Un año de la tragedia de Bangladesh: El Corte Inglés, Inditex y Mango no han pagado lo prometido

A pocas horas del primer aniversario del colapso del edificio Rana Plaza de Bangladesh, las víctimas siguen reclamando sus indemnizaciones y las empresas occidentales implicadas, entre ellas las españolas El Corte Inglés, Inditex y Mango, siguen mirando hacia otro lado. Este jueves se cumple un año del derrumbe que costó la vida a 1.134 personas e hirió a más de 2.500, y los afectados aún no han recibido compensación alguna por el que es uno de los mayores accidentes ocurridos en la industria textil.

La historia del Rana Plaza no es única –las factorías bengalíes del sector acumulan 300 incidentes y más de 2.200 víctimas mortales desde 1990–, pero sí excepcionalmente grave. El 24 de abril de 2013 se desplomó una estructura de nueve plantas, seis de ellas edificadas en 2006 y tres más añadidas de forma ilegal, que albergaba a 3.570 trabajadores. Un día antes los empleados habían denunciado la aparición de grietas y algunos se resistieron a acudir al trabajo, pero la amenaza de perder el sueldo de un mes bastó para que la mayoría acabara ocupando su puesto.

Un año después poco o nada ha cambiado: las multinacionales siguen subcontratando la producción en Bangladesh, donde el salario mínimo apenas alcanza los 50 euros; las víctimas aún no han cobrado las indemnizaciones que les corresponden; y las empresas implicadas prometen colaborar con un fondo "de solidaridad" que tiene carácter voluntario y las desvincula legalmente de toda responsabilidad en lo ocurrido, al tiempo que se niegan a especificar cuánto aportarán ni cuándo llegará la ayuda a los heridos y los familiares de los fallecidos.

Las empresas escapan

Eva Kreisler, coordinadora de la Campaña Ropa Limpia (CRL), explica los detalles de ese fondo: se trata de un mecanismo internacional que recoge aportaciones de todas las empresas implicadas y de todas aquellas que decidan hacer donaciones. De ahí saldrá el dinero para las familias afectadas. Las compañías no están legalmente obligadas a sumarse a él, pero la presión internacional ha hecho que la mayoría, entre ellas las tres españolas, hayan expresado su compromiso de colaborar y hagan un primer pago.

Sin embargo, afirma Kreisler, "la cantidad que han puesto es claramente insuficiente". En la actualidad el fondo apenas ha alcanzado la tercera parte de los 40 millones de dólares necesarios para indemnizar a todas las víctimas, que no han visto un sólo dólar hasta la fecha. "Las empresas no han puesto lo suficiente, y pedimos que contribuyan con más". Preguntada sobre los motivos por los que las cantidades puestas por cada empresa son secretas, Kreisler comenta que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) así lo estimó conveniente.

"La OIT consideró que habría más aportaciones así. La condición de mantener en secreto los importes es la garante de la existencia del fondo", comenta la coordinadora de la CRL, que no duda en acusar a las empresas de "huir de las responsabilidades legales". En resumen: las empresas occidentales no quisieron suscribir ningún tipo de documento o fondo que las vinculase legalmente a responsabilidades en la tragedia, aunque han aceptado, en cambio, sustituir el concepto de "indemnizaciones" por el de "donaciones a un fondo solidario".

A la espera de que lleguen nuevas aportaciones, Kreisler señala que, en torno al día del primer aniversario, las familias podrían recibir un primer adelanto de la indemnización, que rondará los 470 euros por familia. Una cifra que tacha de "insuficiente".

El Corte Inglés, Inditex y Mango callan

infoLibre se ha puesto en contacto con las tres empresas españolas que estaban vinculadas al Rana Plaza. La primera de ellas es El Corte Inglés, que se lavó las manos en el momento del desplome y no asumió responsabilidades hasta una semana después, cuando anunció un plan de ayudas y reconoció su relación con los proveedores bengalíes. A preguntas de este medio, fuentes de la compañía no han cuantificado la ayuda entregada, no han precisado cuando pagarán las restantes y tampoco los plazos para que la ayuda llegue a las víctimas.

Por su parte, Inditex sostiene que "no tenía producción en ninguna de las fábricas localizadas en el complejo", al menos desde diciembre de 2011. Sea como sea, la compañía de Amancio Ortega ha respondido a preguntas de este medio que colaborará con el fondo "por razones de carácter humanitario" y que la contribución a ese mecanismo "ya se ha materializado". Sobre el importe de la ayuda entregada, no hay datos.

Finalmente, Mango se ha remitido en su respuesta comunicados de prensa anteriores y ha señalado que hará una "donación voluntaria" que no ha cuantificado al "fondo de carácter solidario". A renglón seguido, la compañía esgrime que el proveedor del Rana Plaza no fabricaba para Mango, "aunque tenía previsto realizar una muestras", algo que refuta Kreisler, que recuerda como activistas de CRL encontraron numerosas etiquetas de prendas de la firma entre los escombros.

Además, la compañía catalana asegura que, incluso si los fabricantes del edificio que se desplomó hubieran sido auditados por Mango, habría sido imposible prevenir la tragedia. "Mango no hubiera podido detectar que la propiedad había construido tres pisos más de lo permitido", señalan fuentes de la compañía. "Es absurdo –responde Kreisler–. Una simple inspección visual habría bastado".

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En el lado positivo del balance de este año, Kreisler destaca el acuerdo por la seguridad en las factorías, que las empresas occidentales suscribieron en tromba justo después de las muertes del Rana Plaza. Si antes de la tragedia eran sólo tres las compañías que se habían acogido a él, después del desplome del edificio fueron más de 150, entre ellas, las españolas El Corte Inglés, Inditex y Mango, que se habían negado hasta entonces a suscribir cualquier tipo de documento vinculante desde el punto de vista legal.

"El acuerdo se consiguió a costa de los muertos del Rana Plaza", lamenta la coordinadora de CRL, que califica el pacto de "importante" precisamente porque tiene valor legal y porque las inspecciones son independientes y no quedan en manos de las empresas. "El sistema empleado estos años, basado en las auditorías de las multinacionales, hacía aguas por todas partes y era necesario un cambio", agrega. El acuerdo establece revisiones para garantizar condiciones mínimas de seguridad y de prevención de incendios en las factorías.

Durante este tiempo también se ha elevado el salario mínimo bengalí, que hace un año era de 28 euros y ahora ronda los 50, aunque la Campaña Ropa Limpia considera que aún no es suficiente para garantizar un mínimo de vida digno a los trabajadores de la industria textil. En la actualidad, El Corte Inglés, Inditex y Mango siguen produciendo en Bangladesh, donde la persecución a organizaciones sindicales y que defienden los derechos de los trabajadores ha sido una constante en los últimos años, según la denuncia de CRL.