El pluriempleo de los eurodiputados: casi un tercio tienen ingresos al margen de la política

A menos de un año de la celebración de las elecciones europeas, la alerta es grave. Según un informe publicado el pasado 10 de julio por la ONG Transparencia Internacional, los eurodiputados franceses presentan un triste balance en el Parlamento de Estrasburgo: son los que más dinero ganan por los empleos que ejercen al margen de la representación política que ejercen.

Durante los cuatro primeros años de la presente legislatura, de julio de 2014 a julio de 2018, la mitad de los 74 miembros de la delegación francesa sumó al menos 4,5 millones de euros en ingresos adicionales, gracias al pluriempleo. Rachida Dati (Los Republicanos, LR), Renaud Muselier (LR), Philippe Juvin (LR), Jean-Luc Schaffhauser (Rassemblement National, RN) y Bernard Monot (RN) ocupan un lugar destacado en el informe, aunque las situaciones particulares difieren mucho en cada uno de los casos.

Si se analizan los ocho grupos políticos con representación en el Parlamento Europeo, Europa de las Naciones y las Libertades (ENL), el grupo de Marine Le Pen, es el que se sitúa a la cabeza. En concreto, 19 de sus 35 parlamentarios declaran actividades remuneradas adicionales a la Cámara (54%). Pero todas las formaciones, desde el Partido Popular Europeo (derecha, PPE) hasta el grupo S&D (socialdemócratas, incluido el PS), se ven concernidas, aunque los miembros de Los Verdes (23%) y de la izquierda crítica GUE (18%) son los menos pluriempleados.

Destacan algunos integrantes épicos del Parlamento Europeo, como Nigel Farage, la figura británica del partido antiinmigración del Ukip, que presenta un programa de radio desde el año pasado (por el que ingresó al menos 590.000 euros durante el período) o al otro lado del espectro político, el exprimer ministro belga Guy Verhofstadt, acérrimo defensor del proyecto europeo y aliado de Emmanuel Macron (facturó al menos 920.000 euros, gracias, entre otros, a ocupar varios puestos en consejos de administración, en particular en el holding belga Sofina).

Por su parte, la ex comisaria europea Viviane Reding recibió al menos 113.000 euros en esta etapa, por asistir a los consejos de administración tanto del grupo Agfa-Gevaert como del grupo minero belga Nyrstar. En total, un tercio de los 751 diputados del Parlamento Europeo recurre a actividades remuneradas adicionales, lo que supone que se reparten un montante total adicional de entre 18 y 41 millones de euros.

El club de los 100.000 euros

En octubre de 2014, eran “sólo” 110 los que decían obtener ingresos por actividades distintas a su condición de diputados. Actualmente, hay al menos 30 parlamentarios, entre ellos nueve franceses, que percibieron más de 100.000 euros en los últimos cuatro años por realizar otro tipo de trabajo.

A simple vista, esta práctica de pluriempleo puede parecer extraña, ya que el trabajo de eurodiputado es uno de los cargos mejor pagados de Europa, con un salario mensual bruto de 8.484 euros. A esa cantidad, hay que sumarle un complemento de 4.416 euros mensuales brutos destinados a cubrir los gastos de funcionamientos (“gastos generales”), que también permite aumentar la remuneración de los cargos electos. Además, no hay que olvidar las dietas de asistencia a las sesiones, en concreto a las sesiones plenarias de Estrasburgo, y las dietas de transporte. Por lo tanto, la mayoría de los 751 diputados al Parlamento Europeo cobran, después de impuestos, entre 12.000 y 14.000 euros mensuales.

Según las estimaciones de Transparencia Internacional, a partir de las declaraciones de ingresos en línea, Philippe Juvin (LR) ganó al menos 170.000 euros como médico desde el verano de 2014. Contactado por Mediapart (socio editorial de infoLibre), señala: “Mis ingresos son conocidos, se corresponden con los ingresos establecidos en los servicios públicos. Siempre he reivindicado el derecho a ejercer una actividad profesional, paralelamente a mi cargo político. Puedo organizarme, trabajo mucho. Para mí, es más, la anormalidad ser sólo político”. El mismo argumento lo repiten a menudo los diputados que “acumulan” puestos: quieren mantenerse en contacto con el mundo profesional y con la sociedad en general. También quieren poder volver a ejercer su antigua profesión una vez concluida la legislatura.

Entre los diputados franceses, el caso más conocido sigue siendo el de Rachida Dati que, en su declaración del 5 de abril de 2018, declaró percibir 16.000 euros brutos mensuales por sus honorarios como abogada. Es decir, 768.000 en cuatro años, sin relación aparente con su actividad como diputada en el Parlamento Europeo. En 2013, la exministra de Justicia se vio salpicada por la polémica suscitada por el semanario Le Point, que la acusaba de prácticas encubiertas de lobby en Bruselas en beneficio de GDF-Suez, en su calidad de “consultora” a sueldo. El semanario también publicó entonces que había recibido 512.416 euros en honorarios sólo en 2012. En ese momento, ella lo negó rotundamente.

Médico coordinador y director de una clínica en Marsella, el eurodiputado Renaud Muselier ganó al menos 816.000 euros entre 2014 y 2018, además de los ingresos obtenidos como político. Esto le convierte en el cuarto eurodiputado mejor pagado, por detrás del belga Guy Verhofstadt, según el ranking de Transparencia. Mediapart se ha puesto en contacto con él varias veces, y con personas de su entorno, que no han querido proporcionar más detalles.

Conflicto de intereses

Cualquier actividad remunerada, ejercida fuera del Parlamento, no deja al representante en cuestión en una posición de conflicto de intereses; a veces imparten cursos en la universidad, otras veces cobran derechos de autor por un libro de éxito o se trata de pagos relacionados con el ejercicio de un cargo como representante local o de ingresos por una profesión liberal, como es el caso, por ejemplo, de los médicos que siguen ejerciendo. Pero Transparencia Internacional se pregunta si es posible cumplir plenamente con las exigencias inherentes al cargo en la legislatura cuando se multiplica este tipo de actividades.

En especial, la ONG muestra su preocupación por una tendencia clara: el aumento de estas actividades paralelas durante la legislatura, cuando al diputado le contactan –a veces grupos privados– cuando ya ha salido elegido y trabaja en una comisión parlamentaria concreta. En este tipo de situaciones, “aumenta el riesgo de conflicto de intereses”, juzga la ONG, sobre todo porque “prácticamente no existe un sistema para comprobar el origen de los ingresos externos”.

El informe cita, en particular, el caso del francés Jean-Luc Schaffhauser, uno de los artesanos del “préstamo ruso” del FN, desvelado por Mediapart. Sus ingresos adicionales ascendieron a 240.000 durante la legislatura, según el documento. “Los ingresos de Schaffhauser , que ascienden a 270.012 euros [en el periodo estudiado de cuatro años], proviene de una firma consultora, MWD Dubai, para la cual no existe información on line disponible relativa a sus clientes o a la actividad que realiza”, destaca el informe. Jean-Luc Schaffhauser, contactado por Mediapart, habla de “ingresos liberales de 180.000 euros, de los que hay que deducir las cotizaciones a la seguridad social [que tendrá que pagar en 2019], es decir, aproximadamente el 30%” del total.

El eurodiputado alude a “estudios sobre los puertos en África”, y más concretamente un “fondo de seguridad” para varios puertos africanos, en relación con la empresa Losberger e ICTS, “líder mundial en gestión portuaria”. Como eurodiputado, Jean-Luc Schaffhauser forma parte de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento y es también miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa, lo que reavivó las especulaciones sobre la existencia de un importante conflicto de intereses. Jean-Luc Schaffhauser asegura “haber facilitado todos los datos a Transparencia Internacional, que tendrá que rendir cuentas ante la Justicia o decir la verdad”.

De hecho, existe un código de conducta que, desde 2012, ha intentado arrojar luz sobre estas actividades paralelas de los eurodiputados. Pero el presidente de la institución -actualmente el conservador italiano Antonio Tajani- es el único que tiene que velar por la aplicación de dicho código de conducta. Transparencia ha identificado al menos 24 infracciones del código de conducta en los últimos cinco años, aunque ninguna se ha sancionada.

Por lo tanto, la ONG pide que los diputados realicen declaraciones de intereses mucho más detalladas, pero también reclama que el Parlamento se dote de más medios para verificar la exactitud de las declaraciones. También aboga por la creación de un comité de ética independiente, que supervise a las tres principales instituciones de la UE en Bruselas (Comisión, Parlamento y Consejo) y que tenga una capacidad sancionadora real, en caso de conflicto de intereses evidente, o de puertas giratorias probadas (traspasos demasiado rápidos entre los sectores público y privado, lo que facilita la toma de decisiones públicas por parte de intereses privados). ____________

Traducción: Mariola Moreno

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