La UE se entrega a los planes del lobby de las empresas de seguridad

La política europea de fronteras está cambiando. Por la presión de los políticos antiinmigración, pero también porque lo exige una poderosa industria. Es lo que demuestra una carta enviada en 2013 por el entonces presidente del principal lobby de la seguridad, el español Santiago Roura. Roura era uno de los directores de Indra, una de las empresas europeas que más fondos públicos recibe la UE. La pregunta que los europeos se hacen es: ¿estamos más seguros? La respuesta no es tranquilizadora.

La historia da muchas vueltas. En el lugar donde antaño fondeaban los navíos que traían esclavos africanos a Europa se eleva ahora la sede de la agencia europea que tiene por misión detectar en el Mediterráneo cualquier bote de goma que intente dirigirse a la costa de la UE. En la nueva Plaza Europa, en el lisboeta Cais do Sodré, la discreta Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA por sus siglas en inglés) es la primera entidad civil que emplea una tecnología militar, los drones o aviones no tripulados, para el control de fronteras y no para combatir la inmigración clandestina.

A más de 3.000 kilómetros del barrio lisboeta donde tiene su sede el comando de la flota de drones, se levanta otro edificio de vidrio, también nuevo, futurista incluso, en otra Plaza Europa, pero ésta situada en Varsovia (Polonia), que recibe en tiempo real la información recogida por la EMSA. La nueva Guardia Costera y de Fronteras Europea (EBCG), creada el pasado mes de noviembre, sustituye a la antigua Frontex. Allí, en el piso undécimo de una torre acristalada, en una zona degradada de Varsovia, la crisis de los refugiados se proyecta en una enorme pantalla digital, ilustrada con puntitos de colores.

Cada uno de ellos, sea verde, amarillo o rojo, representa un “incidente”.

En octubre, explica el director de Operaciones de EMSA, el holandés Leendert Bal, la imagen del radar (que capta el reflejo de las ondas electromagnéticas sobre las aguas del Mediterráneo: un barco siempre tiene metal reflector a bordo) encontró un puntito luminoso en el mar, que aun ampliado no excedía de un milímetro en la pantalla de Lisboa. Se comunicó a Varsovia. Y allí se quedó marcado en rojo: era un bote de goma con decenas de inmigrantes.

  Una agencia europea que casi nadie conoce

La EMSA (Lisboa) ve, la ECBG (Varsovia) actúa. Pero el cerebro de toda esta operación está en Estrasburgo. En un edificio de un solo piso, con algunos contenedores a un lado y un aparcamiento. Lo protege una valla metálica de 3,5 metros de altura rematada con alambre de espino. Lo que esta verja protege no es lo que se encuentra a la vista, sino lo que se esconde bajo tierra, en una sala de 25 metros de largo y 15 de ancho. Es allí donde cerca de 20 altas torres de servidores almacenan más de 100 millones de entradas con información, incluidos datos personales. Bienvenidos a la más importante agencia europea que casi nadie conoce: EU-LISA.

Es aquí donde se conectan todos los terminales de las fronteras externas europeas, ya sea en las modernas e-gates (comprobación electrónica de pasaportes) del aeropuerto de Lisboa, fabricadas en la parroquia portuguesa de Alfragide, ya sea en el caótico proceso de registro de los campos de refugiados en la isla griega de Lesbos.

Ciudadanos buscados por la Policía, coches, joyas u objetos robados, armas usadas en crímenes, permisos de residencia en territorio Schengen, candidatos al asilo, registros de inmigrantes indocumentados. Cuando un policía o guarda de fronteras quiere respuestas, las busca en las tres bases de datos de EU-LISA. Son el Sistema de Información de Schengen (SIS), el Sistema de Información de Visados (VIS) y Eurodac. Pero ya hay planes para conectar en el sótano de Estrasburgo una hilera más de servidores, porque están en camino tres nuevas bases de datos…

La nueva política de control de fronteras de la Unión Europea es la principal prioridad tras la reciente Cumbre de Bratislava. “Parar la inmigración ilegal” y “garantizar la seguridad de los ciudadanos” son sus objetivos, expuestos por la canciller alemana, Angela Merkel.

Durante dos meses, un equipo de nueve periodistas, procedentes de ocho países europeos, visitó todos estos lugares y entrevistó a más de 200 responsables: guardias fronterizos, académicos, expertos legales, mandos militares, cobistas, comisarios europeos. El resultado es una serie de trabajos como éste que el lector de infoLibre tiene en sus manos y que será publicado simultáneamente en varios países.

La Unión Europea prevé gastar en esta nueva política de fronteras 6.000 millones de euros hasta 2020. Los presupuestos nacionales de los 28 Estados miembros deben dedicarle la misma cantidad de fondos. Encima de la mesa de la Comisión, del Parlamento Europeo y del Consejo se hallan varios proyectos que pretenden desregular la protección de datos y colocar bajo sospecha a millones de personas. La Comisión Europea escoge como consejeros a representantes de la industria de la seguridad y del armamento, concediéndoles un papel decisivo en la elección de estas nuevas medidas. Falta responder una pregunta: ¿estaremos más seguros?

De Casi do Sodré, donde se encuentra la EMSA, al puerto de Alcántara, donde funciona el Centro de Coordinación Nacional de Eurosur, no hay más de 20 minutos a pie. Pero la información tiene que viajar mucho más. Sólo llega a Alcántara después de haber sido validada en Varsovia. La sala de control también tiene una pantalla gigante con el Mediterráneo en primer plano. La costa portuguesa en verde, la española en amarillo, con algunos pequeños puntos rojos, las de Sicilia y Grecia todas pintadas en rojo. El mayor João Eufrazio, coordinador portugués de la red europea Eurosur, explica la razón: el único barco con emigrantes que llegó a la costa portuguesa venía engañado… Fue en 2009, en la isla de Culatra, en el Algarve, mucho antes de la crisis actual. Después de navegar a la deriva una semana, el barco llegó a Portugal y los pasajeros, desnutridos, sólo con algunos dátiles de reserva, se dirigieron en español a las autoridades, creyendo que habían llegado a Almería. Cuentan los relatos de la época que rompieron a llorar cuando se les dijo que estaban muy lejos.

  El papel de Eurosur

Eurosur es una red de información europea, creada en octubre de 2013, que cuesta 240 millones de euros al presupuesto comunitario, oficialmente, pero que puede llegar a triplicar esa suma si tenemos en cuenta los datos de instituciones como la Fundación Heinrich Böll. En Portugal este servicio lo presta un militar de la Guardia Nacional Republicana (GNR), 24 horas al día, siete días a la semana. Su misión es introducir en el sistema de la EBCG todos los “incidentes” registrados en la frontera portuguesa (sobre todo en los aeropuertos), información que quedará disponible para todos sus homólogos europeos.

¿Todos? Si llamamos a la puerta de Eurosur en Roma, frente a Cinecittà, el Hollywood italiano, somos recibidos por Maria Rosa Preteroti, quien nos informa de que el local está en obras para arreglar el aire acondicionado. Semanas después, la misma persona informa de que la razón por la que no podemos entrar es un fallo en el sistema informático. Preguntamos al comandante Marini, del Centro de Salvamento Marítimo Italiano, qué pasa en el Eurosur. ¿El qué?, pregunta. Nunca ha oído hablar de él.

Lo intentamos en Grecia. Emmanouil Grigorakis cita la legislación a fin de respondernos para qué sirve el Eurosur. Tal vez en Polonia… Grzegorz Kazimierczak y su colega Grzegorz Niemiec responden así: “Nos vendría bien saber lo que pasa en la frontera con Eslovaquia para poder anticipar los problemas en Polonia”. Pero el Eurosur apenas ofrece información de lo que ya ha ocurrido en el pasado y nada de lo que está ocurriendo en el presente. Ésa fue la conclusión sacada por el Parlamento francés el año pasado. “Apenas registra acontecimientos pasados”, critica el informe parlamentario de París.

Vale la pena retroceder un poco. Porque el Eurosur, al igual que la nueva EBCG y tantos otros acrónimos de este sistema de control de fronteras, comenzaron siendo una idea. Y esa idea no nació en la cabeza de nuestros representantes.

El 18 de noviembre de 2013, Durão Barroso recibió una carta que también iba dirigida a Herman van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo. En vísperas de una cumbre europea decisiva, el mayor lobby europeo de la seguridad, que reúne a las principales empresas de defensa del continente (Thales, Indra, Safran y BAE, entre otras), llamado European Organisation for Security (EOS), reclamaba del entonces presidente de la Comisión una serie de pasos. Leída hoy, la carta parece una profecía cumplida.

“La EOS y sus miembros han defendido con convicción desde el principio la creación del programa Eurosur”, revela el anexo de esa carta, obtenida a través de una solicitud de acceso a la documentación oficial. Más aún: “Por ejemplo, en el marco de una Guarda Costera de la Unión Europea, se podrían alcanzar mejores resultados en la cooperación civil y militar”. La carta fue escrita más de dos años antes de que la propia UE empezara a discutir la creación de una fuerza de ese tipo.

La carta estaba firmada por el entonces director de operaciones del gigante español de armamento Indra, Santiago Roura, presidente de EOS. Indra es la misma empresa que suministra el software informático del Sistema Integrado de Vigilancia, Comando y Control (SIVICC) que la Guardia Nacional Republicana portuguesa gestiona en la misma sala donde se sienta el funcionario responsable por Eurosur. Todo el proceso fue complicado, desde el concurso (cerrado, por consulta), a la adjudicación (contestada por dos empresas competidoras, Globales y Thales), pasando por su finalización, que sólo fue concretada varios años después del plazo previsto. El asunto apenas dio para un informe crítico del Tribunal de Cuentas.

Santiago Roura acabó dimitiendo de Indra como consecuencia de uno de los principales escándalos de corrupción en España, la operación Púnica. Recibió, según informaciones de prensa, una indemnización millonaria.

El Eurosur y la nueva Guardia de Fronteras se quedaron. Y son defendidas por el responsable político del departamento de Migraciones en Bruselas. Dimitris Avramópoulos fue alcalde de Atenas, ministro de Salud, de Turismo, de Defensa y de Asuntos Exteriores en diferentes gobiernos de Nueva Democracia. Ahora es el comisario europeo de Asuntos Internos e Inmigración. Nos recibe en su despacho en Bruselas, y contradice la idea negativa de estas iniciativas recientes de la UE. Para Avramópoulos, Eurosur “está haciendo un excelente trabajo” y la creación de la nueva Guardia Europea “hará aún más” por la seguridad de los europeos.

  Dinero para el control de fronteras

El papel de la industria de seguridad no se limita, no obstante, a trasladar ideas a la cabeza de los responsables políticos. Las decisiones no siempre son inmediatas (pasan dos años entre las sugerencias del lobby y la creación de la nueva Guardia de Fronteras, por ejemplo), pero la industria tiene otra gran fuente de ingresos a través del presupuesto comunitario.

Indra suministra el equipamiento del SIVICC, pero ¿por qué no adaptar esa solución tecnológica a la cooperación europea en materia de vigilancia marítima? En el fondo, se trata apenas de expandir lo que Portugal y España ya hacen, en la práctica, integrando los medios de vigilancia costera (cámaras de vídeo, radares, sistemas de detección de “incidentes”) a otros países como Italia. Ese es el objetivo del proyecto Closeye. Después de haber recibido financiación de dos marcos comunitarios para la investigación, el proyecto está siendo ahora financiado por el Fondo de Seguridad Interna para concretar su contenido. Beneficiarios: Indra y GMV, las dos empresas españolas que diseñaron el primer sistema. Hay hasta un programa financiado con fondos comunitarios con un acrónimo, Sagres, que significa activación de servicios para aumentar el éxito de Eurosur (Services Activations for Growing Eurosur's Success).

Entre 2007 y 2014, la Unión Europea invirtió más de 316 millones de euros en la búsqueda de soluciones tecnológicas para aumentar el control de las fronteras, según un estudio del Transnational Institute de Ámsterdam. Esto incluye investigación sobre drones de última generación, programas informáticos y bases de datos biométricas.

Al final, como demuestra esta investigación, entre los 15 mayores beneficiarios de fondos comunitarios están 11 empresas que forman parte del lobby EOS.lobby

Por lo menos un tercio de los consejeros que la Comisión Europea nombró para decidir sobre el destino de estos fondos está directamente vinculado al lobby de la seguridad. El más famoso es, sin duda, el otro firmante de la carta a Durão Barroso: Luigi Rebuffi. La Defensora del Pueblo europea, Emilly O’Reilly, nos adelantó que va a hacer un seguimiento de este asunto. Y recordó que el conflicto de intereses no se manifiesta sólo cuando hay (como parece ser) una relación directa entre quien asesora y la empresa beneficiaria. Hay conflicto de intereses a partir del momento en que una persona aconseja una determina política que pueda (o no) beneficiar a la empresa para la que trabaja.

Rebuffi es uno de los fundadores de EOS y antiguo lobista del grupo francés de armamento y electrónica Thales, que compró en 2013 la empresa pública portuguesa de sistemas de defensa Edisoft. En la carta que escribieron a Barroso, Rebuffi y Roura ponen un ejemplo para enfatizar la urgencia de sus ideas: “los acontecimientos de Lampedusa”. Es un eufemismo para hablar de tragedia. En la isla italiana, el cementerio está lleno de lápidas que no tienen fecha de nacimiento ni de muerte. Apenas el día en que fueron encontrados los cuerpos de aquellos que murieron intentando atravesar el Mediterráneo.

Puede hasta parecer populista hacerlo ahora, en este texto, pero si el objetivo era impedir la repetición de los “acontecimientos de Lampedusa” veamos los datos que demuestran el éxito real de esta política defendida por EOS y seguida por la Comisión Europea. En Italia, en los 10 primeros meses de 2015, llegaron 140.987 inmigrantes por mar. En el mismo período, este año ya llegaron 158.974: un 13% más. El año pasado murieron haciendo la travesía del Mediterráneo entre Libia e Italia 3.800 personas. Sólo en los primeros 10 meses de 2016 ya murieron 3.780.

Ha ocurrido así con casi todas las medidas de este “paquete de fronteras” –las medidas son aprobadas incluso antes de que se pruebe su hipotético beneficio—. Una de las nuevas bases de datos que está lista para ocupar los servidores de EU-LISA en Estrasburgo se llama Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) y fue aprobada en abril por el Parlamento y por el Consejo. Va a costar 500 millones de euros e incluye no sólo datos de solicitantes de cuidados, viajeros de países terceros, si no también toda la información de los propios ciudadanos de la UE que utilicen el avión.

  Los vuelos privados no se controlan

Ana Gomes, eurodiputada portuguesa del PS, hizo una propuesta de enmienda a esta directiva. “Intenté que fuese incluido en el registro de pasajeros también el nombre de aquellos que se mueven por Europa en vuelos privados y no sólo en vuelos comerciales. En el caso portugués, que conocemos bien, es así como llegan los criminales, por ejemplo desde Angola. Van a Tires [aeródromo de Cascais, muy cerca de Lisboa] y no al aeropuerto de Portela [en la capital lusa], donde saben que hay controles”. La propuesta fue rechazada. “Todo esto es para engañar a los ciudadanos”, critica la eurodiputada.

Sin embargo, esto no es un tema de división entre los grupos políticos. El mayor especialista portugués en estos asuntos es Carlos Coelho, eurodiputado del PSD, que presidió la comisión de investigación de los vuelos de la CIA y es actualmente coordinador de la task-force de eurodiputados que está evaluando el estado de las fronteras externas de la Unión. Coelho se abstuvo en la votación del PNR. “No creo que tener una base de datos más sea la solución. Mi propuesta era pragmática: debíamos mejorar las bases de datos que ya tenemos”, explica.

Trasladamos la pregunta a quien va a tener que lidiar con las consecuencias de esta recogida de información, que va a conservar en los servidores, durante cinco años, todos los datos de los viajeros –sean sospechosos o no–. Wojciech Wiewiórowski es polaco y ocupa la vicepresidencia de la Autoridad Europea de Protección de Datos: “Hasta ahora nadie demostró la utilidad del PNR para nada. Ni siquiera que sea una base de datos que se pueda utilizar. Lo único que sabemos es lo que se ha dicho oficialmente: ‘Funciona muy bien y daremos más información cuando empiece a funcionar”.

Uno de los más empecinados defensores de esta base de datos fue el primer ministro francés y actual candidato a la Presidencia, Manuel Valls. Antes de la aprobación —que fue polémica entre los eurodiputados–  su ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, acusaba al Parlamento Europeo de ser responsable por un “retraso irresponsable”. Todo esto se aprobó durante la resaca de los atentados de París. El propio Valls en persona acudió al pleno de Estrasburgo para presionar a los eurodiputados y aprobar la directiva.

Entretanto, en Francia, el periódico online Mediapart, socio editorial, de infoLibre, explicaba un detalle: la principal empresa beneficiaria de los contratos con el Estado francés, en el caso de que el PNR arrancase, sería la francesa Safran, que emplea a más de 3.000 funcionarios en Evry, un suburbio de París. Valls fue alcalde de Evry durante 12 años, hasta llegar al Gobierno en 2012.

El PNR está ahora pendiente de aprobación en el Tribunal Europeo de Justicia, pero el eurodiputado que creó las reglas de protección de datos en la legislación europea, el alemán Jan Albrecht, no cree que esa directiva pueda ser aprobada. El PNR representa una clara contradicción con la jurisprudencia del Tribunal, sobre todo en o que se refiere al período de cinco años durante los cuales los datos personales de ciudadanos inocentes son retenidos por los Estados.

  Más bases de datos

Entretanto, sólo en 2016, han sido anunciadas dos nuevas bases de datos. La principal es el EES (Exit Entry System). Se trata de un acrónimo para explicar una idea simple: un registro con datos biométricos de todos los ciudadanos que entran y salen de la zona Schengen procedentes de terceros países. En vez de un sello en el pasaporte, los pasajeros dejan sus huellas digitales, registros faciales y códigos de documentos en una hilera de servidores de EU-LISA que sería, después, según el comisario Avramópoulos, “interconectada, integrada e investigable” junto a las restantes bases de datos accesibles a las policías.

Esta también fue una idea que el lobby de seguridad EOS presentó a la Comisiónlobby, hace mucho tiempo, en 2011. Cuando la directiva fue aprobada, con el sugestivo nombre de Fronteras Inteligentes, provocó serias dudas en el Parlamento Europeo. La eurodiputada liberal Sophie in 't Veld lo calificó de “proyecto megalómano”. La Comisión dio marcha atrás y retrasó la votación de la directiva (para el inicio de 2017).

Las Fronteras Inteligentes aún están pendientes de discusión parlamentaria, pero entretanto la Comisión encontró una forma inteligente de sortear el bloqueo de los eurodiputados. Comenzó a financiar el proyecto como si ya estuviese aprobado.

Primero pagó 30 millones de euros en experiencias pilotos a tres consorcios internacionales. Después pagó una evaluación a la consultora PWC, que forma parte de uno de esos consorcios. Y , finalmente, en la mayoría de los países europeos ya tienen fondos destinados a aplicar esa medida que puede resultar rechazada.

Lo más asombroso es que nadie parece saber exactamente para que sirve esta nueva base de datos. Ska Kelles, eurodiputada alemana y antigua candidata de Los Verdes a la Presidencia de la Comisión, deja en el aire una pregunta. “Sólo sabremos los nombres y los datos biométricos de las personas que excedan el tiempo de su visado, pero ninguna autoridad puede hacer nada al respecto, ya que no sabemos dónde están. Entonces, ¿para qué sirve?” Carlos Coelho está de acuerdo. "Esta es sólo una estadística muy cara...”

El propio comisario titubea cuando le preguntamos para qué va a gasta cerca de mil millones de euros en una base de datos que apenas le va a decir que hay algunos millares de viajeros que se han quedado en Europa más tiempo del que podían (sean estudiantes, terroristas, trabajadores, transeúntes o, simplemente, personas que olvidaron renovar su visado).

Pero olvidemos todo esto y volvamos a la pregunta inicial: ¿funciona? Según PWC, en su informe, sí. “Este proyecto confirma la precisión y la eficacia del uso de datos biométricos en las fronteras”.  Pero, escondida, en un anexo del informe está la información que permite dudar de esta conclusión. En el aeropuerto de Estocolmo esta identificación funcionó en apenas un 39% de los casos. En Lisboa, uno de cada dos pasajeros falló en el reconocimiento en las e-gates [puertas electrónicas activadas por sensores biométricos]. En Fráncfort, uno de cada cuatro no consiguió pasar. Incluso aunque funcionase al 100%, el reconocimiento biométrico está lejos de garantizar, por sí solo, más seguridad. No sólo porque hay formas de sortearlo, sino también porque deja fuera datos importantes, “Si nadie controla los sellos anteriores en el pasaporte no se consigue saber la historia de una persona”, alerta un guardia fronterizo alemán. De hecho, si la preocupación es el terrorismo, es mucho más importante saber donde estuvo recientemente un pasajero que confirmar que sus huellas digitales están limpiaslimpias de cualquier sospecha. “Las máquinas no consiguen ver eso”, confirma el inspector del Servicio de Extranjeros y Fronteras de Portugal (SEF) y secretario nacional del sindicato de guardias Marco do Carmo. “Las máquinas no hacen profiling [creación de perfiles]profiling y eso es la parte más importante de nuestro trabajo, ver cómo las personas hablan, cómo reaccionan”, explica.

  La lógica de la sospecha

“Con este nuevo sistema, todo el mundo se convierte en sospechoso”, critica Ska Keller. “La lógica de la sospecha anuló la lógica de los derechos”, escriben ocho especialistas en derecho comunitario en un informe encargado por el Parlamento Europeo.

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El comisario Avamópopulos no está de acuerdo, y anuncia su intención de dotar a la Unión de un “sistema integrado de identificación biométrica”. Por eso lanzó la idea de una sexta base de datos, el ETIAS. Todo, está claro, “de acuerdo con la legislación europea y respetando los derechos fundamentales”.

Carlos Coelho, a pesar de ser de la misma familia política del comisario griego, el PPE (conservadores), cree “francamente” que lo que explica esta política no es tanto la presión de la industria. “Es fácil para un comisario decir que se preocupa seriamente por la seguridad de los ciudadanos y por eso anuncia que va a lanzar un nuevo sistema... Estas políticas son creadas por la necesidad de dar respuesta al miedo de los ciudadanos. Los ciudadanos están aterrorizados. La mejor manera de lidiar con eso es anunciar cosas nuevas". Ana Gomes está de acuerdo, pero añade que todo esto es “una cesión al discurso de la extrema derecha”. El año próximo hay elecciones decisivas en Europa, en Alemania, Francia y quizá Italia. ¿Qué Europa tendremos en el futuro con este aparato de seguridad en manos de Gobiernos menos escrupulosos en cuanto al cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho? Marco do Carmo responde así: “Todos los funcionarios de inmigración meditan sobre eso... Yo creo que actualmente la UE tiene reglas que obligan a un control democrático en las fronteras. Pero nosotros no queremos llegar a tener un Estado Gran Hermano en Europa”. ___________________

Además de Paulo Pena, han participado en esta investigación los periodistas Christophe Garach, Crina Boros, Elisa Simantke, Harald Schumann, Ingeborg Eliassen, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore e Wojciech Ciesla. Todos ellos forman parte del proyecto ‘Investigate Europe’, un equipo de nueve periodistas de ocho países que investiga temas relevantes para Europa y comparte los resultados. Puedes conocer más sobre este proyecto en la página www.investigate-europe.eu. Esta investigación sobre el lobby de la seguridad la publica en España en exclusiva infoLibre. El texto original en portugués se difundirá en el diario Público. También publicará sus versiones propias sobre este tema el alemán Der Tagesspiegel y el italiano Corriere della Sera, entre otros.