Tres millones de empleados, en riesgo de quedar sin convenio

Cerca de tres millones de trabajadores corren el riesgo de quedarse sin convenio colectivo, y por tanto sin una regulación de sus condiciones laborales, el día de San Fermín. Entonces se cumplirá un año de la aprobación en el Congreso de la reforma laboral y entonces caducarán casi 1.800 convenios, la tercera parte de los existentes, si antes empresas y sindicatos no han sido capaces de firmar su renovación.

La amenaza no es pequeña si se tiene en cuenta que la negociación colectiva ha sufrido en 2012 el mayor bloqueo de su historia. La crisis económica y la propia reforma han fosilizado muchas mesas de negociación, de forma que el año pasado sólo se firmaron 2.762 convenios, mientras que en 2009 se registraron 4.082, casi el doble. UGT asegura que faltan por renovar hasta 3.000 convenios para 5,4 millones de trabajadores. Entre los que más peligro corren, el del metal de las tres provincias vascas (100.000 asalariados) o los estatales de consultoría (100.000) y prensa diaria.

Cobertura insuficiente

La reforma limitó a un año la llamada ultraactividad o prórroga automática de los convenios, por la que seguían vigentes aun después de haber caducado y mientras las partes negocian renovarlos. Se impide así que surjan vacíos de regulación. Pero su eliminación era una demanda tradicional de las patronales, que la consideran un freno para que las empresas puedan adaptarse a los distintos ciclos de la economía. Los sindicatos, por el contrario, defienden la ultraactividad como una garantía de seguridad jurídica.

De hecho, temen que el 8 de julio miles de trabajadores –cerca de tres millones de los más de 10 cubiertos por convenio– queden a merced de la discrecionalidad del empresario. Ese día sus condiciones laborales pasarán a regirse por el convenio de “ámbito superior” que sea aplicable, si es que existe. Si no hay uno que los ampare (provincial si decae uno de empresa, autonómico o estatal si decae uno provincial), el Estatuto de los Trabajadores fijará sus jornadas, salarios, horarios o incluso el régimen disciplinarioEstatuto de los Trabajadores.

El problema es que esos convenios sectoriales, y por supuesto el Estatuto de los Trabajadores, no regulan todos los aspectos de la relación laboral ni lo hacen tan al detalle como los convenios de empresa o los más próximos a ella. Es decir, los asalariados mantendrán una cierta cobertura, pero ésta será insuficiente.

Doble escala salarial

Es más, puede darse el caso de que muchos empresarios pretendan pagar a sus plantillas el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 645,30 euros, a falta de cualquier otra tabla salarial, bien sea cambiando las condiciones de trabajo de sus empleados, bien estableciendo una doble escala salarial, al contratar a los nuevos trabajadores con sueldos más bajos.

"Nadie va a pagar el Salario Mínimo", rebate el director general de Empleo, Xavier Thibault, quien asegura que la ausencia de convenio "no interesa a ninguna de las partes" y puede hacer una empresa "ingobernable".

En cualquier caso, prevalecerán las condiciones por encima del convenio que los empleados hayan pactado con el empresario y figuren en los contratos. El problema es que la mayoría de ellos rehúye el detalle y se limita a añadir la coletilla “según convenio” para salarios, jornada… Los sindicatos auguran que la desaparición del convenio permitirá individualizar las relaciones laborales.

Por ejemplo, para modificar esas condiciones superiores al convenio consagradas en el contrato, el empresario sólo tiene que comunicárselo al trabajador. Si no está de acuerdo, al empleado no le queda más opción que rescindir su contrato, cobrar 20 días por año de indemnización y acudir, si acaso, al juez.

“Están sembrando el pánico sobre lo que va a ocurrir cuando se cumpla el plazo”, reprochó a los sindicatos hace escasas semanas el director de Relaciones Laborales de la CEOE, José de la Cavada. Pero lo cierto es que éstos tampoco presagian una “selvatización de las relaciones laborales”, en palabras del responsable de Negociación Colectiva de CCOO en el País Vasco, Alfonso Peraita. “No creemos”, explica, “que vaya a haber una bajada salvaje de salarios y pensamos que el efecto de sustitución será lento”.

Miedo al "limbo" legal

En el País Vasco el bloqueo de la negociación colectiva es mucho más intenso que en el resto de España, por las singularidades del paisaje sindical –el enfrentamiento entre UGT y CCOO, por un lado, y los nacionalistas ELA y LAB por otro– y la polarización de patronal y representantes de los trabajadores, que se acusan mutuamente de “cerrazón”. Hay convenios, como el del mueble de Guipúzcoa, bloqueados desde 2002. En los últimos seis meses sólo se han firmado seis.

Según la secretaria de Acción Sindical de la UGT vasca, Maribel Ballesteros, unos 70 convenios decaerán en julio si nadie lo remedia. De ellos, 46 irán directamente al Estatuto de los Trabajadores y al Salario Mínimo como única referencia, mientras que otros 24 podrán remitirse a algún tipo de marco estatal. Unos 380.000 trabajadores vascos, asegura Peraita, pueden verse afectados.

“Nunca se va a firmar un convenio que pretenda hacer la contrarreforma laboral”, advierte por su parte un portavoz de la patronal guipuzcoana, Adegi. Según explica, los empresarios han ofrecido, pese a la crisis, mantener salarios y jornada en muchos convenios, que se han bloqueado porque los sindicatos condicionan su apoyo a que se recupere la ultraactividad y se suprima la flexibilidad interna, las dos novedades que más elogia la patronal de la reforma laboral. Maribel Ballesteros asegura que las empresas presionan, en las mesas de negociación, con un “ya llegará julio”. “Están muy crecidos”. La responsable sindical dice que las empresas utilizan el miedo al “limbo” legal que se abre el 8 de julio para forzar a la baja la negociación de los convenios.

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¿Bloqueo o caos?

Hasta esa fecha la estrategia sindical se basará en arrancar de las patronales cláusulas de prórroga, que establezcan en el propio convenio plazos de vigencia más allá de julio. Algunos ya las tienen pero, si se firmaron antes de la reforma laboral, el criterio de los juristas no es unánime sobre su validez.

Lo que no está claro es si los empresarios prefieren la falta de reglas a prolongar la vida de un convenio bloqueado. “Me parece un salto cualitativo importante”, subraya Íñigo Sagardoy, que preside uno de los mayores despachos de abogados laboralistas del país, sobre la ausencia de convenio. Quedar en manos del Estatuto de los Trabajadores, indica, “generará inseguridad jurídica y más conflictividad en las empresas”.