'Caso ERE': El TSJA investigará si un diputado del PSOE cobró dinero público sin trabajar

Antes de abandonar a final de año su destino como magistrado de refuerzo del juzgado número 6 de Sevilla, Álvaro Martín está intentando deshacer algunos nudos de la maraña del caso de los ERE, que suma más de 60 piezas y 250 imputados. El principal hito de esta fase culminante de su papel como instructor fue el envío a juicio de la conocida como pieza política, en la que están acusados los ex presidentes andaluces Manuel Chaves (prevaricación) y José Antonio Griñán (prevaricación y malversación). Pero la tarea de Martín no se queda ahí. La pasada semana el juez abrió juicio oral contra el ex consejero de Empelo Antonio Fernández y otros seis ex altos cargos por las ayudas concedidas a dos empresas, Acyco y Surcolor. Y la semana anterior había dictado otro auto ampliando de 11 a 30 el número de imputados por la pieza de las sobrecomisiones, en la que se investiga un sistema dedicado a la obtención supuestamente irregular de comisiones por la mediación en los ERE fraudulentos.

El juez Martín destaca en su relato el papel del ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, señalado a lo largo de la instrucción como el supuesto conseguidor de los ERE. Lanzas, según el juez Álvaro Martín, "actuó en numerosos expedientes de ayuda como mediador, logrando la financiación de la Junta y facilitando la intervención de [la aseguradora] Vitalia y [el bufete de abogados] Estudios Jurídicos Villasís en lo referente a la tramitación de las ayudas de empresas". "De esta forma", añade Martín en su auto de 9 de noviembre, "por la influencia ejercida sobre los directores generales de Trabajo, lograba que se suscribiesen pólizas con sobrecostes de cuantía injustificada".

Lanzas es por todo ello un personaje clave en la reconstrucción de los hechos presuntamente delictivos vinculados a la gestión de los ERE en Andalucía. Ello añade relevancia al auto dictado el lunes por la jueza María Núñez Bolaños, titular del juzgado número 6 de Sevilla. Atendiendo una petición de la Fiscalía, la magistrada que relevó a Mercedes Alaya al frente del caso eleva al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una exposición razonada para que investigue al parlamentario autonómico del PSOE Carmelo Gómez en relación a un presunto delito societario de la empresa pública Mercasevilla por el supuesto cobro irregular de 8.390,55 euros que habría percibido cuando trabajó para una sociedad que, según la Guardia Civil, estaba vinculada a Juan Lanzas.

Dinero de Mercasevilla

La Guardia Civil considera –según recogió en un oficio que incluye la jueza en su auto– que existen "indicios suficientes" para considerar que Fernando Mellet, que era director de Mercasevilla, "en connivencia con Juan Lanzas", abonó con cargo a dicha sociedad municipal unos 70.000 euros a Carmelo Gómez, a José Antonio García (ex concejal del PSOE), a María del Carmen Rodríguez (nuera del ex delegado de Empleo Antonio Rivas) y a José Rodríguez (asesor fiscal de Juan Lanzas). Todos ellos serán investigados, en virtud del auto de la jueza.

La Guardia Civil sospecha que dichos cobros pudieron ser indebidos. ¿Por qué? En el caso de Gómez, estuvo dado de alta como trabajador en Maginae Solutions, empresa que según la Guardia Civil formaba parte del entramado societario de Juan Lanzas, entre marzo y agosto de 2007. Por ello cobró 8.390,55 euros. Esta cantidad no dista excesivamente de la que le abonó Mercasevilla, 7.846 euros, según la Guardia Civil. Por ello, dice el oficio policial recogido en el auto, "existen indicios razonables para considerar que Juan Lanzas, en connivencia con Fernando Mellet, habrían instrumentalizado el pago de los servicios firmados por Maginae Solutions SL y Mercasevilla SA". "Así se obtendrían los fondos necesarios para luego realizar los pagos a los trabajadores contratados indiciariamente de forma simulada en las empresas dirigidas por Juan Lanzas [...]", añade.

Posibles contratos "simulados"

La jueza afirma en su exposición razonada: "Existen indicios de que tanto el contrato de Carmelo Gómez como de los otros investigados pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna y abonados con fondos procedentes de la entidad Mercasevilla, mediante el pago de facturas por trabajos no realizados".

La Guardia Civil considera que Maginae Solutions forma parte de un "entramado de empresas controladas por Juan Lanzas e Ismael Serrano", cuñado de aquél, al igual que otras como Consulting Social Seimur o Al Andalus Mass Media Channel. Maginae, la que afecta a Gómez, se constituyó en 2006 poniendo al frente a Ismael Serrano, si bien la Guardia Civil cree que es Lanzas el "administrador de hecho" de la misma. Uno de los motivos de esta sospecha es que el primer domicilio social de la empresa era la casa de Lanzas en Albanchez de Mágina (Jaén), según la Guardia Civil. Los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social a la Guardia Civil demuestran que la mayoría de los trabajadores que fueron datos de alta en Maginae se encuentran vinculados "de un modo u otro" al entorno familiar de Lanzas.

María Isabel Arias, empleada de una de las empresas de Lanzas –Consulting Social Lemur– y la responsable del papeleo de la contratación de Gómez y otros dos empleados supuestamente simulados, declaró ante la Policía Nacional que nunca conoció las funciones de los mismos ni habló con ellos.

Los hechos descritos en el auto podrían suponer delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil, según la jueza, que eleva los hechos al TSJA no sólo para la investigación de Gómez, sino también de los no aforados, ya que existe una "íntima conexión" entre todos ellos que hace que el caso no se pueda trocear. El auto no establece qué delito afectaría supuestamente a cada uno de los investigados.

Concejal con Monteseirín

Gómez es miembro del comité federal del PSOE y de la ejecutiva regional, así como vicesecretario general del PSOE de Sevilla y secretario general de la agrupación local socialista de la Macarena. Es parlamentario andaluz desde 2012. Fue concejal en el Ayuntamiento de Sevilla entre 1998 y 2002, cuando fue cesado como delegado de Hacienda, Personal y Distrito Macarena por Alfredo Sánchez Monteseirín, entonces alcalde, en un contexto de guerra interna en el socialismo sevillano, tradicionalmente turbulento. Inició tras su cese una travesía por el desierto –durante la cual tiene lugar su paso por Maginae– que termina en 2008, cuando José Antonio Viera, entonces líder del PSOE de Sevilla, lo recupera para su ejecutiva provincial. Susana Díaz, secretaria general del PSOE andaluz, lo integró en su ejecutiva regional en 2013. Pese a su juventud –tiene 48 años–, Gómez es un histórico del socialismo sevillano.

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, afirmó este martes su "absoluto respeto" por la decisión judicial y pidió que el caso se aclare "cuanto antes". Ciudadanos, socio de legislatura del PSOE, aseguró que pedirá la dimisión de Gómez si es imputado por "corrupción política". El criterio que Ciudadanos emplea para definir la "corrupción política" no es estable. Gómez no se pronunció públicamente este martes.

El TSJA investigará ahora si Gómez –aforado por su condición de parlamentario– cobró más de 8.000 euros indebidamente, presuntamente sin haber realizado en realidad el trabajo por el que se le remuneró, y beneficiándose supuestamente además de fondos públicos que no le correspondían. Al Alto Tribunal andaluz le corresponde pues indagar si Gómez se ha beneficiado de cobros irregulares organizados entre otros por Juan Lanzas, precisamente el personaje que el juez Martín sitúa como principal conseguidor de los ERE. Cuando Lanzas tuvo contratado a Gómez, aún no había sido imputado por los ERE, pero ya desarrollaba las tareas supuestamente delictivas por las que ha sido imputado. Gómez no será investigado por una supuesta relación con el caso ERE, sino por el cobro de esos más de 8.000 euros, supuestamente de Mercasevilla, según la Guardia Civil.

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El auto de 9 de noviembre del juez Martín es útil para calibrar el papel de Lanzas en la supuesta trama de las sobrecomisiones. Según el magistrado, el ex sindicalista actuaba en cooperación con Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, y Antonio Rivas, ex delegado de Empleo, entre otros. Su último auto sobre esta pieza señala que Guerrero estableció el procedimiento de las sobrecomisiones para la distribución de ayudas y subvenciones, valiéndose de dicho mecanismo "para lograr los fines de libre disposición sobre las partidas destinadas a ayudas sociolaborales". Antonio Rivas –siempre según el juez Martín– favoreció el desarrollo de expedientes de regulación de empleo, "en los que se empleaban entidades intermediarias a sabiendas de la percepción de sobrecomisiones, como contrapartida a la inclusión de intrusos y a la ausencia de un trámite ordinario en la concesión de ayudas". Lanzas sería, según este relato, el conseguidor, un término que no aparece en el auto. Famosa se ha hecho una expresión de su madre, recogida por los investigadores policiales, según la cual Juan Lanzas tenía "dinero para asar una vaca". El auto tampoco cuantifica las sobrecomisiones.

La tesis defensiva de la Junta señala que el grueso de los altos cargos juzgados en la pieza política actuaron desde la buena fe, con desconocimiento del destino irregular de los fondos aprobados para ayudas. Eso se dirimirá fundamentalmente en la pieza política. En la parte del caso que investiga las sobrecomisiones no se arbitra si se ha traspasado o no el límite de la irregularidad administrativa para adentrarse en el terreno penal. Los hechos que describe la instrucción de esta pieza sí apuntan a un posible lucro personal, a una posible corrupción destinada al beneficio económico del supuesto conseguidor.

Según otro auto de junio de la magistrada Núñez, las sobrecomisiones –de las que supuestamente se benefició Lanzas– se establecían presuntamente "no sólo en las ayudas sociolaborales [los ERE], sino encubriendo ayudas directas a empresas (Aglomerados Morell), pagos de compromisos asumidos (FCC y Cespa) o directamente pagos de deudas previas de empresas (comercial Dhull) de importes de primas pagados por la Junta de Andalucía, muy al parecer [sic] superiores al precio de mercado de éstas. Esta prima, según Núñez, era "el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizarían una participación presuntamente ilícita en el reparto de los fondos de la Junta de Andalucía". Ésta es la pieza que afecta a Lanzas, cuya relación con el parlamento y dirigente socialista Carmelo Gómez le corresponde al TSJA investigar ahora.