Una ley electoral que discrimina gravemente

Lo hemos publicado en varias ocasiones y lo hemos comentado con políticos desde hace cuarenta años, pero “la vida sigue igual”. Y creemos que la elaboración de una nueva Ley Electoral sería el factor más importante de regeneración democrática en nuestro país. Algunos ejemplos actuales: para el Congreso de los Diputados –que creemos debería ser la única Cámara de representación popular– por el mero hecho de ser provincia se cuenta con dos diputados (hace tiempo se rebajó de 3 a 2). Muestra extrema: Soria, con 90.000 habitantes, cuenta con un diputado por 45.000 habitantes. En el mismo caso está Teruel, que tiene tres para una población de 135.000. Asturias, ligeramente por encima del millón, elige a siete; un diputado por cada 144.000 personas. Pero incluso entre las provincias con poca población existen diferencias notables: Guadalajara (280.000) elige tres diputados (uno por 93.000) igual que Teruel (135.000, uno por 45.000).

En el Senado, las diferencias son todavía mayores, a pesar de las modificaciones que se han producido desde la Ley Electoral de 1977: Castilla y León tiene 39 senadores para 2.300.000 habitantes (uno por 59.000). Madrid, con siete millones, cuenta con 11 senadores (uno por 636.000), que es diez veces menos que Castilla y León. Verdad es que son los ejemplos más extremos, pero el valor del voto individual es muy diferente según donde se resida. De todo punto absurdo.  En el mundo, en los Estados con sistemas electorales libres, podemos encontrar también contrastes muy llamativos: el estado de Wyoming (en donde viví cuatro años) tiene dos senadores para medio millón de habitantes. California lo iguala con otros dos senadores ¡para cuarenta millones! CONSECUENCIAS: tanto en España como en los Estados Unidos, puede darse el caso de que una minoría de votantes se imponga a una amplia mayoría en el Senado. La verdad, no parece muy democrático.

Volvamos a España. La Ley Electoral no figura en la Constitución; es una Ley que puede modificarse en el Congreso de los Diputados. Si no se ha hecho hasta hoy, quizá sea porque los dos partidos mayoritarios creen que les favorece, pero como le dije hace años a un político del PSOE, puede llegar un momento en que el PSOE se sienta perjudicado. Una reforma sencilla y eficaz, que haría que cada voto tuviera el mismo o parecido valor, consistiría en considerar circunscripción electoral la Comunidad Autónoma, y no la provincia (casi sin cambios desde Javier de Burgos, 1833). De esta forma, y si se tuviera en cuenta además la población con derecho a voto y no la población total, la igualdad en el valor del voto estaría garantizada.

Algún ejemplo:

Claramente perjudicadas con la actual Ley Electoral: Madrid, Asturias, Canarias, Cataluña, País Valenciano, Galicia, Andalucía y Murcia. Por el contrario, claramente beneficiadas las CCAA de La Rioja, Castilla-León, Castilla-La Mancha y Aragón.

En el Senado las diferencias son mucho más grandes, tanto comparando circunscripciones como votos obtenidos por los partidos

Lo que proponemos es una distribución mucho más igualitaria, por lo tanto más justa, que la actual: Madrid, al contar solamente con una provincia, tiene en el Congreso de los Diputados 37 representantes (1 por 143.000 votantes potenciales). En cambio, Castilla y León cuenta con 31 (1 por 66.935 votantes). Asturias, con 7 (1 por 137.095). Estas disparidades deberían corregirse. Como ejemplo último, Baleares –con ciento veintitrés mil electores menos que Asturias– tiene en esta legislatura un diputado más.

Ya hemos dicho que en el Senado las diferencias son mucho más grandes, tanto comparando circunscripciones como votos obtenidos por los partidos. Una pequeña diferencia en el número de votos puede llevar a una mayoría muy holgada, como sucede desde las elecciones de 2023. Y cómo se usa esa mayoría en una Cámara muy poco práctica (salvo para dilatar aprobación de leyes o enfangar la vida política), debería llevarnos a cuestionar su existencia. Ahorraríamos muchas cosas los españoles. Y podría ampliarse el Congreso de los Diputados hasta los cuatrocientos escaños o hasta los 377 que proponemos, que equivaldría a 1 diputado por 100.000 personas con derecho a voto, de acuerdo al número de españoles (37.612.197, a 1 de enero de 2024, según el Censo Electoral del INE) que pueden ejercerlo ahora. Lo que no tendría ningún sentido sería continuar distribuyendo los asientos en el Congreso según la población de cada provincia o comunidad autónoma, porque estaríamos incluyendo, como se ha hecho hasta el día de hoy, a menores de edad y extranjeros residentes QUE NO TIENEN DERECHO A VOTAR, y cuyo número es muy alto en el área mediterránea y en Canarias. Un caso extremo se dio hace años cuando se redujo un escaño (de 8 a 7) a Asturias, que tenía en ese momento casi doscientas mil personas con derecho a voto más que Baleares, que conservó los ocho que tenía. Los extranjeros residentes y los menores de edad decidieron ese escaño. Absurdo desde cualquier punto de vista.

Aplicando un reparto de escaños respetando el número de ciudadanos que pueden votar (Censos CER y CERA), y subiendo el número a 377 (para que no hubiera prácticamente diferencias entre las CCAA), nos quedaría un Congreso de los Diputados así: Andalucía, 67. Cataluña, 57. Madrid, 53. País Valenciano, 38. Galicia, 26. Castilla y León, 21. Canarias y País Vasco, 18. Castilla-La Mancha, 16. Murcia, 11. Aragón y Asturias, 10. Extremadura, 9. Baleares, 8.  Navarra y Cantabria, 5. La Rioja, 3. Ceuta, 1 y Melilla, 1.

Una distribución de escaños incomparablemente más igualitaria que la actual. En cada elección habría que tener en cuenta el Censo Electoral para corregir, si fuera necesario, el número de diputados que le corresponde a cada CCAA.

Por último, para el reparto de escaños podría aplicarse la norma de D’Hondt que, salvo en las CCAA con poca población, es una norma aritméticamente muy justa.

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Alejandro Villa, catedrático de Historia, ha sido profesor de instituto en España y de universidad en Estados Unidos.