Recientes noticias en diferentes medios de comunicación nos informan de importantes compras y adquisiciones de material militar de última generación para nuestras Fuerzas Armadas.
Por ejemplo, que el Departamento de Estado estadounidense ha decidido aprobar la venta a España de “helicópteros, misiles, sistemas de guía láser de misiles, sistemas avanzados de armas de precisión, sistemas de radio tácticos conjuntos, sonares de baja frecuencia, lanzacohetes, sistemas de alerta de misiles, sonoboyas, sistemas de comunicación y navegación, así como otros tipos de materiales”, por un valor estimado de aproximadamente 1.000 millones de dólares. En su informe, el Departamento de Estado destaca que “esta venta reforzará la capacidad de las Fuerzas Armadas españolas para apoyar a la OTAN y seguir siendo interoperable con los Estados Unidos”. Y subraya que “contribuirá a la consecución de los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Una noticia —que solo es una entre otras de parecido contenido— que ha coincidido con el reciente anuncio del presidente Pedro Sánchez de incrementar el gasto en Defensa al 2% del PIB. Una medida que Estados Unidos lleva reclamando de larga data y a la que, hasta ahora, se habían resistido los anteriores gobiernos, así como un buen número de países miembros de la OTAN, y que tiene la apariencia de estar motivada por el clima de exaltación bélica producido por la guerra en Ucrania.
Mientras, al mismo tiempo, se nos informa que ante la solicitud de las Asociaciones Profesionales de Miembros de las Fuerzas Armadas (APFAS) de incremento de las retribuciones a los miembros de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa ha respondido que “en este momento no hay posibilidad de subir los sueldos de los militares” y que “ya se ha hecho un gran esfuerzo para elevar las retribuciones”, creando, incluso, problemas de funcionamiento del COPERFAS (Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas), del que se levantaron los representantes de cuatro de las cinco asociaciones representadas, y protestas de estos mismos representantes por la negativa de la ministra a recibirles para plantearle sus propuestas en el tema de las retribuciones.
Un conjunto de noticias que interconectadas nos invitan a algunas reflexiones, partiendo de la asunción de una serie de principios que no deben olvidarse: que cuanto mayor sea el presupuesto de Defensa, como de cualquier otro ministerio, mejor; que los presupuestos son un problema de reparto, que no siempre contentará a todos pero que, si a un área se le da más o menos, a otra u otras hay que darle menos o más; que son atribución exclusiva del Gobierno y las Cortes; y que, por todo ello, son un elemento de soberanía que nunca debería estas condicionado, mucho menos exigido, por ninguna potencia extranjera. Y que, si los presupuestos del Estado son un problema de reparto, también lo son las asignaciones que se dedican a las diferentes áreas de un mismo ministerio, en este caso, el de Defensa.
Razones por las cuales no se entiende muy bien que se alegue “falta de presupuesto” para actualizar las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, mientras no parece haber fondo para la compra del material más sofisticado, sin duda conveniente, pero ¿más indispensable que el personal que debe utilizarlo? Especialmente en unas Fuerzas Armadas, como las nuestras actuales, en las que siempre se ha presumido de que su mejor valor son las personas que las componen y que tienen en la actualidad como divisa de modernización y perfeccionamiento los conceptos de “liderazgo participativo” y de necesaria actuación en el campo cognitivo, como un espacio más del combate, recientemente añadido a los clásicos terrestre, aéreo y marítimo y a los recientes espacial y cibernético.
Y todavía parece entenderse menos que se haga a instancias y bajo la presión de una potencia extranjera, por muy aliada que sea, como parecen dar a entender las justificaciones del Departamento de Estado estadounidense para la venta a España del material citado párrafos más arriba: “Contribuirá a la consecución de los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos” y “reforzará la capacidad de las Fuerzas Armadas españolas para apoyar a la OTAN y seguir siendo interoperable con los Estados Unidos”.
Una forma de interpretarlo que se ve reforzada por la inesperada decisión del Gobierno de, precisamente ahora, decidir incrementar el presupuesto de Defensa al 2%, justo la cifra que Estados Unidos lleva exigiéndole a los Estados europeos que todavía no la han cumplido. Suena a un “a la orden” a la decisión estadounidense de involucrarse lo menos posible en la guerra “europea” en Ucrania, mientras ellos siguen focalizándose en el Pacífico, donde emerge la potencia, China, que está sobrepasando su poderío económico-financiero y su influencia en el mundo y acercándose, si no a sobrepasarles, al menos a igualarse, en poderío militar.
¿No teníamos bastante con las fuerzas que ya teníamos desplegadas en el este europeo durante la crisis de Ucrania, que hemos tenido que incrementarlas al estallar la guerra en dicho país, contribuyendo así al incremento de la tensión en vez de a su apaciguamiento? ¿No está esa presencia, previa a la guerra y reforzada ahora, contribuyendo a que “en estos momentos no haya posibilidad de subir los sueldos de los militares”, incluidos los de los que hemos enviado a primera línea, tan alabados por la ministra de Defensa... de palabra?
¿Va a repercutir el incremento del presupuesto al 2% en la mejora de las retribuciones militares o va a seguir “no habiendo posibilidad de subir los sueldos de los militares” porque hay que seguir comprando el más actualizadísimo armamento estadounidense… que ellos crean que deben vendernos?
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Enrique Vega Fernández es coronel de Infantería retirado. Miembro de la Asociación por la Memoria Militar Democrática y del Foro Milicia y Democracia
La AMMD es un movimiento de militares demócratas, antifranquistas y antifascistas, que surge del Manifiesto contra el Franquismo en las Fuerzas Armadas y tiene como objetivo erradicar las ideologías de carácter totalitario y antidemocrático de entre los miembros de las fuerzas armadas y la Guardia Civil.
