La troika no se ha ido: Bruselas se suma al FMI para exigir más impuestos y recortes laborales

El rescate bancario se cerró en enero. El Gobierno calificó la salida del programa de ayuda de "limpia" y dijo adiós a los hombres de negro de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) que ordenaban y supervisaban la marcha de la economía. Pero la presión de la troika se mantiene. La Comisión Europea ha examinado el Programa de Estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas y ha decidido sumarse al apretón del Fondo Monetario Internacional (FMI) –que visitó España la pasada semana– para que el Ejecutivo suba el IVA , el IBI y otros impuestos indirectos, de otra vuelta de tuerca a la reforma laboral y reduzca el gasto público.

La Comisión Europea sostiene en sus recomendaciones que las previsiones enviadas por el Gobierno de Rajoy a la Comisión pueden ser creibles en las cifras que se refieren a 2014 (crecimiento del 1,2% y déficit del 5,5%), pero no en las de los años sucesivos. "La estrategia presupuestaria perfilada en el programa se ajusta solo en parte a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento" sostiene la Comisión. El ejecutivo cominitario estima, por poner un ejemplo, que el desequilibrio fiscal de España en 2015 alcanzará el 6,1%, frente al 4,2% en el que está fijado el objetivo. Eso equivale a un ajuste de unos 19.000 millones de euros.

Ante la duda, Bruselas se apunta a las tesis de dureza del FMI: aboga por subir impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales), rebajar cotizaciones sociales, reducir el número de tipos de contrato, endurecer el acceso a las prestaciones por desempleo y vigilar muy de cerca los agujeros detectados en las cuentas del Estado. Esos agujeros  han sido parcheados a duras penas: desde el déficit tarifario eléctrico (30.000 millones) a las autopistas en quiebra (entre 5.000 y 6.000 millones de deuda), pasando por el "banco malo" (Sareb) al que se traspasaron activos inmobiliarios dañados de los bancos nacionalizados por 50.000 millones de euros. 

La Comisión Europea vuelve a instar al Gobierno a utilizar las políticas activas de empleo –formación y recualificación profesional– para reducir la "elevadísima" tasa de paro. Y repite, de nuevo, que debe modernizar los servicios públicos de empleo y utilizar a las agencias privadas de colocación para mejorar la búsqueda de trabajo a los parados. Tres aspectos en los que el documento de Bruselas dice que el Ejecutivo va "rezagado" y "con retrasos", pero donde, en realidad, ni siquiera se ha movido desde 2012. La puesta en marcha de la colaboración privada con el antiguo Inem lleva pendiente desde hace tres años.

Bruselas también le pide al Ejecutivo que reduzca el tipo de contratos de trabajo, pese a que se supone que ya lo ha hecho. En teoría, desde enero sólo hay cuatro –indefinido, temporal, de formación y aprendizaje, y en prácticas, antes eran 42–, pero como el propio Ministerio de Empleo se esforzó en su día en precisar, lo que se hizo fue una mera reducción de categorías administrativas. También ha repetido una y otra vez Fátima Báñez que la reforma laboral "ya está hecha" y que sólo quedan "pequeños ajustes". Pero los que le reclama la Comisión Europea no son pequeños precisamente: abaratar los costes de despido y endurecer los requisitos para acceder a las prestaciones por desempleo son medidas de calado que deberá poner en marcha en un año preelectoral.

Gasto público

Sobre el gasto público, el cimiento de los servicios sociales, Bruselas no quiere paños calientes. Aboga por una "reducción sistemática" en todos los niveles de la Administración antes de febrero de 2015. Se trata de recortar y no de reducir sólo su peso relativo en relación al crecimiento de la economía, como pretende el Gobierno.

La petición de la Comisión Europea se suma a las críticas que lanzó a principios de mayo, junto al Banco Central Europeo, en el primer informe de vigilancia tras el fin del rescate bancario. Entonces, ambos organismos criticaron el retraso del Gobierno español en algunas reformas, como la de las políticas activas de empleo y la modernización de los servicios públicos de empleo, así como en la ley de liberalización de los servicios profesionales o la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Bruselas sabe que el Gobierno prepara ya el campo para las elecciones generales del año próximo y marca una hoja de ruta muy alejada de lo que ha adelantado el Ejecutivo de Rajoy. Así, en materia tributaria, frente a las proclamas de bajadas de impuestos, Bruselas pide a España que adopte antes de fin de año "una reforma fiscal completa para hacer el sistema tributario más simple y que favorezca el crecimiento y la creación de empleo, la preservación del medio ambiente y la estabilidad de los ingresos".

Bruselas rellena ese marco con medidas concretas: considera necesario reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y, en cambio, subir impuestos que graven el consumo. De bajadas del IRPF, ni hablar.

Hombres de negro

En su reciente visita a España, el jefe de la misión para España, James Daniel, admitió  que la subida de los impuestos indirectos y del IVA (mediante la eliminación de los tipos reducidos) puede afectar muy negativamente a las capas más desfavorecidas, las que más han sufrido los efectos de la crisis. Por ello, abogó por medidas que compensen esos efectos. Pero el FMI no concretó las medidas. Daniel aseguró al respecto que la decisión de apoyar a los desfavorecidos que reciban ese nuevo castigo es "cosa de cada Gobierno".

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La Comisión Europea reconoce, en su análisis previo a las recomendaciones, la "limitada eficacia" que ha tenido "la protección social para reducir la pobreza", de forma que España sufre ahora "una de las mayores caídas de la renta familiar disponible y uno de los mayores niveles de desigualdad de la renta de la UE".

La presión de la troika, aunque sea por separado, empuja a España por la senda del sacrificio, trillada en los úitmos cuatro años. Para evitar el desplome del sistema financiero, rescatar a la banca y mantener el pulso de la economía, el país ha hecho un esfuerzo fiscal sin precedentes esfuerzo fiscal(30.000 millones por subidas que han afectado a todos los impuestos), ha devaluado salarios y ha apuntalado el sistema bancario con más de 100.000 millones (datos del Tribunal de Cuentas). Además, ha sufrido una reforma laboral que ha llevado al país a tasas de desempleo de en torno al 26 % (25,9% según la última EPA) y ha reducido el número de ocupados a 16.950.000, cifras de 2002.

La intensidad del sacrificio no se corresponde con la mejora de los desequilibrios. Las estimaciones adelantadas por la Comisión Europea sobre la economía española recogen que en 2015 el déficit público se situará en el 6,1% del producto interior bruto (PIB),  lejos de la estimación oficial del Gobierno (4,2%).