Una jueza imputa al exdiputado del PP Martínez-Pujalte por los delitos de falsedad y cohecho

La titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, Josefa Bustos Manjón, ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la fiscal jefe de Valladolid, María Ester Pérez Jerez, contra el exdiputado del PP Vicente Martínez-Pujalte por los delitos de falsedad y cohecho presuntamente cometidos mientras era parlamentario. La jueza ha dictado una providencia en la que cita a declarar a partir del 23 de noviembre a los querellados por el Ministerio Público, entre los que se encuentra el propio Martínez-Pujalte como administrador de la sociedad Sirga XXI Consultores SL.

La magistrada también ha habilitado otras dos fechas, en concreto el 14 de diciembre y un día a determinar de enero, para continuar con las comparecencias de los investigados.

La fiscal María Ester Pérez Jerez acusa a Martínez-Pujalte de simular pagos de diferentes empresas, entre ellos de la constructora Collosa, Marcenado Economistas, Lagun Media, Zenet Capital, Compañía de Inversiones y Servicios, Eyee Estudios y Laboratorios del Doctor Esteve por trabajos inexistentes mientras ocupaba el escaño.

Según la representante del Ministerio Público, los imputados han aportado para justificar estos ingresos "copias de trabajos sin firmar, sin fecha, sin especificar cuál corresponde a cada una de las sociedades", al mismo tiempo que no se facilitan los contratos que pudieran justificar las relaciones contractuales, lo que acredita, según la fiscal, "el carácter simulado en su integridad de las facturas cuyo importe ha percibido Sirga XXI Consultores".

La denuncia también se dirigía contra la exsenadora del PP por Valladolid Ana Torme, que previamente había denunciado los hechos, contra Alejandro Llorente Muñoz (Corporación Llorente Muñoz SL), el consejero delegado de Corporación Llorente (Collosa), Alejandro Ballestero de Diego (exdiputado del PP y administrador de la firma Mind Talent), Juan Antonio Mora Barrero (Marcenado Economistas SL) y contra María del Mar Benito Vega (Transport System Worldwide SA), todos ellos relacionados con la empresa de Pujalte Sirga XXI Consultores o con firmas que le abonaron a esta importantes cantidades.

Primero en Valladolid

El Ministerio Público denunció en un primer momento los hechos ante los juzgados de Valladolid, que se inhibieron a los de Madrid tras comprobar que las empresas implicadas tienen su sede social en esta ciudad.

Los hechos fueron investigados durante un año, tras lo cual la fiscal acordó presentar la citada denuncia que fue turnada al Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que decidió inhibirse y remitir la misma al juez decano de Madrid para acabar en el número 49 de Instrucción.

Pujalte y Torme eran dueños al 50% de Sirga XXI Consultores, creada mientras eran parlamentarios, hasta que en 2011 la senadora le vendió su participación. A esa sociedad, que el 13 de septiembre de 2015 fue liquidada por Martínez-PujalteMartínez-Pujalte y su socio Jaime Miguel Marín Cózar, se hicieron los pagos de Collosa.

Abonos regulares

El exdiputado del PP por la Región de Murcia recibió abonos regulares de la constructora, que contrataba con la administración pública, mientras ocupaba un escaño en el Congreso. La denuncia detalla los ingresos del despacho entre 2008 y 2014, procedentes de la constructora y de otras empresas de diferentes sectores.

La teórica razón de esos pagos era el asesoramiento, pero la Fiscalía asegura que "no se aportan los informes que hubieran podido realizar" y que "el asesoramiento era verbal". A la vez, la empresa Collosa recibió en esos años, entre 2006 y 2013, ingresos por contratos con la Junta de Castilla y León por importe total de 134,4 millones. Además, las UTE participadas por Collosa ingresaron de la Junta en el mismo periodo 438,5 millones.

Otra firma, Marcenado Economistas, paga a la empresa de Pujalte incluso antes de que ésta se haya constituido legalmente. Esta empresa era al 50,10% de Ricardo Romero de Tejada, que fue secretario general del PP en Madrid y es uno de los procesados por utilizar las tarjetas black de Caja Madrid.

También abonaron ciertas cantidades a Martínez-Pujalte la Confederación Empresarial de Madrid, la Confederación Regional Empresarial de Extremadura y el Consejo Económico y Social de Extremadura, Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, entre otros. La primera aporta una fotocopia de un libro y la segunda "estudios incompletos".

Cobró de las cámaras de comercio

De la Cámara de Comercio cobró mientras era ponente de la Ley de Cámaras en el Congreso, según destaca el escrito de la fiscal jefe de Valladolid. "No se aporta el contrato que pudiera sustentar la prestación de servicios", resalta el escrito de la Fiscalía.

"En el caso de Corporación Llorente Muñoz el contrato es previo a la existencia de la sociedad Sirga XXI, no existe ni un solo informe ni dictamen, es una sociedad con un importante volumen de negocio que tiene numerosos asesores y especialistas, muchos de ellos coincidentes con la clase de asesoramiento que dice recibir de Martínez-Pujalte", añade la denuncia.

Por eso, la fiscal concluye que los hechos podrían constituir un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículos 390 y 392 del Código Penal y de cohecho continuado de los artículos 426, 422 y 424, al tratarse, presumiblemente, de "documentos simulados creados ad hoc para encubrir unos pagos por servicios inexistentes".

Contra los pagadores

La denuncia de la fiscal jefe de Valladolid se dirige también contra "todas aquellas personas, cuya identidad ha de acreditarse, ostentaran el cargo de presidente" de las cámaras de comercio y de las empresas pagadoras.

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Entre estas sociedades denunciadas no se encuentra Scardovi, la empresa del exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, pero también vinculada por un contrato secreto con el exembajador en India Gustavo de Arístegui, que hizo diferentes pagos a la firma de Pujalte.

Tanto Arístegui como De la Serna están siendo investigados en la Audiencia Nacional por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, por cobrar de forma presuntamente irregular más de 5 millones de empresas españolas.

En la denuncia, la fiscal jefe de Valladolid llama la atención en que uno de los trabajos que supuestamente realizó Martínez-Pujalte a Scardovi era sobre la 'Influencia de las compañías aéreas low cost sobre el turismo en la Comunidad Valenciana', que según la fiscal "es el mismo que el aportado como realizado para Marcenado Economistas SL cambiando la Comunidad Autónoma a la que se refiere".