La reconstrucción posdana, prueba de fuego para una contratación urgente marcada por la corrupción
Ha sido la dana más destructiva de todo el siglo. Ya van más de dos centenares de muertos. Y decenas de desaparecidos. Las riadas arrasaron todo a su paso. Sobre todo, en la zona de València. Se tragaron decenas de municipios, destrozando por completo edificios, calles o carreteras. Sólo en suelo valenciano, se produjeron importantes daños en las carreteras de cinco de las seis demarcaciones en las que se divide la red provincial. Ahora, el desastre deberá ser reparado. Y, además, con la mayor celeridad posible. Una reconstrucción que se convertirá, con total seguridad, en todo un examen sobre un sistema de contratación urgente que quedó marcado en pandemia por la proliferación de estafas y corruptelas.
La ley cuenta con mecanismos extraordinarios que permiten a las Administraciones actuar de "manera inmediata" como consecuencia de "acontecimientos catastróficos" o "situaciones que supongan un grave peligro". Es lo que se conoce como tramitación de emergencia. Una fórmula que permite adjudicar contratos rápidamente evitando los trámites ordinarios. "El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente ley", recoge en su artículo 120 la norma que regula los contratos del sector público.
Es, por tanto, la fórmula perfecta para actuar ante una catástrofe como la vivida. "En este caso, tiene sentido porque hace falta contratar cosas muy rápido", explica Eva Belmonte, periodista y fundadora de Civio, organización que ha analizado en profundidad el uso de esta vía de contratación en pandemia. De hecho, la Diputació de València ya ha activado este mecanismo para adjudicar por 13,78 millones de euros las obras de restauración de daños en la red provincial de carreteras. Han colapsado puentes, se han producido roturas en muros de contención, se han registrado desperfectos sobre el firme... Una serie de reparaciones que, justifican en el informe de declaración de emergencia, deben acometerse "con carácter de máxima urgencia".
El problema es que este tipo de contratos exprés llevan aparejada una rebaja de los controles. Y eso permitió en plena pandemia que proliferaran algunas estafas y corruptelas. Buena parte del caso Koldo, por ejemplo, gira alrededor de ocho contratos de emergencia para el suministro de material sanitario que distintos entes dependientes de la Administración central adjudicaron a una empresa de la trama por más de 50 millones de euros. Y lo mismo ocurre con el caso mascarillas, que se centra en las supuestas comisiones ilegales que se habrían embolsado Luis Medina y Alberto Luceño por la compra de material sanitario que el Ayuntamiento de Madrid hizo directamente a una empresa malaya.
La reconstrucción postdana será, por tanto, toda una prueba de fuego. Y deberá afrontarse con las mismas herramientas que durante la crisis sanitaria. "No ha habido cambios ni hay más controles ahora", apunta Belmonte. En la misma línea se pronuncia en conversación con infoLibre José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo: "Formalmente no se ha tocado nada, el régimen jurídico sigue siendo el mismo". En este sentido, el también director del Observatorio de Contratación Pública sostiene que el riesgo de que determinadas personas puedan intentar aprovecharse de esta "situación dramática" para "hacer trampas" y "enriquecerse" siempre va a estar ahí. Lo que hay que intentar es reducirlo al máximo.
La transparencia es, en este sentido, clave. "Muchos casos de corrupción proliferan donde hay oscuridad procedimental", asevera Gimeno, que pide a las administraciones que a la hora de actuar con rapidez expliquen "de forma racional y motivada" el porqué de contratos, importes o empresas elegidas. Ese fue, precisamente, uno de los grandes agujeros en pandemia. Muchas administraciones tardaron meses en publicar los contratos de emergencia. Pese a que la ley dice que tiene que hacerse en quince días, un análisis realizado por Civio puso de manifiesto que al menos la mitad de las adjudicaciones se publicaron con retraso. Y en algunos casos, además, los detalles que se daban sobre lo que se había contratado eran mínimos.
Lecciones de pandemia
Esa transparencia total es clave para la "vigilancia a posteriori". Como lo es también, la existencia de "sistemas modernos y efectivos" que permitan "revisar esos contratos". "El sistema de control de la administración pública sigue siendo del siglo XIX", apunta la periodista y codirectora de Civio. De ahí que los organismos que se dedican a controlar la contratación pública –tanto a nivel estatal como algunos autonómicos– no trabajen en base a la totalidad de las licitaciones, sino solo a una muestra. Es el caso del Tribunal de Cuentas, por cuyas manos pasaron algunas de las adjudicaciones que tiempo después han terminado bajo la lupa de la justicia. El órgano fiscalizador no encontró entonces ninguna irregularidad que mereciera denuncia, pero sí algunos detalles que chirriaban.
Gimeno también cree que, con carácter previo, se pueden hacer algunas comprobaciones sencillas para detectar señales de alarma. Al menos, con las adjudicaciones de mayor importe. Si algo han puesto de manifiesto, por ejemplo, las causas judiciales derivadas de la pandemia ha sido, precisamente, que los chanchullos se hacían a través de empresas –o personas– que no tenían experiencia alguna en la materia. Algo que destacó, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas en relación con la contratación que Puertos del Estado hizo con la firma de la trama Koldo: "Hubiera constituido buena práctica de gestión contractual dejar constancia en el expediente de la capacidad y solvencia de las adjudicatarias".
En el caso de los primeros contratos de emergencia relacionados con la dana que ya están publicados en la Plataforma de Contratación Pública, la Diputació de València ha decidido que se hagan cargo de las obras en la red provincial de carreteras las empresas que tienen ya la adjudicación del contrato de conservación de cada una de las demarcaciones. "Por la acreditada solvencia técnica para abordar los trabajos, por la inmediatez en poder cometer los trabajos necesarios y por la disponibilidad manifestada para comenzar de inmediato", se justifica en el informe. Y lo mismo ha hecho, tirar de "acreditada solvencia", con los estudios técnicos necesarios para definir dichas obras.
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Aunque ahora puede ser de gran ayuda, la contratación de emergencia no puede alargarse más allá de lo estrictamente necesario. Algo que sucedió en pandemia. "Estuvimos contratando con este procedimiento cosas que ya eran estructurales dos años y medio después", recuerda Belmonte. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el Servicio Andaluz de Salud, que entre 2021 y 2023 adjudicó contratos de emergencia por un valor total de 300 millones de euros –buena parte de ellos para clínicas privadas–. Un abuso que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº13 de Sevilla y del que ha decidido hacerse cargo también la Fiscalía Anticorrupción.
La codirectora de Civio también alerta del posible uso de esta fórmula para intentar colar "cosas que nada tengan que ver con la reconstrucción o con la atención de los afectados". Algo que ya se hizo en pandemia. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, compró por la vía de la emergencia tres ecógrafos y dos equipos de mamografía, mientras que el murciano recurrió a este procedimiento para hacer reformas en el sistema de ventilación de su universidad.
No fueron los únicos incumplimientos relacionados con esta figura que detectó el Tribunal de Cuentas. No pocos contratos tardaron meses en ser ejecutados, lo que vulneraba también la normativa estatal, que establece el plazo de inicio para la ejecución de estas adjudicaciones no puede ser superior al mes –si lo va a ser, debe recurrirse al procedimiento ordinario–.
