Papeletas, censo, urnas y secciones electorales: los pasos para esquivar la legalidad

Después de que el Parlament de Cataluña aprobara este miércoles la Ley del referéndum, los pasos del Gobierno para impedir la celebración de la consulta no se han hecho esperar y el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy ya ha comenzado este jueves a mover ficha a trvaés de la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional. Así, el presidente insistió en que el referéndum del 1 de octubre "no se celebrará" porque "la convocatoria supone un claro e intolerable acto de desobediencia a las instituciones democráticas".

No obstante, los pasos inequívocos dados por el Govern revisten al 1 de octubre como la fecha en la que, a diferencia del 9 de noviembre de 2014, se llevará a cabo una consulta "vinculante" y "oficial". La aprobación de un marco jurídico propio bajo el que organizar y llevar a cabo el referéndum parece "amparar" la votación y, además, las fuerzas independentistas ya han dotado a la consulta una serie de herramientas prácticas con las que pretenden esquivar la legalidad. Al igual que ocurriera en la consulta convocada por el expresident Artur Mas, algunos de los puntos fundamentales para la celebración de un referéndum aún no están claros.  

Este jueves el Govern hacía públicos los detalles del referéndum, cuya convocatoria se ha aprobado mediante la Ley 19/2017 del 6 de septiembre, que detalla, junto a un decreto de normas complementarias para su realización, de qué manera se llevará a cabo la consulta. infoLibre analiza a continuación las principales herramientas que las fuerzas independentistas pretenden emplear amparados en su legalidad. 

1. Sindicatura electoral

Según se indica en la ley, la Sindicatura Electoral de Cataluña –que forma parte de la administración electoral– se configura como "un órgano independiente e imparcial que se adscribe al Parlamento de Cataluña". Este órgano, responsable de garantizar la transparencia, la objetividad y los derechos en la votación, cumplirá las funciones de organización y celebración de la consulta. Una vez ésta finalice, la Sindicatura también será la encargada de llevar a cabo el escrutinio y certificar los resultados electorales oficiales y ordenar su publicación oficial.

Este órgano está integrado por "cinco vocales, juristas o politólogos de prestigio expertos en procesos electorales nombrados por el Parlament de Cataluña por mayoría absoluta a propuesta de los partidos, las federaciones, las coaliciones o las agrupaciones de electores", según informa el texto del referéndum. 

Algunos miembros que formarán parte de la sindicatura han estado vinculados con la votación del 9N, que fue declarada ilegal, tal y como informó Europa Press. También han firmado manifiestos de juristas en favor de un referéndum por el derecho a decidir; uno de ellos ha formado parte de una lista electoral de CiU y otro, en una de ERC. Además, dos de los cinco forman parte o la han formado del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, que es el encargado de realizar las encuestas. Los integrantes de este órgano electoral, que trata de ser el equivalente a la Junta Electoral Central, han sido elegidos por JxSí y la CUP. Se trata de tres juristas, Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y dos politólogos, Jordi Matas y Tània Verge.

2. Mesas y secciones electorales

Las mesas electorales, que funcionarán "como órganos independientes" de cualquier otra institución, están formadas por un presidente y dos vocales designados por sorteo público entre la totalidad de los catalanes menores de 70 años censados en la sección correspondiente. Una vez notificada la designación, estas personas cuentan con un plazo de dos días para presentar cualquier tipo de alegación que impida la aceptación del cargo. No obstante, a pesar de respetar este derecho, la ley que regula la celebración del referéndum aclara en su artículo 31.1 que los cargos de presidente y vocal de las mesas electorales del próximo 1-O son "obligatorios". 

Tanto las mesas como las secciones y los locales que se emplearán en la votación se harán públicos, según el decreto de normas complementarias, durante los diez días anteriores a la votación. Aun así, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha afirmado que los locales de votación para el referéndum del 1 de octubre "ya están decididos en gran medida" porque serán los habituales en otros procesos electorales. 

En este sentido, a primera hora de este jueves, Junqueras y Puigdemont, enviaron una carta a los alcaldes catalanes para avisarles de que deben ceder para el referéndum del 1 de octubre los locales que habitualmente se utilizan como puntos de votación, y dan 48 horas para confirmar que así se hará o bien para comunicar cualquier cambio o alegación. En consecuencia, el Gobierno envió una carta a secretarios e interventores de los ayuntamientos catalanes para que rechacen esta petición después de que la justicia haya prohibido expresamente "la continuación del denominado proceso constituyente en Cataluña y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum".

La alcaldesa de Barcelona, Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú), ha sido una de las primeras en sumarse a la petición del Govern y ya ha puesto los colegios del municipio a disposición del Ejecutivo para que los ciudadanos puedan votar. "Ya he respondido a la carta de la Generalitat confirmando que el 1-O en Badalona los colegios electorales están a su disposición para votar con normalidad", ha explicado en su cuenta de Twitter en referencia a la carta enviada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, emplazando a los alcaldes catalanes a ceder los locales que se utilizaron para las autonómicas de 2015.

Al igual que ella, más de 400 alcaldes –del total de 948 municipios catalanes– han firmado un decreto de apoyo al referéndum pese a las "constantes amenazas" del Gobierno. Entre ellos se encuentran las alcaldesas de Vic (Barcelona) y de Girona, Anna Erra y Marta Madrenas respectivamente y el alcalde de Sallent (Barcelona), David Saldoni.

3. Censo

El censo electoral es uno de los aspectos clave para el próximo 1 de octubre. Según la normativa aprobada este miércoles, se empleará la actualización "que se cerró el pasado 30 de marzo de 2017" o, en su defecto, la última información disponible. La Sindicatura Electoral, encargada de realizarlo y revisarlo, mantendrá un servicio para que los ciudadanos consulten las listas electorales vigentes, "preferentemente por medios informáticos".

Para ejercer el voto, el ciudadano tiene que ser mayor de 18 años y tener "condición política de catalán". Una vez en el centro de votación, habrá que presentar el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir que, por otro lado, podrá estar caducado en la fecha de la votación siempre y cuando sea original. 

No obstante, de la misma manera que la regulación de los colegios electorales crea dudas sobre su legalidad, la obtención del censo también ha estado revestida de polémica. Así, este jueves la Guardia Civil estuvo vigilando una imprenta en Constantí (Tarragona) que, presuntamente, estaría imprimiendo materiales necesarios para la celebración del referéndum, como por ejemplo los papeles con los nombres del censo que estarán en las mesas electorales. 

4. Campaña institucional y electoral

"El Govern de la Generalitat hará una campaña institucional, desde la convocatoria del referéndum hasta el día de inicio de la campaña electoral, con el objetivo de informar sobre la fecha de celebración, las modalidades de emisión del voto, así como para incentivar a la participación", según establece el artículo 10.1 de la ley 19/2017 del 6 de septiembre. 

La campaña electoral, por su parte, comenzará a las 00.00 del día 15 de septiembre y se extenderá hasta el final del día 29, según el reglamento que Junts pel Sí y la CUP aprobaron este miércoles. De esta manera, se equipara el plazo al de las campañas electorales para cualquier tipo de elección en España, que establece un periodo de 15 días para que las fuerzas políticas incentiven a la participación. Paralelamente, en cuanto a la publicación de sondeos y encuestas relativas a los posibles resultados de la votación, la ley prohíbe la publicación de estos datos durante los cinco días previos. 

A pesar del establecimiento de estos plazos, este jueves una página web de Presidencia de la Generalitat abierta tras la convocatoria del referéndum publicó un vídeo promocional en el que se llama a la participación y a votar por el sí. Sin embargo, se desconoce quién ha elaborado el spot y de dónde procede el presupuesto para ello. 

5. Urnas y papeletas

Según establece la normativa, "el día de la votación cada urna dispondrá de una urna de un material resistente con una tapa que incluirá una ranura en el centro para introducir los votos". De esta manera, continúa la confidencialidad en cuanto al origen de las urnas que se emplearán en la votación aunque, no obstante, el pasado mes de julio Puigdemont aseguró que ese problema ya estaba resuelto, pues ya contaban con ellas para poder celebrar la votación. 

Sin embargo, todavía se desconoce si hay urnas ni dónde están. El pasado mes de julio, el Gobierno advirtió de las consecuencias de comprar urnas para hacer el referéndum el 1 de octubre ya que, según ha dicho, sería un acto preparatorio de un "acto ilegal" que está prohibido por el Tribunal Constitucional y que, además se haría con dinero de "todos los catalanes". Es más, considera que se podría estar vulnerando la Ley de Contratos si se hace sin concurso público. 

No obstante, el Govern sí convocó una licitación, aunque ésta fue declarada desierta por el Ejecutivo presidido por Puigdemont al no homologar a ninguna de las dos únicas empresas que se habían presentado como aspirantes. "No sufráis. El 1 de octubre habrá urnas", declaró Puigdemont que, sin embargo, no aclaró cómo se conseguirían. 

Por su parte, la impresión de la papeleta también está prohibida por constituir una ayuda a la celebración del referéndum, por lo que desde la Fiscalía se investiga dónde se podrían estar elaborando. "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?", esa será la pregunta a la que tendrán que responder todos los catalanes llamados a la votación en el caso de que, finalmente, se celebre la consulta. En este sentido, el fiscal general del Estado, José manuel maza, infomó este jueves de que  había dado intrucciones a la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d`Escuadra, para que en calidad de policía judicial investigasen todas las actuaciones dirigidas a la organización del referéndum "ilegal".

6. El voto para los catalanes residentes en el exterior

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Los catalanes residentes fuera de España que cumplan los requisitos para poder votar también tienen derecho a hacerlo, como se ha esteblecido en la normativa que regula el referéndum. Sin embargo, como la impresión de las papeletas es "ilegal" y ofrecer ayuda al proceso también está prohibido, el Govern ha establecido unas normas específicas. 

De esta manera, la Generalitat ha informado de que no enviará la papeleta físicamente, por lo que tendrán que ser los ciudadanos los que la impriman y, posteriormente, la envíen por correo postal –pero sin mediación de Correos– a una dirección que se les adjunta en las instrucciones. Según Europa Press, esta dirección sería alguna de las delegaciones del Gobierno, que son las encargadas de custodiar el voto. 

El decreto establece que solo podrán votar los catalanes en el exterior que ya se hayan registrado en el censo que ha habilitado la Generalitat –5.000 de los 250.000 que viven en el exterior–, y que en siete días como máximo recibirán la documentación para pedir el voto.