Margallo atribuye los controles en la Verja a que las relaciones con Gibraltar “se han roto”

Los controles de acceso a Gibraltar son más intensos y seguirán siéndolo hasta que las relaciones con el Peñón se recuperen, por mucho que irrite a Londres. José Manuel García-Margallo delineó este miércoles las líneas rojas que España no está dispuesta que traspase el Reino Unido, todo con la idea de forzar a Londres al "diálogo". 

Gibraltar se convirtió en el asunto estrella de la rueda de prensa que siguió a la reunión de urgencia en Bruselas de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE por la explosiva situación en Egipto. "El Gobierno no va a renunciar en ningún caso a adoptar las medidas que considere necesarias para evitar los daños a la economía nacional, daños que vienen derivados del contrabando, de los tráficos ilícitos, del blanqueo de dinero, de ventajas fiscales que colocan en peor situación a las empresas españolas de la zona, y de las normas necesarias para proteger el medio ambiente. Estoy absolutamente convencido de que el Reino Unido no tendrá inconveniente en que España, como una frontera, como un territorio de la unión aduanera... aplique normas para combatir el contrabando, estará de acuerdo en combatir los paraísos fiscales y tendrá tanto interés como nosotros en proteger el medio ambiente. No veo dificultad alguna para eso", señaló el jefe de la diplomacia española. 

Margallo insistió en que España está "obligada" a tomar medidas para "combatir el contrabando", porque Gibraltar no forma parte del espacio Schengen, ni del territorio donde se aplica el IVA ni está en el espacio aduanero. "Es obvio que el Gobierno está teniendo que adoptar medidas adicionales, más intensas porque la relación de confianza con las autoridades de Gibraltar se ha roto. En el momento en que esa confianza se restablezca, es más que probable que podamos disminuir esos esfuerzos que son muy gravosos, si contamos con la colaboración del Gobierno de Gibraltar", apuntó, deslizando que para recuperar esa "confianza" será necesario que los llanitos retiren los bloques de hormigón lanzados al mar. Bloques que "hacen inviable cualquier conversación sobre la pesca. 

El vertido de cemento fue el primer punto del memorial de agravios que desgranó Margallo. Ya el lunes el ministro pedía en un artículo publicado el lunes en el diario estadounidense The Wall Street Journal que como primer gesto "necesario" las autoridades de la Roca levantasen los cubos. Segunda cuestión, el bunkering, el trasvase de combustible desde gasolineras flotantes, en una zona que el Reino Unido y España consideran de "especial conservación". Por el Estrecho, abundó, cruzan 110.000 buques al año. Sólo los puertos holandeses, con 13 millones de toneladas, superan el volumen de carburante. "Se hacen más de 8.000 trasvases en alta mar, y más de 5.000 en la bahía de Gibraltar. En total, 60.000 descargas de gasóleo de buque a buque, un peligro medioambiental realmente grave". Tercero, el juego online, que en España tributa al 20% y en el Peñón al 1%.

No se explayó, pero aún habría otro agravio para España: la arena. Ayer martes. el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó impedir el paso de camiones con arena para la construcción de un espigón en la cala este del Peñón, donde los llanitos quieren construir un complejo de lujo en un terreno ganado al mar, informa Europa Press. La medida [ver aquí vídeo] fue tomada en coordinación con Aduanas y con la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha incoado diligencias informativas tras la denuncia interpuesta por Verdemar-Ecologistas en Acción. El escrito de estos iba dirigido contra el Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) y otros municipios por un delito de "hurto agravado" y por una presunta comisión de un delito de falsedad en documento público, todo ello por la venta a la colonia británica de arena procedente de la duna de Valdevaqueros de Tarifa, una zona protegida. Sin embargo, hoy mismo, Verdemar denunció que seguían pasando por la Verja camiones "con piedras y rocas", informa Europa Press. 

Fabian Picardo, en la diana

Así las cosas, España entiende que la "única fórmula y la forma obligatoria" para resolver el contencioso es el "diálogo". En ese sentido, recordó que el Gobierno de Mariano Rajoy, nada más acceder a la Moncloa, mandó una primera carta al ministro de Exteriores británico, William Hague, en la que le advirtió de que tenía que variar el formato, porque Madrid no aceptaba el foro tripartito instaurado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Margallo propuso entonces el diálogo a dos o a cuatro (con Gibraltar y la Junta de Andalucía). Un formato que, insistió, Hague aceptó "al pie de la letra" el 14 de abril de 2012, aunque lo cierto es que no se han abierto las conversaciones. El ministro hizo así un llamamiento a su homólogo a retomar las negociaciones que él mismo asumió en esos "mismos términos". 

Margallo y Hague coincidieron en Bruselas en el Consejo de Exteriores convocado ex profeso para abordar la crítica situación de Egipto. Pero, según dijo el jefe de la diplomacia española, ambos no hablaron de Gibraltar. No tuvo "más posibilidad" que la de interesarse por el "bienestar" de sus familias este verano. A la entrada de la reunión, Hague repitió que para Londres los controles en la Verja son "desproporcionados" y responden a una "motivación política" y advirtió de que "no se debe subestimar nuestra determinación de estar junto a la gente de Gibraltar".

Durante la rueda de prensa, Margallo dijo que el Gobierno ya barruntaba que habría "conflictos" con Gibraltar porque el ministro principal, Fabian Picardo, "nada más tomar posesión" de su cargo, en diciembre de 2011, decidió "incumplir el acuerdo en materia de pesca" que estaba vigente desde 1999 y que respetó su antecesor, Peter Caruana. "Cuando esperábamos que esas conversaciones se reanuden nos encontramos con que nos echan unos bloques de hormigón que, en definitiva, hacen inviable cualquier conversación sobre la pesca: si no hay caladero no tenemos pesca de la que hablar", explicó. "De lo que se trata es de que recuperemos la confianza entre las dos partes". Margallo hizo ver una y otra vez que la hostilidad se centra en Picardo, y no con el Reino Unido, con quien España mantiene "buenas relaciones" y quiere seguir manteniéndolas. 

Respecto a la tasa de 50 euros que el Ejecutivo estudia, pocas novedades. El ministro recordó que la medida está "en estudio", y por eso se ha pedido un informe a la Abogacía del Estado y a la representación permanente española en Bruselas. Para disipar cualquier duda de un posible choque con Bruselas, reconoció que cobrar una tasa por cruzar la frontera es "ilegal", pero "España nunca la ha planteado" así, sino una tasa de congestión, que sirviese para reducir el tráfico en La Línea de la Concepción. El peaje, justificado por la "ocupación de un dominio público congestionado" en España y que serviría para controlar "el contrabando", tendría sustento legal, sería "perfectamente acorde con la legislación europea". "Está muy estudiada, no es una improvisación". "A diferencia" de Gibraltar, que aplica una "política de hechos consumados", España "tiene un exquisito respeto por la legalidad". Una vez que se compruebe que encaja con la normativa comunitaria, se estudiará el "criterio de oportunidad política", si conviene aplicarla. Y en ese caso, repitió que no recaería sobre los trabajadores residentes a ambos lados de la Verja y se emplearía para compensar a los pescadores afectados por los bloques de hormigón.