La lucha contra el proxenetismo sigue pendiente
Sobre la Ley de Proxenetismo presentada por el PSOE la pasada semana se han dicho muchas cosas; por ello, conviene aclarar cuál es la razón de ser del texto legislativo. Como en todo lo importante, merece la pena ir por partes.
La proposición de ley nació como una reivindicación de las socialistas en el seno de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Entendíamos que una ley que lucha contra la violencia sexual debe hacerlo también contra el proxenetismo, las tercerías locativas y la demanda de prostitución. Sin embargo, el PSOE tuvo que retirar estas enmiendas para desbloquear la ley, puesto que los partidos que apoyaban al Gobierno en aquel momento amenazaban con votar contra la citada norma si el PSOE, apoyado por el PP, sacaba adelante esas enmiendas. Dada esta situación, los socialistas trabajamos una ley propia para perseguir el proxenetismo: así nació la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.
Efectivamente, esta ley es una reforma del Código Penal, lo cual no significa que no tenga un enorme potencial transformador o que vayamos a abolir a prostitución prohibiendo, como algunos han argüido de forma bastante tramposa. Lo cierto es que el proxenetismo en España apenas está perseguido, dada la redacción del tipo penal. Actualmente, el lucro de la prostitución de otra persona solo está tipificado si se obtiene mediante violencia o explotación de la otra persona. Una definición que, junto a la jurisprudencia que la acompaña, genera problemas para su persecución, además de producir revictimización. Por cierto, estas advertencias las lleva lanzando desde hace tiempo la Fiscalía General del Estado.
Dicho lo anterior, es imprescindible perseguir la demanda (a los puteros) y también los espacios donde tiene lugar la explotación sexual. Esto es así porque la demanda de prostitución existente en España exige miles de mujeres que, además, son sustituibles en horas; por cada mujer que sale, entra otra. Las mujeres para los proxenetas son carne infinita. De poco sirve poner en marcha medidas sociales específicas si no tratamos de eliminar un mercado inmenso que es condición de posibilidad para que esas mujeres, generalmente vulnerables y migrantes, se vean atrapadas en ello. Mientras ese mercado exista, las mujeres seguirán pasando por él.
Las mujeres para los proxenetas son carne infinita. De poco sirve poner en marcha medidas sociales específicas si no tratamos de eliminar un mercado inmenso que es condición de posibilidad para que esas mujeres, generalmente vulnerables y migrantes, se vean atrapadas en ello
Hay quien dice que debe protegerse la libertad de las mujeres que desean hacerlo libremente. Pues bien, teniendo en cuenta el contexto que he descrito antes, defender el derecho a una libertad individual sostenida en un contexto mayoritario de violencia es cuanto menos cuestionable, máxime cuando otras libertades complejas no se suelen someter a debate público.
Se me ocurre el derecho a ser esclavo, a trabajar por debajo del SMI o el derecho a vender órganos. También cabe preguntarse cuál es la raíz de un mercado donde existen cuerpos en todos los lugares y en todo rango de precio a disposición de los hombres, cuando no sucede igual para las mujeres. Quizá sea porque la raíz de la prostitución es el machismo y, por tanto, la libertad individual debe pensarse desde una óptica crítica. Otro debate es si una democracia liberal basada en principios como la igualdad puede amparar este tipo de libertad.
El abordaje de la prostitución, por supuesto, exige medidas emancipadoras. De hecho, el Gobierno ha invertido más de 12 millones de euros en dos años destinados a esta causa. No obstante, tampoco parece lógico aducir que una reforma del Código Penal no protege a las mujeres porque las condena a la marginalidad o la exclusión, como si el contexto prostitucional no fuera profundamente estigmatizante, dañino para la salud y fuente de exclusión. En definitiva, esta ley no representaba la abolición de la prostitución, pero sí un paso importante para luchar contra una industria que es en esencia violenta, extractiva y muy lucrativa para unos pocos. Que el Congreso haya decido conculcar la posibilidad de que se debata es un error que en el futuro será inexplicable.
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Andrea Fernández es diputada del PSOE por León.
