El fiscal jefe de Anticorrupción tapó en 2009 el escándalo del campo de golf adjudicado por González

El actual fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, recibió en 2009 una denuncia con todos los datos de la trama societaria utilizada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la adjudicación del campo de golf del Canal. Moix no investigó el asunto y decidió archivarlo, al no encontrar "siquiera la más leve sospecha" de irregularidad. La Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sí decidieron ahora investigar el asunto y esa adjudicación es una de las que se explica con más detalle en el auto donde motiva la prisión incondicional de González. Todas las empresas que se mencionan en el escrito del magistrado Velasco figuraban ya en la denuncia que recibió y archivó Moix en 2009.

La operación Lezo contra la supuesta “organización criminal” que dirigía Ignacio González se inició hace seis días y Moix ya se ha visto envuelto en dos polémicas. En las grabaciones que realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se escucha a González afirmar lo siguiente en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana: “A ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción […] Yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo […] Era el fiscal jefe de Madrid, se llama Moix, es un tío serio y bueno”. Hace dos meses, el 22 de febrero de 2017, Moix fue nombrado efectivamente fiscal jefe Anticorrupción.

Además, Manuel Moix intentó evitar en el último momento uno de los registros de la operación Lezo. Los fiscales del caso invocaron un precepto legal que les permite enfrentarse a una orden que consideren improcedente y forzaron una reunión de la junta de fiscales, que casi por unanimidad rechazó los planes de Moix.

La trama descubierta por la prensa

En mayo de 2009, la asociación vecinal Parque Sí en Chamberí presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid, que entonces dirigía Manuel Moix. Dicha asociación llevaba más de dos años luchando contra la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de construir un campo de golf de nueve hoyos en los terrenos de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que entonces estaba presidida por González, quien también era el número dos del Gobierno autonómico del PP.

La detallada denuncia vecinal, que iba respaldada por documentos del Registro Mercantil, se basaba en dos informaciones periodísticas que habían descubierto la trama societaria utilizada por González y su familia: una publicada en la revista Tiempo en abril de 2007 y otra en el diario Público en febrero de 2009.

En la primera información se desvelaba que Ignacio González había favorecido directamente a una empresa relacionada con su familia. Los hechos eran los siguientes. En diciembre de 2006, el Canal adjudicó la explotación del campo de golf a un consorcio que estaba integrado por tres sociedades: Iridium, del grupo ACS y encargada de construir las instalaciones; Soto Once, una firma que ya gestionaba otros campos de golf, y Tecnoconcret, una compañía que apenas tenía actividad y que era la clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf.

Tecnoconcret tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que había fundado la empresa junto a su esposa en mayo de 2003. Con un capital de 3.010 euros, en sus primeros años de vida apenas tuvo actividad y declaraba contar con dos trabajadores en plantilla. Pero todo cambio a partir del 21 de junio de 2006, cuando Clemente fundó otra sociedad denominada Tamanaco 07 Consulting junto con otros dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Aguirre. Cada uno de ellos se quedó con el 33,3% de la firma, dedicada precisamente a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.

Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal, junto a Iridium y Soto Once. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración de la empresa pública madrileña, presidida por el propio Gonzalez, quien no se abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros la relación que Tecnoconcret tenía con familiares directos suyos.

En febrero de 2009, Público desveló dos hechos nuevos en relación con la trama societaria del campo de golf. Por una parte, el hermano y el cuñado de Ignacio González habían entrado directamente en el accionariado de Tecnoconcret, a través de una ampliación de capital de la sociedad, presentada en el Registro Mercantil de Madrid en noviembre de 2008. De esta forma, Pablo González y José Juan Caballero (este último a través de una compañía interpuesta llamada Proyectos Ecosistemas) pasaban a controlar cada uno de ellos el 31,6% del capital de Tecnoconcret. En aquel momento, la portavoz oficial de González señaló que, desde enero de 2008, Tecnoconcret ya no era accionista de Green Canal Golf, puesto que había vendido su parte del capital a otra de las compañías del consorcio que explotaba las instalaciones deportivas (Iridium).

Por otra parte, el periódico reveló que empresas relacionadas con la familia de González también se habían quedado con subcontratas del proyecto del campo de golf. La principal era Only Golf Planning and Design, que se había encargado de instalar el césped.

Tecnoconcret y Only Golf se convirtieron además en socios empresariales, ya que constituyeron a medias una nueva compañía, denominada Airgrass Technologies. El objeto de esta última sociedad era “comercializar y mantener soluciones de césped artificial”, como el utilizado en el campo del Canal. Cada una de las fundadoras se quedó con el 50% del capital de Airgrass Technologies.

La denuncia ante el fiscal Moix

Con todos esos datos, la asociación vecinal que reclamaba la construcción de un parque público en vez de un campo de golf en los terrenos del Canal, presentó en mayo de 2009 una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. El escrito acusaba a Ignacio González de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias. El organismo público abrió unas “diligencias de investigación”, pero el 6 de octubre de aquel año archivó el asunto.

Manuel Moix, entonces fiscal superior de Madrid y ahora fiscal jefe de Anticorrupción, concluyó que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar por parte del vicepresidente primero  de la Comunidad de Madrid, a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido”.

Todo el decreto de Moix estaba escrito en un tono propio de un abogado de la defensa. Afirmaba cosas como las siguientes: que en todo el concurso de adjudicación no se había apreciado “ningún tipo de irregularidad” o que la valoración de las ofertas de las empresas que concursaron había sido resuelta “de forma detallada y objetiva por los servicios técnicos de evaluación”.

La defensa que el fiscal realizó de González y familia llegó al extremo de asegurar en su escrito: “Se ha podido constatar que ni el hermano ni el cuñado del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid han intervenido, en momento alguno, ni como accionistas, ni como administradores de las sociedades a las que se adjudicó el concurso, ni tampoco en la sociedad anónima que actualmente explota las instalaciones”.

El propio fiscal superior firmaba el decreto por el que se acordaba el archivo de las “diligencias de investigación, por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal”.

El saqueo descubierto

La investigación realizada ahora por la UCO, bajo la dirección del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, desmonta prácticamente punto por punto el decreto del fiscal Moix.

En el auto mediante el que envía a prisión a Ignacio González, a su hermano Pablo y a su cuñado José Juan Caballero, se detalla la trama empresarial, los movimientos accionariales y las relaciones societarias exactamente en los mismos términos que desvelaron en su día las informaciones de Tiempo y PúblicoTiempoPúblico.

La UCO sí investigó a las empresas implicadas y descubrió que entre los años 2006 y 2007, cuando se ejecutaron las obras de construcción del campo de golf, Dragados pagó a Tecnoconcret 3,26 millones de euros. En teoría, ese dinero era para que instalase el césped del campo de golf. Dragados es una de las principales constructoras del grupo ACS, liderado por Florentino Pérez.

Pero Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal ni experiencia para instalar el césped del campo de golf. Así que subcontrató a su vez los trabajos con la compañía Only Golf Planning and Design, pero lo hizo por importe de 2,6 millones de euros. Es decir, por el camino Tecnoconcret se quedó con una comisión de 578.000 euros aproximadamente, siempre según los datos que constan en el auto del juez Velasco.

Además, entre los años 2007 y 2012, la sociedad Tecnoconcret declaró ventas al consorcio Green Canal Golf –el encargado de la explotación de las instalaciones deportivas– por importe de unos 623.000 euros. En la mayor parte de ese periodo, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret. Así lo destaca el magistrado en su auto: “Esta sociedad [Tecnoconcret] a pesar de estar desvinculada formalmente del citado consorcio [Green Canal Golf] aún siguió facturando”.

En resumen, la sociedad Tecnoconcret se lucró con el campo de golf en las dos fases del proyecto:

a) Durante la construcción (2006 y primer trimestre de 2007), al quedarse con una comisión de 578.000 euros actuando como intermediaria en la subcontratación de Only Golf Planning and Design

b) Durante la explotación de las instalaciones deportivas (entre abril de 2007 y 2012), al facturar 623.000 euros a Green Canal Golf, consorcio al que se le adjudicó el campo de golf y del que Tecnoconcret formaba parte inicialmente.

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Y desde abril de 2008, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret. De forma que lo afirmado por Moix en su decreto de archivo no se ajustaba a la realidad.

El magistrado Eloy Velasco también desmonta el último argumento usado por el fiscal Moix en defensa de Ignacio González: resulta que Green Canal Golf no presentó la mejor oferta económica (quedó 11,37 puntos por detrás) y logró ganar el concurso “habiendo recuperado la diferencia perdida en la valoración de la oferta económica –criterios objetivos– en la valoración de los criterios subjetivos, uno de los cuales daría pie a una gran discrecionalidad”. En su supuesta investigación, a Moix le había parecido que todo se había desarrollado de forma “detallada y objetiva”.

“Es un tío serio y bueno”, afirmaba Ignacio González el pasado verano en referencia a Manuel Moix, en las grabaciones realizadas por la Guardia Civil donde defendía su idoneidad como fiscal jefe de Anticorrupción. Sus deseos se cumplieron hace dos meses. González no decía nada sobre la capacidad de Moix para investigar supuestas organizaciones corruptas.