos informes apócrifos, sin pie de imprenta, profusamente repartidos a periodistas extranjeros".
¿Qué consecuencias tuvo?
La repulsa de las democracias occidentales y los intereses por integrarse en la CEE llevarían al régimen a adoptar una estrategia más cuidadosa en lo concerniente al uso de la violencia, con una represión menos ejemplarizante que evitara en lo posible nuevos escándalos internacionales. Así, la ejecución de Grimau supuso también una de las últimas ocasiones en las que la dictadura se apoyó de forma predominante para defender su causa en la instrumentalización del "terror rojo".
El fusilamiento del político comunista deterioró profundamente la nueva imagen que el régimen trataba de ofrecer al mundo, y la ejecución de los anarquistas Joaquín Delgado y Francisco Granados mediante garrote vil sólo cuatro meses después de la muerte de Grimau provocó una nueva oleada de protestas, aunque de menor intensidad. Inevitablemente, estas cuestiones fueron un lastre para las pretensiones españolas de sumarse a la CEE, que siguió la doctrina Birkelbach: los países cuyo sistema jurídico-político no se alineara exactamente con los niveles democráticos de los seis miembros fundadores —Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania Occidental— no podían pretender adherirse al club.
La muerte de Grimau y otros casos de represión como los de Delgado y Granados generaron un caldo de cultivo idóneo para el auge del movimiento estudiantil, que constituiría un gran desafío para el régimen, ya moribundo. En febrero de 1965 se celebró la IV Asamblea Libre de Estudiantes, que supuso un antes y un después para la lucha antifranquista en las universidades. En marzo de ese mismo año, la asamblea organizó en el centro de Madrid la mayor manifestación ilegal desde 1939. Además de por el fusilamiento de Grimau, el año 1963 estuvo marcado simbólicamente por la creación del Tribunal de Orden Público (TOP), el organismo que sustituyó a la jurisdicción militar y que se encargaría de juzgar y condenar a muchos estudiantes involucrados en la militancia contraria a la dictadura.
¿Qué cambió?
El ajusticiamiento de Grimau acrecentó el déficit de legitimidad internacional que la dictadura arrastraba desde el final de la II Guerra Mundial. Las presiones internacionales cristalizarían en medidas de carácter aperturista que permitieran ofrecer una imagen más amable de la dictadura: en 1966, Fraga, como ministro de Información, aprobó la Ley de Prensa, que terminaba, en apariencia, con la censura previa —a pesar de que se mantenían las sanciones a posteriori—. Un año más tarde, se aprobó también la Ley Orgánica del Estado, por la cual se separaba la Jefatura de Gobierno de la de Estado, aunque, en la práctica, Franco conservó ambas hasta 1973. A su vez, el falangismo perdió peso específico dentro del régimen: su cercanía con las corrientes fascistas que habían sido derrotadas en 1945 no favorecía la imagen exterior española, por lo que el dictador redujo la cifra de ministros de Falange.
El ajusticiamiento de Puig Antich, el último garrote vil del franquismo
Tras la muerte del dirigente comunista comenzó también la lucha de su viuda, Ángeles Campillo, que libró una larga batalla jurídica para averiguar dónde había sido enterrado su marido y reivindicar su memoria; en 1967, presentó un recurso para revisar el juicio ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, pero no fue admitido a trámite. Un cuarto de siglo después del fusilamiento, en 1988, volvió a presentar recurso contra la sentencia de muerte de Grimau ante la Sala Militar del Tribunal Supremo, pero, de nuevo, la sala denegó la revisión de la sentencia "por coherencia jurídica".
Con la consolidación de la democracia, se han sucedido iniciativas parlamentarias para rehabilitar a Grimau: en 2006, el Senado debatió un texto presentado por Izquierda Unida que tenía como objetivo "la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de don Julián Grimau, víctima de la represión franquista". Fraga, que formó parte del Consejo de Ministros que le negó el indulto, y todo el Grupo Popular votaron en contra de la mociónvotaron en contra de la moción, aprobada con los votos de los demás.
El caso de Julián Grimau es uno de los muchos que demuestra la difícil tarea que supone doblegar la resistencia de las instituciones españolas a revisar el pasado y que no existe un consenso democrático para la reparación de las víctimas: en materia de memoria histórica, queda mucho por hacer. Los últimos versos que Chicho Sánchez Ferlosio dedicó al dirigente comunista rezaban así: "Nacerá trigo joven entre besanas, / las razones de nuevo tan pisoteadas, / pero a pesar de todo yo sé que un día / tú estarás con nosotros como querías, como querías. / He conocido el crimen una mañana".
El fusilamiento de Julián Grimau, dirigente comunista ajusticiado en 1963 tras un consejo de guerra sin garantías jurídicas, supuso un escándalo para el régimen de Franco en un momento en el que España ya había ingresado en los organismos internacionales y el país se encontraba inmerso en un incipiente desarrollismo económico. Considerado "el último muerto de la Guerra Civil", la ejecución de Grimau desató protestas en todo el mundo y generó una crisis que el dictador trató de contener mediante la acción diplomática y la contrapropaganda.