Cifuentes da 1,54 millones a San Román, cuya agencia de colocación 'fantasma' fue clausurada en Castilla-La Mancha

La Comunidad de Madrid ha concedido un total de 1,54 millones de euros en subvenciones para cursos de formación a Consultora San Román, la empresa cuyas oficinas de agencia de colocación fueron cerradas por el Gobierno de Castilla-La Mancha porque no realizaban ninguna tarea de intermediación laboral.

Consultora San Román y Consulta Formación, Soluciones de Aprendizaje, Evaluación y Empleo pertenecen a José Antonio Fernández Ramos, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Oficinas y Despachos y Servicios (Fenac), la patronal del sector. También preside la Comisión de Economía de los Intangibles de CEIM, la patronal madrileña.

En la última convocatoria madrileña de ayudas para programas de formación destinados a ocupados y desempleados, ambas empresas consiguieron un total de nueve subvenciones: seis Consultora San Román y tres Consulta Formación. Los importes van desde 70.200 hasta 379.770 euros. La convocatoria, resuelta el pasado 31 de diciembre, repartió 22,29 millones de euros con cargo a los fondos que la Comunidad de Madrid recibe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Así se financian cursos de formación para el empleo de carácter sectorial e intersectorial, para autónomos y para obtener certificados de profesional, tanto presenciales como mediante teleformación. Los subvencionados a estas dos empresas incluyen desde clases de cocina internacional y contabilidad hasta interiorismo o certificación energética de edificios.

Consultora San Román fue creada en 1990 y dice contar con una plantilla de 800 trabajadores e impartir 400.000 horas de formación al año. Consulta Formación nació más tarde, en 2002, y su presidente ejecutivo también es Fernández Ramos. Además de los cursos subvencionados por la Comunidad de Madrid, funciona desde el pasado año como sede de exámenes en la capital de la Universidad Isabel I, una universidad privada on line con domicilio en Burgos.

Agencia de colocación con problemas

Al igual que muchas otras empresas del sector de la formación para el empleo, San Román también se constituyó como agencia privada de colocación. El SEPE le adjudicó uno de los lotes del concurso para encontrar empleo a los beneficiarios del Plan Prepara. Le correspondieron las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha. El pasado 6 de marzo el Gobierno castellano-manchego ordenó el cierre de 13 oficinas de San Román en esa comunidad, que carecían de actividad. Sólo estaban operativos, explicó entonces la Consejería de Empleo, siete locales.

Ese departamento asegura a infoLibre que informó al SEPE de la existencia de los locales “fantasma” el año pasado. Además, según publicó este periódico, la Inspección de Trabajo elaboró un informe sobre la actividad de San Román en la provincia de Albacete. Tras visitar sus oficinas, los inspectores concluyeron que la consultora “no funciona como agencia de colocación” ni “prácticamente” hace gestiones de mediación.

De los cuatro locales que poseía San Román en Albacete, sólo uno estaba abierto, pero se trataba de una asesoría donde la consultora había alquilado un despacho, que carecía de personal propio. Allí sólo se recogían currículos. Un empleado de San Román, según explicó a los inspectores el personal de la asesoría, venía de Murcia o de Madrid para llevárselos dos o tres veces a la semana. Después, a preguntas de la Inspección, la consultora reconoció que únicamente había conseguido empleo a seis personas en todo 2016.

Poco después, el sindicato CCOO visitó buena parte de los 24 centros que San Román declaraba tener en Castilla-La Mancha. Y el resultado de sus indagaciones no difirió mucho de los hallazgos de la Inspección de Trabajo en Albacete: unos centros estaban cerrados y otros sólo recogían currículos, tanto en Ciudad Real como en Toledo, Cuenca y Guadalajara.

El SEPE no sabe, pero cerró las oficinas

En ese momento, el SEPE respondió a infoLibre que desconocía el informe de la Inspección. Y que tampoco le había llegado ninguna otra denuncia sobre la falta de desempeño o alguna negligencia por parte de esta agencia privada.

Sin embargo, ANAC, la asociación que agrupa a las pequeñas y medianas agencias de colocación, envió en 2014 a la mesa de contratación del concurso, antes de ser adjudicado, escritos y pruebas sobre la precariedad de la red que San Román, y otras empresas, habían creado a toda prisa para presentarse a la convocatoria.

El pasado 22 de febrero, CCOO interpeló a los responsables del SEPE en la Comisión Ejecutiva Central de este organismo no sólo sobre el informe de la Inspección, sino también sobre el que había enviado Castilla-La Mancha. Sus responsables respondieron al sindicato que no habían “recibido” ninguno de los dos documentos. Sí pidieron un informe a la propia consultora y hablaron con sus dueños, que dijeron tener un total de 137 locales en Madrid y Castilla-La Mancha, 60 propios y 77 subcontratados con otras entidades. Si habían cerrado alguno, había sido por iniciativa propia, añadieron. El SEPE también dio por buena la afirmación de los responsables de San Román de que el número de personas que había atendido en 2016 era “correcto y similar al de otras agencias de colocación”, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

Por su parte, el viceconsejero de Empleo de Castilla-La Mancha, Francisco Rueda, insiste en que mandó a comienzos de 2016 un informe que examinaba a todas las agencias privadas de la comunidad autónoma. De hecho, el SEPE lo pide cada año. La Consejería de Empleo es la encargada de comprobar si éstas cumplen los requisitos que acreditaron en las declaraciones responsables que se les exige para operar. En ese documento, asegura Rueda, se incluían los incumplimientos de San Román: “A algunos demandantes de empleo los atendían en la plaza del pueblo”. Además, destaca el número dos de la consejería, las 13 oficinas señaladas no las ha cerrado, en realidad, el Gobierno manchego, sino el propio SEPE, que fue el que las autorizó. Rueda dice que a San Román sólo le quedan los locales situados en las capitales de provincia y teme por la calidad de la atención que está prestando a los desempleados residentes en los pueblos. “¿Tendrán que desplazarse a su propio coste los parados del Plan Prepara que cobran 426 euros?”, se pregunta.

Castilla-La Mancha renunció al acuerdo marco poco después de enviar ese informe, en junio de 2016. Ha prescindido de las agencias privadas y optado por “reforzar los servicios públicos”, explica Francisco Rueda. De momento, ha aumentado en 122 personas el personal de las oficinas públicas de empleo.

Un problema antiguo

La endeblez con que algunas de estas empresas montaron sus redes de oficinas se reveló nada más tramitarse el primer concurso del SEPE. Cuando se abrieron los sobres de los candidatos, en septiembre de 2014, un grupo de empresas de formación declaraba tener una red de oficinas superior al millar repartidas por toda España. Ese número multiplicaba hasta por 10 la cifra de sucursales que presentaban las grandes multinacionales de los recursos humanos como Adecco, Manpower o Randstad.

Como el 70% de la puntuación, según las condiciones del concurso, procedía del número de oficinas que aportaban las candidatas, las firmas de formación se pusieron a la cabeza de la clasificación provisional. Una de ellas era Consultora San Román.

El SEPE sospechó entonces que estas empresas habían hinchado artificialmente su red de oficinas, aprovechando que el concurso sólo les exigía presentar una declaración responsable de que contaban con un determinado número de locales, pero no necesitaban acreditarlo documentalmente. De hecho, muchas de ellas “apalabraron” acuerdos con academias de idiomas, autoescuelas, asociaciones profesionales, organizaciones de agricultores y hosteleros para construir esa red de centros. Unas lo hicieron enviándoles correos electrónicos en los que les invitaban a “colaborar con los servicios públicos de empleo” y conseguir así una “fuente alternativa de ingresos”. Otras incluso utilizaron operadores telefónicos.

Por eso el SEPE exigió enseguida a estas firmas de formación los documentos que probaban la existencia real de esos locales. Una vez efectuada la criba, la clasificación provisional dio un vuelco y las grandes ETT pasaron a liderar el concurso: Manpower, Adecco y Eulen, junto a Telefónica, la Fundación Once y la Asociación Salesiana.

Pero las empresas de formación no se dieron por vencidas y presentaron hasta una treintena de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Éste les dio la razón y suspendió el concurso. La lista definitiva, decidida en mayo de 2015, devolvía los contratos a buena parte de las pequeñas empresas de formación excluidas en un primer momento.

Prorrogados hasta 2018

El año pasado el SEPE prorrogó hasta 2018 no sólo este primer contrato para los parados el Plan Prepara sino también el que suscribió más adelante con las cuatro grandes ETT. Y lo hizo antes de haber completado la evaluación de su eficacia a que le obligaba el acuerdo marco que sirvió para contratarlas.

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No obstante, el Ministerio de Empleo elogia el trabajo de las agencias de colocación, que encontraron trabajo a 8.051 personas de las 81.635 que atendieron en 2014 y 2015. Como esas cifras superan el índice de inserción de los servicios públicos de empleo, el ministerio lo considera un éxito. El recurso a las agencias privadas es una de las principales apuestas del departamento de Fátima Báñez. Pero ha tenido que superar múltiples problemas antes de ponerse en marcha, según las propias agencias por culpa de la mala redacción de los pliegos de condiciones de los contratos. Los recursos que suspendieron el primer concurso obligaron a rehacer hasta cuatro veces la lista de adjudicatarios, retrasando dos años la resolución definitiva, y forzaron al SEPE a utilizar el procedimiento negociado y sin publicidad para la siguiente convocatoria.

Después, cuando comenzaron a funcionar, las agencias de colocación se encontraron con que las listas de desempleados que les enviaba el SEPE estaban plagadas de errores. Así, por ejemplo, tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de los parados a los que debían atender. Los listados estaban tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.

Pero no es sólo San Román sobre la que se han multiplicado las denuncias. También la Fundación Sócrates, adjudicataria del concurso convocado por la Junta de Castilla y León, fue denunciada por atender a los desempleados en gasolineras, a falta de mejores oficinas. Al tiempo, sus trabajadores en Andalucía, todos ellos profesionales del programa Andalucía Orienta, denunciaban en julio de 2015 que llevaban seis meses sin cobrar.