La verdad sobre los derechos humanos en Venezuela más allá de las polémicas en el Ayuntamiento de Madrid

El opositor venezolano Leopoldo López se ha situado, una vez más, en el epicentro del debate político madrileño. El edil del PP Percival Manglano defendió el pasado martes una propuesta en la que solicitaba al Ayuntamiento de la capital la organización de un acto para recibir a sus familiares. El partido que lidera el Consistorio, Ahora Madrid, se dividió en tres durante la votación: once concejales se abstuvieron, siete se pronunciaron en contra y dos apoyaron la propuesta del PP –la alcaldesa Manuela Carmena y la delegada de Derechos Sociales, Marta Higueras–. La iniciativa fue aprobada por mayoría con los votos de PP, Ciudadanos y los dos de Ahora Madrid. La polémica, lejos de quedarse en las filas de Ahora Madrid, salpicó también a los socialistas, después de que su exportavoz municipal, Antonio Miguel Carmona, criticase la abstención de su grupo y se mostrara partidario del voto favorable.

El país latinoamericano es desde hace un par de años objeto de candentes debates políticos en España, promovidos principalmente por los políticos y medios de la derecha que buscan establecer una relación directa entre la situación que vive Venezuela y las políticas que defiende Podemos, algunos de cuyos líderes asesoraron en su día al entonces presidente venezolano Hugo Chávez. El estado de los derechos humanos y la situación de activistas y de políticos de la oposición, como Leopoldo López, son el eje de esos debates.

López fue alcalde de la localidad venezolana de Chacao entre el año 2000 y el 2008. El líder del partido Voluntad Popular tomó parte en las movilizaciones que dieron lugar al golpe de Estado de 2002 contra el Gobierno venezolano y participó en el arresto del ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. Por estos hechos fue investigado hasta que la causa fue sobreseída tras la amnistía otorgada por Chávez en diciembre de 2007. Posteriormente, fue inhabilitado políticamente por malversación de recursos públicos cuando era alcalde y, en septiembre de 2015, fue condenado a trece años y nueve meses de prisión por su participación en las protestas de 2014 contra el actual presidente del país, Nicolás Maduro, que terminaron con muertes en ambos bandos. La oposición venezolana siempre ha denunciado que se trató de un juicio político y que López fue condenado sin pruebas.

Lo cierto es que organizaciones como Amnistía Internacional –que trabaja por documentar la vulneración de derechos fundamentales en países como Arabia Saudí y ha denunciado casos de tortura en España–, Human Rights Watch o Reporteros Sin Fronteras –que cada año analiza meticulosamente la situación de la libertad de prensa en 180 países de todo el mundo–, han elaborado exhaustivos informes respecto a la vulneración de derechos humanos en Venezuela.

Yolanda Vega, portavoz de Amnistía Internacional, señala en conversación con infoLibre que desde su organización detectan lo polarizado del debate político, aunque admite no tener un diagnóstico claro que explique las causas: "Quizá por la cercanía de Venezuela y España, o por la presencia de venezolanos aquí", resuelve. Vega se reconoce "muy consciente de que, igual que la situación está muy polarizada en Venezuela, aquí se vive de una forma similar". En cualquier caso, continúa, "desde Amnistía se intenta mantener la imparcialidad, por ejemplo en el caso de las protestas de 2014, cuando se trató de reflejar las muertes en los dos lados, las violaciones y los abusos que se produjeron por ambas partes". "Pero sí –concluye–, Venezuela es complicada".

Impunidad y abuso de poder

Uno de los principales conflictos que padece el país y que las ONG vienen denunciando en sus investigaciones es el relacionado con el abuso de poder por parte de las autoridades. ​Amnistía Internacional alerta, en su informe de 2016, del "uso excesivo de la fuerza" ejercido por los agentes de seguridad venezolanos. La organización señala, por ejemplo, la "represión de las protestas por la falta de alimentos y medicamentos" que se produjeron en el país durante el pasado año. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, a lo largo del año se registraron aproximadamente 590 manifestaciones al mes que, denuncia Amnistía, no siempre transcurrieron de forma pacífica. En junio, una mujer murió como consecuencia de varios disparos en la cabeza durante una operación policial de mantenimiento del orden público. El presunto responsable fue acusado de homicidio intencional y uso indebido de arma de fuego.

Las organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación ante la llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), orquestada por el Gobierno y las fuerzas de seguridad para abordar los altos índices de delincuencia en el país. En enero, el Ministerio Público informó de que se habían iniciado investigaciones sobre la muerte de 245 personas ocurrida en presuntos enfrentamientos armados con agentes durante las actuaciones desarrolladas en el marco de dicha operación. La detención de doce jóvenes y el descubrimiento de sus cadáveres en dos fosas comunes clandestinas hizo saltar todas las alarmas a nivel nacional e internacional. Como consecuencia, un total de 18 miembros de las Fuerzas Armadas fueron detenidos por su presunta participación.

A juicio de Human Rights Watch, existen "evidencias significativas" de que miembros de las fuerzas de seguridad que han intervenido en la OLP "han cometido graves abusos". "En entrevistas mantenidas con el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y con Human Rights Watch, numerosas víctimas, testigos y otras fuentes describieron violaciones de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales y otros abusos violentos, detenciones arbitrarias, desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos, a menudo acusados, sin ninguna prueba, de tener nexos con paramilitares", señala la organización.

Según un informe del Ministerio Público recogido por Amnistía, en 2015 se recibieron más de 11.000 denuncias relacionadas con crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, pero durante el año sólo se iniciaron un total de 77 juicios.

A pesar de que en diciembre dos funcionarios fueron declarados culpables del asesinato de los estudiantes Bassil Da Costa y Geraldine Moreno, cometido durante las protestas de 2014, "fueron lentos los avances para llevar ante la justicia a los presuntos responsables penales del homicidio de otras 41 personas", entre los que también se encontraban miembros de las fuerzas de seguridad. "La información proporcionada por la fiscal general durante el examen periódico universal reveló que nueve funcionarios habían sido declarados culpables de diversos delitos, y que otros 18 estaban siendo investigados, pese a que el año anterior se habían iniciado 298 investigaciones", denuncia la ONG.

Activistas, periodistas y oposición

Amnistía Internacional señala, asimismo, el escaso margen de maniobra con el que cuentan los activistas y opositores del Gobierno venezolano. En abril, Humberto Prado Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), fue víctima de amenazas e insultos al ser pirateadas sus cuentas de correo electrónico y redes sociales tras la publicación de una entrevista en la que denunciaba la violencia en el sistema penitenciario.

En mayo, mientras atendía a personas heridas durante una manifestación en Mérida, Rigoberto Lobo Puentes, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, recibió disparos de perdigones en la cabeza y la espalda efectuados por unos agentes de policía. A finales del pasado año, el abogado Marcelo Crovato seguía bajo arresto domiciliario tras ser recluido sin juicio en abril de 2014 y sometido a arresto en 2015, "por defender a los residentes en cuyas viviendas las autoridades habían irrumpido durante unas protestas".

En junio, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, dos activistas que apoyaban al partido de oposición Voluntad Popular, fueron detenidos durante la organización de una serie de actividades electorales. Ambos han sido ya liberados. Los miembros de la oposición Coromoto Rodríguez, Yon Goicoechea, Alejandro Puglia y José Vicente García fueron arrestados en mayo, agosto, septiembre y octubre, respectivamente, en circunstancias que, a juicio de Amnistía, "constituían detención arbitraria". Dos de ellos han sido puestos en libertad a finales del pasado año.

Por la misma situación pasaron Andrés Moreno Febres-Cordero, Marco Trejo, James Mathison y César Cuellar detenidos en septiembre y, a pesar de ser civiles, juzgados por un tribunal militar después de participar en la producción de un vídeo del partido político Primero Justicia en el que figuraban críticas contra el Gobierno. Los dos primeros fueron liberados en noviembre.

Según el Foro Penal Venezolano, más de un centenar de personas se hallan detenidas por razones políticas.

En su informe Poder sin límites (2016), Human Rights Watch asegura que el Gobierno venezolano "ha ejercido sobre sus críticos y opositores un poder prácticamente sin límites, por ejemplo al encarcelar a políticos de oposición, crear listas negras de sindicalistas, censurar y clausurar medios de comunicación, hostigar a defensores de derechos humanos y reprimir a manifestantes pacíficos".

Reporteros sin Fronteras, en su estudio anual sobre la libertad de expresión correspondiente al año 2016, sitúa a Venezuela en el puesto 139 de un ranking de 180 países analizados. La organización critica, en su análisis, que Nicolás Maduro "tiene sus propias estrategias para someter a los medios de comunicación: sus amigos han comprado diversos medios críticos con el Gobierno", subrayan. 

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El 11 de marzo, el Tribunal Penal de Bolívar declaró culpable de difamación e injuria a David Natera Febres, director del diario El Correo del Caroní, y lo condenó a cuatro años de prisión por haber informado de un escándalo de corrupción y extorsión de fondos que implicaba a oficiales del Ejército y a la empresa pública Ferrominera Orinoco. El condenado asumió una multa de 200.000 bolívares (17.660 euros), y su periódico renunció a publicar cualquier otra información sobre el asunto. 

En junio de 2016, durante una protesta contra la crisis económica, "al menos 19 reporteros fueron agredidos por el Ejército Nacional, la Policía y manifestantes, con un balance de agresiones físicas y verbales, amenazas, robo y destrucción de sus equipos de trabajo". En septiembre del mismo año, el Gobierno prohibió el acceso a varios corresponsales extranjeros que pretendían cubrir una manifestación organizada por partidos de la oposición, en Caracas.

En una misiva enviada el 4 de agosto, los Relatores Especiales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación por el "continuo deterioro de la situación de la libertad de prensa" en el país. Reporteros Sin Frontera recuerda que, además, ninguna de las doce recomendaciones remitidas en el año 2011 respecto a la libertad de expresión ha sido aprobada a día de hoy por el Gobierno.