Gestha respalda a la oposición y pide investigar a los contribuyentes acogidos a la amnistía

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se suman a la moción sobre los procesos de regularización llevados a cabo en el año 2012, conocida como amnistía fiscal, que defenderá este martes el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, y pide que se investigue a estos contribuyentes amnistiados al tratarse de un colectivo con riesgo de evasión fiscal.

Gestha apoya así la propuesta de Ciudadanos para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de estos contribuyentes, que los técnicos circunscriben a los ejercicios no prescritos de 2012 a 2015. Además, piden que la Agencia Tributaria realice una selección de las 29.065 personas y 618 sociedades amnistiadas para que se incluyan en el plan de inspección a los contribuyentes con mayor patrimonio aflorado, que ya reconocieron haber evadido de forma masiva durante años.

De hecho, hasta la fecha se ha detectado una deuda de 238 millones en actas de inspección al 11,5% de los amnistiados, lo que representa un índice "muy elevado" de incumplimiento en este colectivo.

Igualmente, Gestha apoya la enmienda del Grupo Socialista para modificar la Ley General Tributaria y conocer la identidad de las personas y sociedades amnistiadas, pues considera que esta publicación no sería inconstitucional, como tampoco lo fue la lista de morosos que aprobó el Ejecutivo el pasado año con datos de deudas acumuladas en años anteriores a su publicación.

Asimismo, los técnicos también respaldan la enmienda del grupo de Unidos Podemos para fijar el umbral del delito fiscal a partir de los 50.000 euros evadidos, aumentar la prescripción a los 10 años y agravar las penas en las defraudaciones superiores a 120.000 euros.

En la misma línea, los Técnicos de Hacienda piden que se garantice que los contribuyentes beneficiados por esta regularización fiscal no presentan indicios de haber blanqueado capitales gracias a la amnistía. El colectivo recuerda que ya se detectó en una primera fase en febrero de 2015 a 705 contribuyentes amnistiados con indicios de blanqueo de capitales.

De generalizarse estas revisiones, que para Gestha son "imprescindibles" dentro del plan de lucha contra el fraude que el Gobierno prepara, deberían remitirse de forma urgente a los órganos judiciales todos aquellos casos detectados en los que hay indicios de blanqueo de capitales antes de que prescriban estos delitos. En concreto, empezarían a prescribir a los diez años, por lo que los cometidos en 2007 prescribirían, de hecho, el próximo año.

Rebajar a 1.000 euros los pagos en efectivo

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Para Gestha, es fundamental que, a parte de llevarse a cabo esta revisión de los amnistiados, se ponga en marcha un plan de lucha contra el fraude integral que sea "realista y eficaz". Ante las medidas que ya ha avanzado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en esta línea, el colectivo pide que se reduzca el límite de los pagos en efectivo desde los 2.500 euros actuales hasta los 1.000 euros. Además, las facturas que se abonen en metálico por encima de esta cantidad no deberían poder deducirse en la declaración del IRPF o en el Impuesto de Sociedades.

Entre las medidas a abordar, los técnicos destacan tres: la reorganización del Ministerio de Hacienda, de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Tributaria con estructuras más horizontales y capacidad de decisión más compartida, el aumento de las responsabilidades de la plantilla con exigencia de su cumplimiento, así como la dotación de más medios a la Agencia Tributaria, ya que actualmente solo tiene un empleado por cada 1.928 contribuyentes, frente a países como Francia, donde hay uno para menos de la mitad de ciudadanos (860).

En concreto, Gestha calcula que España necesita a medio plazo 26.718 nuevos funcionarios para combatir el fraude con plenas garantías, ya que actualmente el 80% de los efectivos de la Agencia Tributaria se dedican a investigar a autónomos, pymes y trabajadores, lo que deja "muy poco margen de actuación" para luchar contra el fraude más sofisticado de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y multinacionales.