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UE-Libia: El acuerdo de la vergüenza
Tras el acuerdo alcanzado con un Estado autoritario, llega la colaboración con un Estado fallido del Magreb: la Unión Europea todavía no ha terminado de subcontratar la gestión de los migrantes a terceros países, poco respetuosos con los derechos humanos, con el objetivo de limitar al máximo la llegada de refugiados a su territorio. Año y medio después del acuerdo UE-Turquía, en virtud de cual las autoridades turcas se comprometieron –a cambio de 3.000 millones de euros– a impedir las salidas de migrantes en dirección a islas griegas del Egeo, los ministros europeos del Interior decidieron este jueves ampliar el acuerdo, en esta ocasión con Libia, para detener el flujo de exiliados que actualmente se registra en las costas italianas.
“Seguir aumentando la capacidad de los guardacostas libios”; “reforzar los retornos voluntarios desde Libia y Níger hacia el país de origen”; “reforzar de manera notable y significativa los controles fronterizos en las fronteras exteriores de Libia (en especial las del sur)”; ésas son las prioridades fijadas por los ministros del Interior de la UE reunidos este 6 de julio en Tallín, capital de Estonia.
Dichas propuestas, unidas al fomento del retorno de “migrantes irregulares” de los países europeos y al establecimiento en Italia de un “código de conducta” para las ONG que participan en las operaciones de salvamento en el mar, sólo vienen a confirmar las líneas que se esbozaron el domingo en París, en la reunión de los ministros de Italia, Francia y Alemania. En resumen, refrendan la orientación que tomó la Comisión Europea este invierno, que destinó, en 2017, 200 millones de euros, además de la partida ya abonada, a proyectos de colaboración con Trípoli como la formación y el equipamiento de guardacostas libios. El objetivo es contener las salidas y hacer que retornen las embarcaciones de migrantes antes de que hayan alcanzado aguas internacionales. Una vez más, la UE se equivoca al impedir que personas que huyen de conflictos o de condiciones de vida imposibles puedan presentar una demanda de asilo en Europa.
El hecho de que Libia sea una zona sin ningún derecho para los migrantes parece que no supone problema ninguno a los dirigentes europeos. Estado fallido, donde las autoridades centrales sólo controlan una parte del país, Libia es un infierno para las personas procedentes del África subsahariana que llegan al país. Baste el espeluznante testimonio de Aquiles, de Togo, secuestrado en una carretera libia hace dos meses: “Mi mujer estaba embaraza de tres meses y medio. La violaron delante de mí, la sodomizaron... Me pusieron un saco en la cabeza, pero pude oírlo todo. Después de eso, perdió a nuestro bebé. A mí me sometieron a torturas, me dieron descargas eléctricas en el ano, me pegaron con una porra, me abofetearon... Me hicieron todo eso que puedes imaginar que duele”.
Los numerosos testimonios recabados desde hace años por las ONG coinciden: los ciudadanos de países del África subsahariana son víctimas en Libia de un racismo generalizado; sufren maltrato por parte de sus anfitriones, son explotados por sus empleadores, encarcelados en condiciones atroces... Y eso cuando no son torturados o asesinados durante la detención. Violencias raciales, violaciones, raptos, trabajos forzados, detención ilimitada y arbitraria, condiciones denigrantes son comunes entre las personas detenidas en este país no firmante de la Convención de Ginebra sobre los refugiados de 1951, que carece de ley y de procedimiento de asilo y al que se considera como “no seguro” por la Unión Europea.
Favorecer la externalización a Libia de la atención de los migrantes no sólo es un ataque al derecho de asilo, sino que corre el riesgo de hacer aún más peligrosa una ruta migratoria ya sembrada de muertos; resulta evidente que una frontera no puede cerrarse herméticamente y menos se sitúa sobre miles de kilómetros de mar. Las personas que tienen necesidad de marcharse del país seguirán haciéndolo...
“Los Gobiernos de la UE prefieren desmantelar redes de traficantes e impedir las salidas de barcos desde Libia”, escribe Amnistía Internacional en un comunicado enviado el jueves. “Una estrategia fallida que ha dado lugar a un número aún mayor de intentos de cruzar el mar y que ha triplicado la tasa de muertes (del 0,89% en la segunda mitad de 2015 al 2,7% en 2017). Porque las interceptaciones de los guardacostas libios a menudo ponen en peligro a los refugiados y a los migrantes, dice Amnistía, que predice un triste récord de muertes en el mar este año. “Sus técnicas operativas no cumplen las normas básicas sobre seguridad y pueden sembrar el pánico y hacer que zozobren las embarcaciones.[...]. Hay también serias denuncias de connivencia de miembros de la guardia costera con los contrabandistas, así como indicios de que cometen abusos contra las personas migrantes”.
Por lo tanto, no es como si se descubriese hoy las prácticas inhumanas de los carceleros y de los guardacostas libios. Ya en 2012, el documental conmovedor de Andre Segre y Stefano Liberti, Mare Chiuso (Mar cerrado), daba voz a hombres y mujeres que habían atravesado Libia. “La gente que ha estado en Libia sabe que los libios maltratan a los negros. Pueden detenerte sin razón. Muchas personas han muerto, muchas han sido torturadas. Así que entendí que debía huir”, contaba una de las víctimas en la película (aquí pueden verse algunos fragmentos). La pesadilla de estas migrantes no terminó al abandonar Libia. Una vez en alta mar, detenidos por guardacostas italianos, fueron entregados a los guardacostas libios. Entre 2009 y 2011, unos 2.000 migrantes fueron devueltos en alta mar en el marco de un acuerdo bilateral entre Libia e Italia.
Pese a las innumerables alertas, Bruselas mantiene el rumbo de una política criminal. Y si los ministros del Interior reunidos en Tallín instan a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar la relocalización”, hay que constatar que el programa europeo de relocalización de refugiados, a duras penas actualizado hace dos años por los 28, resulta un fracaso. De las 160.000 refugiados de Grecia y de Italia que debían acoger los otros 26 Estados miembros, en realidad sólo se han establecido 22.841 personas, dos tercios de ellas en territorio griego.
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Traducción: Mariola Moreno
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