'Lawfare'

Que el lawfare existe, no lo discute nadie. Nadie que, aunque sólo por curiosidad, se haya adentrado en la maraña de algunos (o muchos) procesos o demandas judiciales. No sólo es una evidencia actual sino también histórica. Desde Sócrates a Antònio Costa, pasando por Pablo Iglesias, Lula, Victoria Rosell, Demetrio Madrid, Rafael Correa, Mónica Oltra, Dilma Rousseff… y un interminable número de procesos “legales” como arma política. Por su actualidad y descarnadas consecuencias, el lawfare aplicado al ya ex-Primer Ministro de Portugal, Antònio Costa, podría ser el más sangrante, ya que nada más presentar su dimisión el fiscal del “caso” ha pedido perdón por confundir el nombre del Primer Ministro, y el juez encargado del caso ha dejado en libertad a los supuestos implicados. El daño ya está hecho (¿daño?). El Presidente de la República (de derechas) en lugar de proponer un nuevo candidato a Primer Ministro dentro de las filas del partido socialista (ganador de las elecciones) ha convocado nuevas elecciones (las encuestas dan empate técnico entre socialistas y conservadores, con la peculiaridad de que la extrema derecha conseguiría un buen resultado) ¿Blanco y en botella?      

Un día el sofista griego Protágoras se encontró con un estudiante, Euatle, que quería tomar lecciones de retórica con él, pero no tenía dinero para pagarle. Protágoras le tranquilizó diciéndole: “no te preocupes, Euatle, tú aprende conmigo, y cuando ganes tu primer caso en los tribunales ya me pagarás”. Euatle aceptó la propuesta. Pasó el tiempo y Euatle no le pagaba lo acordado bajo el argumento de que no había ganado todavía ningún caso. Protágoras lo demandó judicialmente y antes de entrar al juicio le dijo a Euatle: “Pase lo que pase me pagarás lo que me debes. Si gano el juicio, te condenarán a pagarme. Y si pierdo, habrás ganado tu primer caso y me tendrás que pagar”. A esto Euatle respondió: “No, maestro. Pase lo que pase no le pagaré lo que le debo. Si gano yo, porque me habrán exonerado de pagarle. Y si pierdo, porque no habré ganado mi primer caso”. ¿Quién utiliza el derecho como un arma en esta historia, Protágoras o Euatle?

Y qué decir del propio Sócrates, que fue acusado de adorar a otros dioses y pervertir a los jóvenes, sus enemigos escogieron a una asamblea “ad hoc” para que fuera juzgado. El lawfare es tan antiguo como el derecho mismo.

Entre las “tácticas” modernas más comunes del lawfare están la manipulación del sistema legal para abrir proceso sin pruebas, difundir medias verdades para confundir a la opinión pública, dilatar los procedimientos (juez García Castellón, caso Puigdemont). Son innumerables los procedimientos abiertos en los últimos años para socavar a dirigentes de Podemos. Son innumerables también los casos que han llegado a los tribunales europeos anulando sentencias de los juzgados españoles.

No obstante, no podemos tirar hacia arriba y por extensión generalizar el lawfare a toda la judicatura, corruptos los hay en todas las profesiones y en todos los estamentos. De eso sabe mucho el PP: “controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás” (Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, a sus compañeros) o traer desde Roma (destino de lujo para cualquier juez) al juez García Castellón a la Audiencia Nacional (lo cuenta ampliamente Ignacio Escolar en este artículo). O negarse a renovar el CGPJ (de mayoría conservadora), aunque sea a costa de su desprestigio nacional e internacional.

Las consecuencias de esta práctica son letales para supervivencia de la democracia, ya que toca el corazón mismo de todas las constituciones y pervierte la voluntad popular. Las víctimas del lawfare son apartados del poder. Poder al que llegaron por la voluntad popular. No hay mayor burla a la democracia que esos finales. No obstante, hay que seguir insistiendo en que, al igual que afirmamos que el lawfare existe en España (quizás demasiados casos), habrá que insistir también en que no todo el poder judicial está manchado por el lawfare. Por ello, fue una gran imprudencia que el PSOE, en sus negociaciones con Junts, abordara el tema y estuviera a punto de plasmarlo en un documento negociado (por suerte no ocurrió). En otras palabras, yo puedo, como cualquier ciudadano, hablar de ello, denunciarlo en virtud de mi libertad de expresión, pero dos partidos políticos que negocian para alcanzar un pacto de investidura no pueden hacerlo, y menos aún abrir la puerta para crear una comisión de investigación en el Parlamento sobre el lawfare, lo que, de facto habría supuesto “revisar sentencias judiciales”. Jordi Nieva, catedrático de Derecho, lo ha expresado de manera meridiana: “El acuerdo de investidura de JxCat y el PSOE alude a este término de un modo tal vez inoportuno, probablemente imprudente y con seguridad innecesario”… Las aguas han vuelto a su curso, al de política y la separación de poderes… cada mochuelo a su olivo.

Individualmente se puede perfectamente abordar el lawfare y formular la crítica que se estime pertinente. Dos partidos políticos que están intentando alcanzar un pacto para formar Gobierno, no pueden hacerlo. Coincido en que “el acuerdo de JxCat y el PSOE alude al lawfare de un modo tal vez inoportuno, probablemente imprudente y con seguridad, innecesario.”

“El acuerdo de investidura de JxCat y el PSOE alude a este término de un modo tal vez inoportuno, probablemente imprudente y con seguridad innecesario” (Jordi Nieva, catedrático de derecho)

El tiempo pone a cada uno en su sitio, tarde o temprano. Y creo que sólo un ciego de mente no se da cuenta de que no sale gratis que un ministro del Interior diga “esto la fiscalía te lo afina”, ni tampoco que “así controlaremos la Sala Segunda desde atrás”. Si saliera gratis, Jorge Fernández Díaz no estaría en espera de juicio. Además, el Consejo General del Poder Judicial se habría renovado hace tiempo.

Esta interrelación espuria entre la política y la justicia que supone el lawfare atenta no solamente contra la separación de poderes y los principios básicos de las constituciones y los estados de derecho, sino también contra los derechos fundamentales de aquellos que acaban siendo víctimas de estos procesos. Para conseguir los objetivos marcados, el establishment actúa de forma soterrada y lenta, utilizando el Poder Judicial como ariete para consolidar su hegemonía. Da igual el resultado último del proceso judicial, la lentitud de los tiempos judiciales y el desgaste público impulsado por determinados medios de comunicación producirán el resultado deseado, pero no obtenido por la vía de la legítima disputa política. Quizás ello explique la falta de renovación del CGPJ durante cinco años. El lawfare exige tanto generar como distribuir falsedades, y es una de las expresiones más nefastas de un sistema político al conseguir que determinados tribunales no busquen condenar con razones sino razones para condenar.

El lawfare atenta no solamente contra la separación de poderes y los principios básicos de las constituciones y los estados de derecho, sino también contra los derechos fundamentales de aquellos que acaban siendo víctimas de estos procesos.

Todas conocemos procedimientos judiciales en nuestro país que han apartado de la vida política a personas que se demostraron inocentes al cabo de las causas. Desde el expresidente de Castilla y León, Demetrio Madrid, a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, pasando por una persecución ilimitada a la formación política Podemos, o la, a mi juicio, excesiva dureza con la que fueron juzgados y condenados los actores políticos del Procés. No cabe duda de que todas estas circunstancias alteraron la composición política del país y desde luego afectaron gravemente a la vida y los derechos de los protagonistas. Es tan obvio afirmar que el lawfare existe en este país, como afirmar a su vez que naturalmente no todo el Poder Judicial está al servicio del mismo. Obviamente en derecho los actos dignos de reproche afectan exclusivamente a aquellos quienes los cometen, a nadie más.

Es por esta concretización de personas y actos por lo que cuesta entender la reacción de las asociaciones de jueces y fiscales, y de otras organizaciones de la vida política, económica y judicial, en una suerte de excusatio non petita. Plantear la existencia de anomalías concretas y perseguibles no implica ni una causa general ni una persecución política, mucho menos la hiperventilación de algunas afirmando que estamos ante dictaduras, fin del Estado de derecho y las diez plagas de Egipto. La misma ofensa colectiva podría surgir de cualquiera de nosotros cuando los documentos políticos o programáticos hablan de luchar contra la corrupción, la evasión de impuestos o la violencia de género.

No, señores y señoras, claro que existe la interrelación entre política y justicia con un fin concreto, claro que se da en nuestro país y en otros en determinadas ocasiones, claro que tiene nombres y apellidos, así que poco favor haríamos a nuestra imperfecta democracia (como todas) si nos negamos a ver el lawfare en la habitación.

En algún caso el lawfare ha llegado a tener tal intensidad que ha alcanzado, en mi opinión, la categoría de golpe de Estado. Es lo que ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, mediante la que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

La evidencia empírica de que disponemos indica de manera inequívoca que en España se practica el lawfare. ¿O no fue lawfare la persecución judicial de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, que fue condenado por la Sala del artículo 61 de la LOPJ de manera jurídicamente aberrante? La sentencia sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, para entonces, ya se había puesto fin a su carrera política. ¿O no ha sido lawfare la persecución de la que han venido siendo objeto los dirigentes de Podemos? ¿O la condena de Arnaldo Otegi con vulneración del derecho a un juez imparcial, que también fue anulada por el TEDH tras haber cumplido los seis años en la cárcel? ¿O la pretensión del Tribunal Supremo de repetir el juicio contra Arnaldo Otegi con el argumento de que este tiene derecho a ser condenado sin vulneración de derechos fundamentales? ¿O la persecución de la que fue objeto Victoria Rosell, que la apartó del Congreso de los Diputados? ¿O la de Mónica Oltra?

Dicho todo esto, pediría a los lectores que lean o relean el artículo que publicó Jordi Nieva este pasado viernes con el título 'Lawfare', con el que estoy de acuerdo. Individualmente se puede perfectamente abordar el lawfare y formular la crítica que se estime pertinente. Dos partidos políticos que están intentando alcanzar un pacto para formar Gobierno, no pueden hacerlo. Coincido en que “el acuerdo de JxCat y el PSOE alude al lawfare de un modo tal vez inoportuno, probablemente imprudente y con seguridad innecesario.”

Pero no porque el lawfare no exista, sino porque ellos no pueden decirlo. 

Tras diez años de enfrentamiento institucional y judicial entre Catalunya y el Estado, el Gobierno en funciones y los grupos políticos que lo sustentan tanto en el Consejo de Ministros como en el parlamento hacen de la necesidad virtud –sin esta ley no habría investidura– y defienden que la amnistía supone, en realidad, el fin de las hostilidades prolongadas durante más de una década. Y que el proyecto independentista que seguirán sosteniendo fuerzas como ERC o Junts se vehicule de nuevo única y exclusivamente por la vía institucional y bajo el acatamiento y el respeto a la legalidad vigente. 

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.