La Fiscalía no quiere que Bermúdez y Ruz investiguen productos financieros tóxicos de BBVA y Santander

La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de la Audiencia Nacional no son partidarias de que los jueces de la Audiencia Nacional investiguen lo que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) denomina hipotecas basura del Santanderhipotecas basuraSantandery las permutas financieras de tipos de interés sobre acciones del BBVA, según han indicado fuentes jurídicas a infoLibre.

Tanto el magistrado Pablo Ruz como Javier Gómez Bermúdez, titulares de los juzgados centrales de instrucción número 5 y número 3, respectivamente, dieron traslado a la Fiscalía para que informara acerca de si ambos jueces eran competentes para investigar dos querellas contra los mencionados productos financieros, que los afectados consideran tóxicos.

La Fiscalía no ha querido aclarar a infoLibre ningún dato sobre su postura contraria a que la Audiencia Nacional investigue los mencionados productos financieros del BBVA y del Santander.

Tanto Ruz como Bermúdez tendrán que adoptar una decisión sobre si aceptan a trámite las querellas, las archivan o las derivan a un juzgado ordinario al entender que la Audiencia Nacional no es competente para realizar dicha investigación.

Pluralidad de perjudicados

En el caso del BBVA, la Fiscalía justifica su decisión destacando que no existe "una pluralidad de perjudicados". Este es el motivo por el que considera que la investigación debería dirigirse a un juzgado ordinario. El producto financiero denunciado se denomina permuta financiera de tipos de interés con opciones de knock-out sobre acciones. En el mundo financiero se conoce con el término inglés de swap sobre acciones.

Realmente es una apuesta entre una entidad financiera y un cliente. El cliente apostaba a que las acciones iban a subir, por lo que si bajaban tendría que pagar al banco. De esta forma, el inversor podía ganar o perder en función de la oscilación del precio de las acciones de la propia entidad.

Es decir, si las acciones subían el consumidor ganaba, pero el banco también, pues los títulos se revalorizaban. Pero si el precio de las acciones descendía, el cliente se veía obligado a abonar una parte importante de su inversión, por lo que la entidad financiera también resultaba beneficiada.

La querella que se encuentra sobre la mesa de Gómez Bermúdez fue interpuesta por los dos propietarios de una empresa radicada en el madrileño municipio de Algete, que en estos momentos se encuentra en disolución.Una sentencia en León

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de León ya acordó el 1 de marzo de 2012 la nulidad de un contrato similiar al denunciado en la Audiencia Nacional. El BBVA exigía a una empresa el pago de 236.338 euros, cuando la inversión había sido de 500.000 euros.

Los magistrados de la Audiencia de León explicaron en la mencionada sentencia los motivos por los que condenaron a la entidad presidida por Francisco González: "De tan claros datos inferimos que la entidad bancaria ofreció el producto cuando la crisis ya era patente (y con ella la previsible bajada de las acciones) y que el cliente solo la pudo percibir de modo evidente cuando se agudizó en septiembre de 2008 y si cancelaba la operación se veía obligado a pagar una suma superior a la que finalmente se le reclama en este procedimiento", especifica el fallo de los magistrados.

Fuentes próximas a la entidad financiera han resaltado a infoLibre que el producto y su posterior comercialización son legales. Además, coinciden con la Fiscalía al asegurar que una denuncia presentada en Algete (Madrid) compete a los juzgados de Alcobendas y no a la Audiencia Nacional. 

Emilio Botín

Por su parte, la denuncia interpuesta en el juzgado de Pablo Ruz se dirige contra el Banco Santander y varios de sus directivos –entre los que se encuentran el presidente Emilio Botín; su hija Patricia Botín; el exvicepresidente Alfredo Sáenz, y el exministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes– por los presuntos delitos de estafa continuada, asociación ilícita y organización criminal.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sostiene en la demanda inicial, y en la posterior ampliación de la misma, que el Santander y BNP Paribas concedieron a través de la sociedad UCI préstamos a personas con escasa solvencia económica. "Aparecen indicios de estafa en la concesión de tales préstamos al provocar endeudamientos durante décadas con falta de información y engaño acerca del riesgo contraído", especifica el escrito.

La denominación de "basura", según el abogado de la PAH Rafael Mayoral, se fundamenta en el hecho de que los préstamos se comercializaban a personas con inestabilidad laboral y sin recursos suficientes. "Con cláusulas usurarias, que han hecho que algunos de los clientes del Santander deban más dinero ahora que cuando contrataron la hipoteca", resalta el letrado.