Empleo rehace por cuarta vez la lista de las agencias de colocación para los parados del Plan Prepara

Y van cuatro. La mesa de contratación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha elaborado una nueva lista de adjudicatarios provisionales en el concurso para seleccionar las agencias privadas de colocación que encontrarán trabajo a los parados del Plan Prepara. Se trata de un largo proceso –dura ya cuatro años y medio– lleno de vaivenes y que puede aún demorarse más si las empresas descartadas en esta ocasión –pero preseleccionadas en alguna de las tres listas anteriores– presentan nuevos recursos. Los que interpusieron una treintena de ellas el pasado mes de octubre en el Tribunal Central de Recursos Contractuales fueron admitidos y forzaron un vuelco en las adjudicaciones que ahora ha terminado de formalizarse: quedan fuera las grandes ETT, Telefónica, la ONCE y la asociación salesiana, y se hacen con los convenios una pequeña agencia de colocación y cinco empresas de formación.

El concurso, con un importe de 41,66 millones de euros, se ha dividido por lotes geográficos. Los adjudicatarios provisionales son el Grupo Adalid Inmark –Galicia, Asturias y Cantabria–, UTE T-Talento –Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares–, Master Cum Laude –Aragón y Cataluña–, Consultora San Román –Madrid y Castilla-La Mancha–, Ibecon SL  –Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra– y Fundación Grupo Vértice –Andalucía, Ceuta y Melilla–. De las seis elegidas el pasado marzo, han cambiado tres. Aun así, la mesa ha barrido de la lista a Adecco, Manpower, Eulen, Telefónica, la ONCE y la asociación salesiana.

En estos días el SEPE está enviando la comunicación oficial de la lista a los adjudicatarios y al resto de los candidatos. Y a éstos aún les queda la opción del recurso, lo que prolongará aún más el limbo en que se encuentra este sistema de colaboración público-privada, una de las principales apuestas del Ministerio de Empleo en la lucha contra el paro. Algunos de los descartados, de hecho, están decididos a recurrir su exclusión de la lista, según han comunicado a infoLibre. 

Recortes en el SEPE, se duplica el paro de muy larga duración

Desde diciembre de 2010, cuando el Gobierno del PSOE dio los primeros pasos para dar carta de naturaleza a las agencias privadas de colocación, hasta ahora, han pasado cuatro años y medio. En ese tiempo, el paro llegó a dispararse hasta los 6,27 millones de personas en 2013, según la EPA. Hoy sigue sin trabajo el 23,78% de la población activa. Y lo que es cada día más preocupante, de los 5,44 millones de parados, casi la mitad, 2,38 millones llevan sin trabajo más de dos años. En los últimos cuatro años esa cifra se ha duplicado. Son los que más necesitan orientación y recualificación profesional para conseguir un empleo.

Sin embargo, como se encarga de destacar el propio ministerio, los servicios públicos de empleo sólo son capaces de gestionar el 2% de las ofertas de empleo. Para cubrir ese vacío, el Gobierno optó por recurrir a las agencias privadas, cuya eficacia elogia. Al tiempo, despidió a 3.000 orientadores laborales y recortó el presupuesto destinado al SEPE en un tercio: desvistió a un santo pero no ha conseguido aún vestir a otro. Desde que se dio a conocer el acuerdo marco que puso en marcha el proceso de selección de las agencias privadas, han pasado otros dos años y buena parte de las comunidades autónomas han resuelto ya sus propios concursos, pero el nacional convocado por el SEPE para los parados del Plan Prepara aún está en el aire.

Estos desempleados son los más difíciles de recolocar. Se trata de parados de larga duración que han agotado las prestaciones, carecen de ingresos y se someten a programas de formación a cambio de una ayuda de 426 euros. El concurso también incluye a los parados de Ceuta y Melilla, donde las tasas de paro superan el 31% y el 35%, respectivamente, unos 10 puntos por encima de la media nacional.

Vaivenes: de las pequeñas a las grandes y vuelta a empezar

Tanto las grandes ETT como las más pequeñas empresas de formación y agencias privadas de colocación coinciden en culpar a la mala redacción de los pliegos del retraso y de los sucesivos vuelcos en la lista de ganadores. Al haber convertido el número de locales en el factor clave del concurso –representa el 70% de la nota final– se ha distorsionado la convocatoria, lamentan. El número de inserciones laborales realizada por las candidatas en 2012 y 2013 sólo equivalía al 15% de la nota, y el precio de la oferta, el 15% restante.

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Es decir, quien más oficinas presentara, ganaba el concurso. Esos locales pueden ser propios o bien las candidatas debían acreditar su “disponibilidad” tras suscribir acuerdos de colaboración con otras agencias. Así fue cómo, tras la primera valoración de las ofertas, en septiembre de 2014, el concurso lo acapararon empresas de formación que habían captado, incluso por teléfono y correo electrónico, el mayor número de oficinas posiblehabían captado, incluso por teléfono y correo electrónico. La ley sólo se les exigía “una declaración responsable” de que efectivamente los locales cumplían los requisitos legales –accesibilidad universal, horario de atención al público de 25 horas semanales...–. La mesa encontró entonces “discrepancias” entre los datos de esas declaraciones responsables y los datos que sobre las empresas posee el Espacio Telemático Común del SEPE, además de “otras irregularidades” que le inducían a pensar que las primeras eran “erróneas o falsas”.

De ahí surgió la segunda lista, ya configurada como adjudicación provisional, que otorgó los seis lotes a las grandes ETT, Telefónica, ONCE y Salesianos. Los recursos de las empresas de formación consiguieron anularla. El Tribunal de Recursos Contractuales obligó a la mesa a repetir la evaluación de las ofertas y elaborar una tercera lista que ha sido de nuevo modificada dos meses después.

No fue la primera batalla. Ya en 2013 el acuerdo marco seleccionó a 80 agencias privadas, tras un proceso que también quedó paralizado por los recursos de las excluidas y hubo de rectificarse por mandato del Tribunal de Recursos Contractuales. Mientras las ETT critican que se haya incluido en el acuerdo a empresas ajenas a la intermediación, las pequeñas agencias protestan por que sólo hayan entrado el 5,32% de las 1.502 autorizadas.