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Más allá del fango: restaurar y adaptar las zonas inundadas a un clima alterado

Francesc La-Roca

Transcurridas casi tres semanas desde el desastre del 29 de octubre, cuando vecinos, voluntarios y empleados públicos todavía luchan contra el fango y la destrucción al sur de València, en los despachos la actividad se vuelve frenética. Técnicos y conseguidores de las grandes constructoras ventean los fondos de ayuda que presienten cuantiosos. Rescatan viejos proyectos y prometen reconstrucción. Y mientras algunos representantes de colegios profesionales se reivindican sin complejos reclamando más hormigón, más presas, más de lo mismo… en las redes sociales se extienden y amplifican sus discursos, empastados con nostalgias de dictadura.

Pero no todo es ruido y, pese a los intentos de pescar en aguas revueltas, hay hechos incontestables que apuntan hacia otro tipo de alternativas. Además, disponemos de mucho conocimiento acumulado acerca de las causas de fenómenos como los vividos en el sur del área metropolitana de València y otras comarcas, que nos pueden guiar en las tareas de restauración de la zona afectada. Así, por ejemplo, es indiscutible que una gestión de la emergencia basada en la alerta temprana a la población hubiera salvado muchas vidas. Por eso, el debate político ha girado –maniobras de distracción de alcance europeo incluidas– en torno a la responsabilidad de la gestión. No se discute la eficacia del instrumento, sino su irresponsable aplicación.

Es indiscutible que una gestión de la emergencia basada en la alerta temprana a la población hubiera salvado muchas vidas

Tampoco hay duda acerca del carácter de la catástrofe. Aunque no todo el mundo lo exprese de manera coherente, es evidente que ésta no es una catástrofe natural. No lo es porque los enormes daños producidos por la avenida se derivan de una ocupación humana del territorio que necesariamente había de generar estos efectos; como ya habían anticipado y registrado los diferentes planes de prevención de inundaciones (Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana –PATRICOVA, o el Plan de gestión del riesgo de inundación PGRI, de la demarcación de Júcar–). Urbanización de zonas inundables, encauzamiento de ramblas, ocupación de espacio fluvial, alteración del flujo natural por sellado de superficies, construcción de infraestructuras lineales (principalmente de transporte), etc. han transformado unas lluvias torrenciales en una catástrofe.

Tampoco se puede argumentar con rigor que la causa del desastre haya sido solo natural. Hasta donde nos asiste el conocimiento científico, aun con las incertidumbres y los límites que le son propios, sabemos que los fenómenos climáticos extremos, como las sequías y las lluvias torrenciales, son cada vez más frecuentes e intensas en la cuenca mediterránea. Ello es consecuencia del calentamiento global producido por el incremento de la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, como el CO2 liberado por la combustión de materiales energéticos fósiles, que mueve nuestra sociedad industrial. A falta de estudios precisos sobre la atribución de este episodio concreto al cambio climático, podemos aventurar que estas lluvias, como las que se producirán en el futuro, alcanzan una dimensión inusitada debido a la acción antrópica. 

La consecuencia es clara: mientras intentamos frenar la emisión de gases de efecto invernadero, con la esperanza de que el clima abandone la senda de desestabilización y vuelva –en un horizonte secular– a ser lo que era, no nos queda otra opción que adaptarnos a fenómenos cada vez más extremos y frecuentes. Y, parafraseando a Naomi Klein, esto lo cambia todo.

No hace falta recurrir a la ciencia –basta el sentido común– para entender que reconstruir, en el sentido estricto de volver a hacer lo mismo de la misma forma en el mismo sitio, es absurdo. La restauración de la zona afectada se ha de abordar con una perspectiva de adaptación a los nuevos riesgos climáticos, aprovechando los conocimientos y experiencias más recientes, sin olvidar que disponemos de instrumentos basados en tecnologías novedosas que, bien utilizados, pueden salvar vidas.

Existe una abundante literatura científica y práctica respecto al empleo de soluciones basadas en la naturaleza (como recuperación de los espacios de inundación, la permeabilización de suelos, etc.) y de sistemas de gobernanza para la gestión del riesgo (seguros, planes municipales, formación y participación ciudadana, etc.). También, experiencias muy próximas de desalojo del espacio fluvial, como la construcción de la nueva Gavarda en una colina, tras la destrucción del pueblo original por la rotura de la presa de Tous en 1982 o la creación de un parque inundable en el Clariano a su paso por Ontinyent después de las inundaciones de 2019. 

Una vez superada la fase de emergencia y recuperada, siquiera provisionalmente, la funcionalidad cotidiana de la zona afectada, habrá que abordar la restauración del territorio y sus infraestructuras (viviendas, servicios municipales, movilidad, etc.) con un enfoque adaptativo. Rescatar planteamientos antiguos basados en obras hidráulicas de defensa es ignorar todo el trabajo de análisis que provocó en la Unión Europea, hace ya más de dos décadas, el abandono del enfoque hidráulico en la gestión del agua, ya entonces obsoleto. El nuevo modelo, basado en la recuperación del buen estado de ríos y acuíferos y el fomento de los usos sostenibles del agua, se complementa con un enfoque preventivo de la gestión de riesgo de inundaciones, en el que el hormigón ocupa un lugar marginal.

Donde empresas y organizaciones corporativas ven una oportunidad de negocio, el conjunto de la sociedad –y, muy especialmente sus representantes electos- deben impulsar un proyecto de restauración coherente, que restituya en la medida de lo posible la funcionalidad vital del territorio afectado, adaptándola al nuevo contexto climático. Establecer y preservar una gobernanza democrática de calidad, basada en el mejor conocimiento disponible, es primordial para que la restauración de la zona afectada se haga en pos del interés general, con un reparto equitativo de riesgos, cargas y beneficios.

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Francesc La-Roca es profesor jubilado de la Universitat de València y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

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