33 altos cargos de la UE acabaron en empresas ‘lobbistas’ tras su paso por las instituciones europeas

El banco de inversión Goldman Sachs, uno de los más señalados como culpable de la crisis económica de 2008, lo anunció el pasado 8 de julio, en pleno verano. El que fuera presidente de la Comisión Europea entre 2004 y 2014 y primer ministro de Portugal, José Manuel Durão Barroso, había sido contratado como presidente no ejecutivo por la subsidiaria con sede en Londres Goldman Sachs International (GSI): "Su perspectiva, juicio y consejo añadirá un enorme valor a la dirección de GSI, a Goldman Sachs, nuestros accionistas y nuestra gente", señalaba entonces el comunicado. Desde ese mismo momento se puso en duda si el fichaje contravenía alguna norma comunitaria.

Representantes sindicales y exfuncionarios comunitarios recogieron firmas para retirarle los privilegios –7.500 euros de pensión mensual, entre otros– de los que gozaba tras su paso por las instituciones europeas. Ante tal revuelo, y después de que la Defensora del Pueblo solicitase estudiar este caso en concreto, el actual Ejecutivo comunitario decidió llevar la contratación de Barroso ante el comité de ética, que hace unas semanas dio su veredicto: “Goldman Sachs puede ser considerado a la vanguardia del capitalismo agresivo, pero mientras respete la ley el hecho de aceptar un puesto en el banco no es ilícito”, señalaban en el escrito. 

Pero el fichaje de Barroso no es un hecho aislado en las instituciones comunitarias. El Corporate Europe Observatory (CEO) cifra en al menos 93 el número de casos de puerta giratoria en la UE desde el año 2007 – el listado registra movimientos dudosos tanto de comisarios, eurodiputados o funcionarios que tras su paso por la administración terminan en empresas privadas como de aquellas personas que acaban en las instituciones comunitarias tras su paso por algunas compañías–. El primer tipo de puerta giratoria se ha dado en 83 ocasiones. El segundo, en sólo una decena.

Las puertas giratorias registradas por el CEO se dan en mayor medida en el área de las Finanzas, con 17 casos. Le siguen Energía/Clima, con 13; Comercio, con 6; Agricultura y Medio Ambiente y el sector Alimentario, con 5 cada uno; Salud/Medicamentos, Negocios/Industria, Tabaco y Relaciones Exteriores, todos ellos con 4 casos; Tecnología de la Información, Competencia y Asuntos Marítimos, con 3 cada uno; y Desarrollo, con 1 caso. De los 18 restantes, en 17 ocasiones la categoría asignada al área política es "General" y en dos no está registrada.

En 80 casos, la empresa de la que salieron o a la que se unieron tras abandonar su cargo público está inscrita en el registro de lobbies que la Comisión Europea puso en marcha en junio de 2011 para todos aquellos despachos de abogados, ONG, grupos de reflexión o cualquier organización que busque influir sobre la toma de decisiones de la Unión Europea. Aunque la inscripción en este registro es de carácter voluntario, el entonces comisario europeo de Administración, Maros Sefcovic, recordó que aquellas que participen tendrían "más posibilidades de obtener respeto y atención".

22 eurodiputados

En la mayoría de los 93 movimientos, las puertas giratorias fueron tomadas por cargos de bajo rango. Pero el problema no se queda sólo en ese escalafón del organigrama comunitario. Subiendo un poco podemos encontrar a 22 eurodiputados. De formaciones de izquierda y de derecha. De ellos, 12 son de Reino Unido –Gary Titley, Glyn Ford, Peter Skinner, John Purvis, George Lyon, Chris Davies, Martin Callanan, Graham Watson, Fiona Hall, Sharon Bowles, Brian Simpson y Arlene McCarthy–.

A estos hay que sumar 3 alemanes –Erika Mann, Silvana Koch-Mehrin y Holger Krahmer–, 2 finlandeses –Piia-Noora Kauppi y Carl Haglund–, 2 daneses –Karin Riis-Jørgensen y Emilie Turunen– y 1 sueco, 1 polaco y 1 holandés –Olle Schmidt, Michal Kaminski y Corien Wortmann-Kool, respectivamente–.

En 19 casos, pasaron a engrosar la plantilla de empresas inscritas en el registro de lobbies. Las tres únicas excepciones fueron Martin Callanan (se fue a Symphony Enviromental Technologies), Michal Kaminski (Prism Group) y Emilie Turunen (se fue a Nykredit).

14 comisarios de Barroso

Pero también encontramos estos movimientos en el Ejecutivo comunitario: un total de 14 comisarios sigueron el mismo camino desde el año 2007. Hablando en plata: casi la mitad de los comisarios de los dos Gobiernos europeos presididos por Durão Barroso probaron suerte tras su salida en grandes empresas, laboratorios, consultorías, bancos o importantes despachos de abogados.

Es el caso de los ex comisarios de Asuntos Marítimos (2004-2009) Joe Borg –se fue a la consultora Fipra–, de Desarrollo y Ayuda Humanitaria Louis Michel –pasó a ser miembro del Consejo de la entidad financiera Credimo–, de Protección del Consumidor Meglena Kuneva –su destino fue el Consejo de Administración del banco BNP Paribas–, de Asuntos Empresariales e Industriales Günter Verheugen –fundó la consultora European Experience Company sin informar a la Comisión Europea, aunque estaba obligado a ello–, de Mercado Interior Charlie McCreevy –entra en el Consejo de Ryanair–, de Relaciones Exteriores Benita Ferrero-Waldner –pasa a formar parte del Consejo de Administración de la consultora Munich Re, entre otras– o de Comercio Karel de Gucht –continuó con su carrera en la operadora móvil Proximus o en el banco Merit Capital–.

Completan este listado el extitular de Transporte Siim Kallas –se incorporó como asesor de la empresa de software Nortal–, de Agenda Digital Neelie Kroes –continuó con su labor profesional en Bank of America Merrill Lynch o Salesforce–, de Asuntos Marítimos y Pesca (2010-2014) Maria Damanaki –tras su salida se incorporó a la ONG The Nature Conservancy–, de Acción Climática Connie Hedegard (2010-2014) –empezó a trabajar en Volkswagen–, de Fiscalidad y Lucha contra el fraude Algirdas Semeta –se incorporó a Ukraine Business Ombudsman–, de Justicia Viviane Reding –a su salida entró en la Fundación Bertelsmann, entre otras– y de Medio Ambiente Janez Potocnik –se incorporó al Fórum por el Futuro de la Agricultura, patrocinado por la empresa agroalimentaria Sygenta–.

Salvo en tres casos –Algirdas Semeta, Günter Verheugen y Louis Michel–, todos los nuevos destinos de los excomisarios son empresas registradas como lobbistas.

Van Rompuy y Rasmussen

Pero el listado también recoge, junto al de Durão Barroso, otros dos nombres de gran relevancia en Europa: Herman Van Rompuy,presidente del Consejo Europeo (CE) entre diciembre de 2009 y el mismo mes de 2014, y Anders Fogh Rasmussen, que fue presidente de turno del Consejo Europeo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2002. Años después, en 2009, fue elegido secretario general de la OTAN. 

Van Rompuy se convirtió en presidente de la Junta Asesora de Tomorrowlab –una consultoría que actúa, según su página web, como "una incubadora, facilitador y catalizador neutral para proyectos de innovación" y con una "accesibilidad instantánea a una red de alto nivel"–. El ex primer ministro danés, por su parte, puso en marcha tras su salida de la OTAN Rasmussen Global, una compañía que proporciona "servicios de consultoría geopolítica y estratégica" en temas como "seguridad internacional, seguridad energética, relaciones transatlánticas..." y que se encuentra inscrita desde el pasado 23 de febrero en el registro de lobbies de la Unión Europea.

En el caso de Van Rompuy, el Consejo Europeo respondió al Corporate Europe Observatory diciendo que el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la UE "sólo es legalmente aplicable a los miembros de la Comisión y no al presidente del CE": "[Van Rompuy] no está obligado a presentar una solicitud de autorización para emprender nuevas actividades profesionales", señalaron por carta desde el Consejo Europeo.

En el caso de Rasmussen, éste se defendió de las críticas alegando que ha "acumulado mucha experiencia" durante su estancia en el cargo y, por lo tanto, pretende usar "esa experiencia por el bien público". La Organización del Tratado Atlántico Norte, por su parte, respondió, preguntada por el Corporate Europe Observatory, que aunque existe en la OTAN un código de conducta, "no hay reglas específicas que se apliquen al post-empleo".

Dos españoles en el listado

El resto de la lista lo completan trabajadores de la Administración europea de menor categoría. Sin embargo, entre estos últimos también podemos encontrar movimientos a tener en cuenta. Es el caso, por ejemplo, del ex director ejecutivo de la Agencia Europea del Medicamento (AEM) Thomas Lönngren, que después de casi una década en el puesto pasó a ser asesor de NDA Group –en su página web se define como "la principal consultora de desarrollo de fármacos del mundo"–. Pero también del griego Poppy Kalesi, que tras abandonar su cargo de director de programación de la Dirección General de Energía pasó a trabajar para la petrolera noruega Statoil como consejero de asuntos normativos de la UE. O de Suzy Renckens, que se movió desde la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a la multinacional agroquímica Syngenta.

Dentro de este grupo, el Corporate Europe Observatory incluye a dos españoles: Isabel Ortiz y Xavier Luria. La primera pasó de trabajar en la Dirección General de Empresa e Industria a ocupar el puesto de directora de Información del Consumidor, Dieta y Salud de FoodDrinkEurope, una confederación que aglutina a empresas europeas de la industria de la alimentación y las bebidas que también está inscrita en el registro de lobbies.

A preguntas de infoLibre, Ortiz se defiende: "Tenía un contrato de tres años no renovable y al terminar mandé currículums a todas partes, incluso a asociaciones de consumidores, pero fue FoodDrinkEurope la que me contrató". La doctora en Derecho, además, señala que antes de abandonar el puesto se lo dijo a sus superiores y se abrió un procedimiento interno en el que se concluyó que no se incurría en incompatibilidad. "Jamás tuve acceso en mi puesto [en la Dirección General de Empresa e Industria] a ninguna información privilegiada o confidencial", sostiene.

Luria, por su parte, estuvo desarrollando el cargo de jefe del sector Seguridad y Eficacia de los Medicamentos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) hasta el 15 de marzo de 2012. Tras su salida, comenzó a trabajar para Oryzon, Trial Form Support y NDA Partners –todas ellas relacionadas con la salud y los medicamentos–, entre otras. Según recoge el Corporate Europe Observatory, el EMA autorizó las nuevas actividades con las siguientes condiciones por un periodo de dos años: abstenerse de función directiva o ejecutiva y de proporcionar orientación o asesoramiento sobre cualquier producto específico con el que haya estado anteriormente implicado "directa o indirectamente".

Este diario intentó, sin éxito, ponerse en contacto con el doctor Luria. Sin embargo, en agosto de 2012 hizo llegar al CEO una carta en la que señalaba que durante la preparación de su salida de la EMA mantuvo "una serie de reuniones internas con el fin de obtener aclaraciones sobre lo que podía ser considerado como conflicto de intereses" y en la que apuntaba que mantenía su "pleno compromiso en el cumplimiento de las normas". "Desde que dejé la EMA he declarado a la Agencia todas las actividades a las que me he comprometido y todas ellas han sido evaluadas, declarándose que no están en conflicto con el interés del servicio y siendo autorizadas".

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Desde el Corporate Europe Observatory alertan sobre los riesgos de las puertas giratorias en la Administración europea. "Cuando una compañía contrata a un comisario o eurodiputado, que tienen un enorme conocimiento interno de las instituciones y una buena lista de contactos, la empresa gana una influencia que otras no tienen y se pone en una posición perfecta para influir en las decisiones de la UE", sostiene en conversación con infoLibre Margarida Silva, miembro del CEO. Sin embargo, desde la organización señalan que también es preocupante el movimiento del sector privado al público. Por ello, consideran que las puertas giratorias son en las dos direcciones.

Entonces, ¿los políticos sólo se pueden dedicar a la política? "El problema está en que acaben en empresas que quieren influir sobre la normativa comunitaria", repite Silva. Y añade: "Hay muchos empleos donde eso no ocurre". Con todo esto sobre la mesa, proponen a la Comisión Europea que prohíba "por un periodo de 3 años para los excomisarios y 5 años para los expresidentes de la Comisión Europea" aceptar empleos que creen conflictos de interés o desempeñen, directa o indirectamente, cualquier actividad de lobbying". Y más, sostiene, cuando están cobrando "una subvención de transición" de la UE. 

Tras conocerse el fichaje de Barroso por Goldman Sachs, la Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, envió una carta a Juncker en la que le pedía aclarar el caso del expresidente de la Comisión y dejaba caer que era "necesario revisar el Código de Conducta". Silva también sostiene que hay un "problema" con las actuales reglas. Y pone como ejemplo el caso de la comisión ética que dio luz verde a la contratación del político luso. "No puede iniciar investigaciones hasta que no lo soliciten los comisarios, que son los que se encargan también de nombrar a los miembros de este órgano...". Por eso, concluye, es cada vez más necesaria una comisión ética "verdaderamente independiente".