Los médicos muestran su “sorpresa” por la decisión del magistrado y estudian recusarlo

La asociación de facultativos AFEM –impulsora de la marea blanca en contra de la privatización sanitaria– y el sindicato médico AMYTS estudian la posibilidad de recusar al juez Gerardo Martínez Tristán por su vinculación con el PP. El magistrado, que está casado con una consejera de Cospedal, preside la Sala que analizará los recursos contra la privatización de hospitales en Madrid tras una orden dictada por él mismo, tal y como adelantó infoLibre. Ambas asociaciones señalan que hay indicios, aunque no pruebas, de su vinculación con los conservadores. 

En una resolución dictada el pasado día 11 de octubre, Martínez Tristán ordenó que todos los recursos contenciosos-administrativos planteados contra la privatización de seis hospitales sean analizados por el pleno que reúne a los 50 magistrados de lo Contencioso Administrativo del TSJM. En este momento, hay dos secciones del tribunal con recursos sobre ese asunto. Una de ellas, la tercera, paralizó la privatización sanitaria argumentando que si seguía adelante podrían darse situaciones "irreversibles".

Los colectivos dicen haber recibido con "sorpresa" la decisión de Martínez Tristán de llevar el pleno a la Sala y quitárselo a las dos secciones. "No es algo habitual y nos ha extrañado mucho. Aunque confiamos en la independencia de la Justicia, el hecho de que este juez sea marido de una persona que es miembro del Gobierno de Cospedal no es una buena noticia", señala Fátima Braña, portavoz de AFEM. "Nos ha llamado mucho la atención, es algo muy inusual. Nos estamos planteando su impugnación por su relación de parentesco y por su candidatura a vocal del Consejo General del Poder Judicial", dice, por su parte, Julián Ezquerra, portavoz de AMYTS. 

Martínez Tristán es uno de los 55 candidatos entre los que el Congreso tendrá que elegir a los 12 vocales del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces. Martínez Tristán compite como “no asociado”.

Manuel Marín, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), cree, por su parte, que Martínez Tristán debería haberse inhibido. "No decimos que haya prevaricado, pero sí puede haber conflicto de intereses. Sus decisiones pueden condicionar un proceso que puede cambiar el modelo sanitario en todo el país", concluye.