Los registradores son dueños de una empresa inmobiliaria con 72 millones de capital

Una sociedad inmobiliaria constituida en diciembre de 2002 por el Colegio de Registradores, corporación de derecho público y por tanto carente de ánimo de lucro, terminó cinco años y medio después incorporando como accionistas privados a más de 250 registradores de los más de 1.000 que operan en España. Como funcionarios, los nuevos accionistas estaban y están sujetos a las incompatibilidades previstas para el personal al servicio de la Administración Pública, pero ni el Gobierno del PSOE tomó cartas en el asunto ni lo ha hecho el del PP. La sociedad, bautizada Inversiones Inmobilarias CRE (IICRE SL), nació con 8,4 millones. Ahora, su capital social supera los 72 millones.

El objetivo formal de la creación de IICRE fue la construcción de un nuevo edificio como sede de los 55 registros de la propiedad de Madrid. La operación IICRE, sostuvo en distintos ámbitos el anterior presidente del Colegio, Alfonso Candau, resultó siendo "desastrosa" por el coste -135 millones-  de esa nueva sede, localizada en el número 540 de la calle Alcalá e inaugurada en octubre de 2009, es decir, ya en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En 2008, la sociedad había repartido 300.000 euros en dividendos y enviado a remanente otros tantos. El año pasado, la compañía arrojó pérdidas por 11 millones de euros. 

Entre quienes se distribuyeron los beneficios de 2008 figura el Colegio, que controla 60 de los 72 millones del capital. Pero, sobre todo, participaron en el reparto los más de 250 registradores que en 2008 se subieron al carro de IICRE con una ampliación que elevó hasta 57,88 millones el capital. que en 2005 y con el Colegio como socio único de la compañía se había marcado en 11,15 millones. Una posterior ampliación en diciembre de 2009 elevó de nuevo el capital hasta 72 millones.

Como funcionarios, los registradores solo pueden legalmente ingresar los aranceles que cobran. Aunque no posee la condición plena de impuesto ni de tasa, el arancel se mueve a caballo entre el ámbito tributario y el de los honorarios privados:es el Gobierno el que fija los aranceles y lo cobran los únicos funcionarios españoles -registradores y notarios- que en la práctica ejercen como profesionales del sector privado.

Este lunes, infoLibre contactó con Inversiones Inmobiliarias IICRE para recabar la versión de sus directivos sobre por qué un colegio profesional cuyos miembros no cobran honorarios privados sino aranceles públicos permitió un trasvase de rentas al dar entrada a funcionarios-accionistas. Nadie devolvió las llamadas.

Los expertos consultados por este diario coinciden en que la entrada de registradores en el capital de IICRE a título personal no solo vulnera la ley de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración sino que convierte de facto al Colegio en accionista principal de una compañía con ánimo de lucro. A esa compañía, y así lo precisan sus estatutos, no puede pertenecer cualquier inversor. Tan solo, aquellos que dispongan de dinero y sean registradores mercantiles o de la propiedad.

Dado que la sociedad tiene como misión construir sedes registrales y alquilarlas a sus usuarios, aquellos registradores que no pertenezcan al accioniariado ven cómo su dinero no acaba en manos de un arrendador cualquiera sino de una empresa integrada por el Colegio y por parte de su compañeros registradores.