Expertos y ONG tachan de ilegal el mecanismo de la UE para expulsar a los refugiados de Grecia

El acuerdo preliminar suscrito la noche del lunes entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, para expulsar a Turquía –sin darles la oportunidad de pedir asilo y de forma colectiva– a "todos los nuevos migrantes" que lleguen a las costas de Grecia sean refugiados provenientes de Siria, Afganistán, Irak o Eritrea o emigrantes económicos ha sido recibido con fuertes críticas por parte de ONG, juristas y expertos en derechos humanos, que cuestionan su legalidad. Filippo Grandi, el alto comisario de la ONU para los refugiados, también señaló este martes que podría chocar con los principios de derecho internacional. 

A cambio de aceptar a estas personas, Ankara obtendrá una ayuda de 6.000 millones de euros y la supresión para sus ciudadanos de la necesidad de tener visado para viajar a Europa a partir del próximo junio. La UE también se compromete a traer desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de expulsiones. Esta última cláusula también es puesta en entredicho por expertos y organizaciones humanitarias, que recuerdan que de los 160.000 solicitantes de asilo que Bruselas se comprometió a reubicar el pasado septiembre desde Grecia e Italia sólo se ha acogido a 885, según los últimos datos oficiales difundidos por la Comisión Europea.

A preguntas de los periodistas en Bruselas –tal y como recogieron varios medios– el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se afanó en justificar que la iniciativa no viola la Convención de Ginebra de 1951. Y lo hizo basándose en el artículo 33 de esta norma, que establece que ningún Estado que haya suscrito ese texto puede poner, por expulsión o devolución, a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.

Los expertos en derechos humanos consultados por infoLibre señalan, sin embargo, que Juncker obvió en sus explicaciones ante la prensa dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el derecho que tiene todo ciudadano que pisa un Estado a solicitar asilo en ese Estado y a que esa petición se tramite, así como a no ser expulsado de forma colectiva. Y, por otro, el cuestionamiento de Turquía como país "seguro" para los refugiados a la luz informes recientes de organizaciones como Amnistía Internacional, que vienen denunciando que los 2,5 millones de personas refugiadas que se calcula que acoge este país están "cada vez más expuestas individualmente a la detención arbitraria y la expulsión". 

Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, explica que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE –en la que se consagra el derecho al asilo y que es de obligado cumplimiento para los Estados miembros– recoge expresamente la prohibición de las "expulsiones colectivas" de solicitantes de asilo. "Salvo que, y eso es algo que nadie espera, el preacuerdo suponga que se inicien expedientes individualizados para cada refugiado el plan de la UE es antijurídico sólo en ese frente", subraya. Aunque de forma menos específica, el derecho de la UE también considera "improcedentes" las expulsiones colectivas de los inmigrantes irregulares.  

El acuerdo, a juicio de las fuentes consultadas por este diario, también legaliza las llamadas devoluciones en caliente. Una práctica que era censurada por la UE "hasta antes de ayer", tal y como denuncia la jueza Carla Vallejo, portavoz adjunta de Jueces para la Democracia. "Lo que se ha anunciado es un rechazo sin posibilidad de solicitar asilo y sin posibilidad de ningún tipo de registro. Es decir, una devolución inmediata, en caliente. El hecho de que, dentro tanto dentro del territorio, como en un puesto fronterizo, en las zonas de tránsito de los puestos fronterizos o en los mares territoriales se proceda a la devolución de estas personas sin darles el derecho a pedir asilo es un incumplimiento de toda la normativa europea de asilo y de la Convención de Ginebra", afirma Vallejo. 

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su secretaria general, Estrella Galán, insiste en que las expulsiones colectivas son contrarias al derecho internacional. "La evaluación de una solicitud de asilo debe ser individual y además no puede estar basada exclusivamente en la nacionalidad, ya que sería discriminatorio", señala. Lo cierto es que al acuerdo otorga únicamente a los ciudadanos sirios la capacidad de solicitar asilo una vez que estén en Turquía.  Por otro lado, De Lucas señala que existe una confusión "enorme" en el anteproyecto porque crea una diferencia "absolutamente injustificada" entre sujetos que están en la misma situación: los refugiados que hasta ahora han llegado a Grecia y los que van a llegar. "Es una discriminación y eso viola un principio jurídico básico en la UE", señala este catedrático.

¿Es Turquía un país "seguro"?

En el fondo de la cuestión está también la consideración de Turquía como país seguro para las autoridades europeas, algo que en CEAR no dudan en calificar de "falacia". A juicio de Galán, este acuerdo preliminar vulnera el principio de no devolución de la Convención de Ginebra que garantiza que las personas no sean expulsadas a un país donde su vida corra peligro. Y recuerda que organizaciones de derechos humanos han documentado casos de devoluciones a Siria desde Turquía y uso de la violencia por parte de las autoridades. "Europa intenta que Turquía actúe como policía de Europa y convertirlo en el gran campo de refugiados del mundo, sin tener en cuenta las graves violaciones de derechos humanos de este país", asevera. 

De Lucas también lamenta la "falta de claridad" por parte de la Comisión Europea en las cláusulas que se le pondrán a Turquía, que recibirá en virtud de este acuerdo 6.000 millones de euros. "Si no impones el compromiso del absoluto respeto de los derechos de inmigrantes y refugiados en Turquía, el asunto es una tomadura de pelo", subraya. La jueza Vallejo también cuestiona que el presidente Recep Tayyip Erdogan pueda ofrecer una garantía de no devolución de los refugiados –una cuestión fundamental en la legislación sobre asilo–  y de respeto a los derechos humanos.

La ONG Amnistía Internacional (AI), que en sus informes anuales viene documento el deterioro de la situación de los derechos humanos en Turquía, también reaccionó el martes a la firma de este acuerdo preliminar. A través de un comunicado, su directora para las instituciones europeas, Iverna McGowan, lo calificó de "inhumano" e insistió en que presenta "defectos morales y legales".

AI insiste en que no cree que Turquía pueda ser considerado como "país seguro", debido al tratamiento a los migrantes y refugiados, ya que "ha devuelto a refugiados a Siria" y "no cuenta con un sistema de asilo en pleno funcionamiento". La organización se opone al concepto de un tercer país seguro en general, al considerar que esto "debilita el derecho individual a que las demandas sean procesadas completamente y de manera justa" y puede derivar en que se deporte a personas a su país de origen, lo cual "viola el principio de no devolución".

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¿Se puede parar este acuerdo? 

Lo pactado este lunes por la noche entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, es un acuerdo preliminar que tendrá que plasmarse próximamente en un reglamento o en una directiva europea. Para su aplicación no tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo, aunque expertos como Javier de Lucas esperan que se debata en esta Cámara y que la presión que puedan ejercer los grupos que estén en contra –por el momento sólo el grupo popular europeo se ha mostrado completamente a favor– acabe relajando los términos suscritos este lunes. 

En cualquier caso, la jueza Carla Vallejo recuerda que la vía de los tribunales también está abierta. En este sentido, señala que los particulares afectados, entre los que se puede incluir a las ONG que trabajan con refugiados, tienen la capacidad de acudir tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de haber agotado el procedimiento previo en cada Estado. También los tribunales nacionales que tengan que aplicar esta normativa, en el caso de que consideren que vulnera el derecho comunitario, podría llevarla al TJUE a través de una cuestión prejudicial.