Expedientes entre amigos

Conviene empezar citando a los protagonistas. Primero, Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno con Aznar, ex director del FMI y ex presidente de Bankia, entre otras muchas cosas. Segundo, Luis de Guindos, actual ministro de Economía, entre otras muchas cosas ex director en España y Portugal de Lehman Brothers, cuya quiebra hace ahora cinco años dio origen a la mayor crisis financiera desde los años treinta del siglo XX. Tercero, Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ex ministra y ex diputada, entre otras cosas. Y cuarto, un juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instructor del 'caso Bankia'. (Porque ya no quedan casi argumentos en España en los que al final no aparezca un juez). Vayamos a los hechos.

Uno de los avisos más claros de la gravedad de la situación en la que estaba Bankia a principios de 2012 fue la negativa de la auditora Deloitte a firmar el cierre contable correspondiente a 2011. Rodrigo Rato y su equipo dedicaron meses a marear una perdiz que ha costado miles de millones de euros a los contribuyentes. Enviaron finalmente en abril a la CNMV unas cuentas con beneficios y sin el informe preceptivo de la auditora. El 7 de mayo, Rato se vio obligado a presentar la dimisión tras un fin de semana de infarto que incluyó reuniones del ministro Luis de Guindos con el propio Rato y con los presidentes de Santander, La Caixa y BBVA, que han relatado (tranquilamente) en sede judicial cómo transmitieron al Gobierno lo que debía o no hacer con el agujero de Bankia. En pocos días se comprobó que en realidad la entidad heredera de Cajamadrid tenía unas pérdidas de más de 4.000 millones, y en un par de semanas el cálculo de las ayudas públicas necesarias para salvar la entidad pasó de los 9.000 millones anunciados con gran seguridad por Guindos a los 22.000 millones que finalmente pidió José Ignacio Goirigolzarri.

Por aquellas fechas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presidida entonces por Julio Segura, abrió "de oficio" un expediente administrativo sancionador ante el retraso en la presentación de las cuentas, pero ese expediente quedó paralizado en cuanto se inició la causa judicial en la Audiencia Nacional. Al parecer es lo habitual. Pues bien, el juez que lleva el caso acaba de indicarle a la CNMV que va siendo hora de que haga lo que le parezca oportuno con aquel expediente, puesto que no ve concidencia alguna entre los hechos investigados por la vía penal y la materia que corresponde al órgano de control de los mercados de valores.

Elvira Rodríguez tiene la palabra

De modo que ahora la posibilidad de una sanción a Rodrigo Rato y su equipo por las escandalosas cuentas de Bankia en 2011 queda en manos de Elvira Rodríguez. Además de los cargos ya citados, viene muy a cuento recordar que el primer puesto de responsabilidad de Rodríguez fue el de Directora General de Presupuestos a las órdenes de Rodrigo Rato. Y que en el mismo equipo y en la misma fecha y también nombrado por Rato estaba Luis de Guindos, porque antes de fichar por Lehman Brothers ya fue director general de Política Económica y después secretario de Estado de Economía en los Gobiernos de Aznar.

Un expediente sancionador en la CNMV no lo decide sólo su presidenta sino el Consejo, después de que los servicios jurídicos cumplan su obligación. Suelen tardar 18 meses. Con lo que se ha ido conociendo acerca de la gestión de Bankia, el retraso en la presentación de las cuentas puede parecer casi una anécdota, aunque la ausencia del informe de auditoría debería haber acelerado todas las alarmas. (Lo debe saber bien Elvira Rodríguez, formada como interventora de Hacienda).

La cuestión de fondo tiene que ver con la credibilidad de los órganos de control. Tres viejos amigos se cruzan en el trámite de un expediente cuyo acusado principal es quien situó a los otros dos en la pista de salida de sus carreras políticas. ¿Es posible una decisión técnica, objetiva, neutral? Lo sería si en este país los órganos de control y los reguladores ofrecieran las mayores garantías de independencia y profesionalidad. Y si la normativa que aplican fuera muchísimo más exigente con las empresas y bancos a los que supuestamente se vigila. Y si los procesos no fueran tan opacos. Y si la investigación no se dilatara año y medio. Y si las sanciones finalmente impuestas no fueran tan baratas respecto a las infracciones cometidas. Y... Demasiados condicionales para que, además, tres viejos amigos se vuelvan a cruzar.