Los docentes universitarios tampoco escapan de la precariedad laboral

El de la precariedad laboral no es un fenómeno ajeno a la Universidad pública. De hecho, gran parte de la docencia la asumen los profesores asociados, una categoría de profesorado mal pagada, desatendida y, en demasiados casos, usada de forma fraudulenta. Durante los años de bonanza, el número de profesores asociados no dejó de aumentar en todas las universidades públicas porque eran fáciles de contratar –no son necesarias oposiciones– y, sobre todo, económicos.

El problema, no obstante, no es el modelo en sí, sino su uso de forma abusiva. Los profesores asociados son docentes contratados temporalmente que, según la ley, tienen una experiencia reconocida y una nómina en el sector privado a los que se les ofrece dar clases para que puedan mostrar a los estudiantes la realidad de la profesión para la que se están formando. Además, la norma establece que la materia impartida no constituya una necesidad permanente del centro universitario.

La cuestión es que, en la práctica, muchos de ellos no tienen esa nómina pero ante la falta de posibilidades para iniciar su carrera, se acogen a este tipo de contrato como única opción llegando incluso a pagarse la cotización de autónomos. Además, algunos atienden necesidades permanentes y duraderas. Estos son los llamados falsos asociados: una trampa permitida e incluso fomentada desde las universidades, que los contratan a tiempo parcial y con sueldos de miseria. 

Desde 2010, los recortes presupuestarios han llevado a las universidades a prescindir de una parte sustancial de su profesorado y, en particular, de sus docentes asociados, que tras años de servicio encadenando contratos temporales han visto como se quedaban en la calle sin tener derecho siquiera a una indemnización. Al final, sus reivindicaciones han acabado en los tribunales, donde no siempre han encontrado el respaldo que buscaban. 

El profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Lleida Josep Moreno Gené, que ha estudiado la "elevada litiogiosidad" que la contratación de estos docentes está suponiendo en el seno de las universidades, dice que este tema "ha explotado" en los últimos años, cuando muchos de estos docentes han experimentado la situación de desamparo en la que quedaban tras llevar hasta 15 o 16 años de servicio docente. 

Sentencias contradictorias 

Sin embargo, no siempre los jueces han dado la razón a las demandas de este colectivo. "Hay sentencias contradictorias sobre qué efectos debe tener esta figura y, como el tema todavía no ha llegado al Supremo, por el momento hay dos doctrinas", dice Moreno Gené. En algunas sentencias se ha considerado que estos contratos son nulos y no tienen derecho a indemnización. Y en otras sí se ha estimado que se realizaron en fraude de ley porque no se cumplían los requisitos para su celebración y se ha ordenado la readmisión o el despido con indemnización. 

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia fallaron el pasado marzo en contra de un profesor asociado que fue despedido tras encadenar durante 12 años contratos temporales en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPC) por 743,13 euros al mes y que reclamaba su readmisión. Aunque un juzgado de lo social le dio la razón y obligó al centro a readmitirle o a pagarle una indemnización de 12.633,21 euros y los salarios desde el día de su despido, los jueces del TSJ tumbaron este fallo con el argumento de que haber impartido una asignatura durante varios años no convertía su contrato en indefinido.

En un sentido similar también se han pronunciado los jueces del TSJ de Cataluña en varias ocasiones. En 2014, por ejemplo, anularon una sentencia de un juzgado de lo social de Barcelona que había ordenado la readmisión de un profesor de la Universidad Pompeu Fabra al que, durante dos años, se le fue renovando un contrato por un tercio de jornada como falso asociado a pesar de que no tenía ninguna actividad fuera de la universidad. 

Pero, como recuerda Moreno Gené, también hay sentencias en el sentido contrario. Por ejemplo, en octubre de 2014, el TSJ de Madrid condenó a la Universidad de Alcalá de Henares a pagar una indemnización de 10.428,51 euros o readmitir en su puesto de trabajo a un profesor que había estado contratado como falso asociado por un tercio de jornada durante 16 años, entre 1997 y 2013. Meses antes, en diciembre de 2013, el TSJ de Cataluña también había sentenciado que había habido fraude de ley en el contrato de una falsa asociada de la Universitat de Girona a la que este centro tuvo que indemnizar con 32.864'78 euros.

A juicio del profesor Moreno Gené, la forma más objetiva de decidir si el contrato de un profesor asociado se ha realizado o no en fraude de ley es determinar si esa persona es realmente un profesional de reconocida competencia externo a la universidad o si se le ha contratado a través de esta figura sin cumplir los requisitos sólo por una cuestión de ahorro. En este segundo supuesto, a su juicio, se estaría produciendo un fraude de ley. "El problema es que si los jueces no penalizan a las universidades no hay ningún incentivo para no mantener un sistema que es abusivo y que consolida la precariedad", señala. 

Colectivos de protesta 

Más allá de la vía judicial, colectivos como la Plataforma de Profesorado No Permanente en Madrid o la Asamblea de Profesorado Reclamante de la Universidad de Barcelona llevan tiempo denunciando su situación de precariedad laboral. Aseguran que sus contratos son parciales no sólo por las horas que les pagan, sino por el sueldo que cobran, que puede llegar a ser hasta cinco veces inferior que el de un profesor titular por una carga de trabajo similar. 

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Montserrat Jiménez, profesora del Departamento de Filología Española III de la Universidad Complutense, es una de las afectadas por el uso abusivo de este tipo de contratación. Con 41 años y una larga carrera como investigadora dentro y fuera de España, cobra 600 euros al mes por impartir tres asignaturas, así que tiene que compatibilizar este trabajo con otro puesto de un cuarto de jornada como interina en una escuela oficial de idiomas e incluso dando clases de español para extranjeros. 

Jiménez lleva así desde 2013 y no ve demasiadas opciones de que su situación mejore. "No se puede vivir con 600 euros, esto es la proletarización absoluta del profesorado", denuncia. E insiste en el perjuicio que tiene esta política de contratación no sólo para los docentes sino para la Universidad como institución. "Aunque intentamos seguir investigando y haciendo nuestro trabajo lo mejor que podemos, claro que afecta no poder tener una situación estable", lamenta. 

En esta misma cuestión insiste Fernando Moreno Serrano, miembro de la Plataforma de Profesorado No Permanente de Madrid. Además del "drama" de que personas con una alta formación estén realizando un trabajo de responsabilidad en condiciones "muy precarias", también insiste en las consecuencias que tiene para las universidades esta masiva incorporación de docentes a bajo precio. "Las facultades se están quedando sin plantilla investigadora, lo que indudablemente puede acabar repercutiendo en la calidad", sentencia.