Así ha acabado la ciudad de Huelva tragándose la deuda privada de su club de fútbol

El Ayuntamiento de Huelva tiene un problema. No es un problema exclusivo de su alcalde, Gabriel Cruz, ni del partido de este, el PSOE, aunque el regidor hizo una fuerte apuesta política por el rescate público del Recreativo de Huelva, origen del entuerto. Es un problema del propio Consistorio onubense, en situación económica crítica, y de las arcas públicas de la ciudad, sometidas al trance de tragarse la deuda millonaria del club. Los compromisos con los que el Ayuntamiento expropió el club el año pasado a su anterior propietario, no poner dinero público y vender rápidamente la entidad a algún inversor, han quedado en papel mojado, al menos hasta la fecha.

Ningún empresario ha querido comprar el Recreativo, que carga con una deuda de más de 20 millones de euros. Ahora es deuda pública. El Ayuntamiento se ha visto obligado a poner dinero municipal. Al mismo tiempo, ha optado por un modelo de gestión que la oposición considera opaco, contratando para la dirección deportiva a una empresa privada y negando a los grupos municipales el acceso al contrato. El Gobierno local se escuda en que el contrato lo tiene el club, aunque es el propio Ayuntamiento el dueño del mismo. El Recre tampoco atiende la petición de infoLibre de conocer el contrato.

La "salvación" del equipo de fútbol, un tanto político para Gabriel Cruz el pasado año, se ha complicado. La deuda con Hacienda y la Seguridad Social supera los 14,3 millones. El valor de cada acción es cero euros. El Recre, fundado en 1889, es conocido como el Decano del fútbol español. Se le considera el club más antiguo de España. Actualmente juega en Segunda División B, dos escalones por debajo de la Primera. Su situación económica se ha ido deteriorando a lo largo de los últimos años, hasta el punto de verse amenazado por descensos administrativos por deudas con los jugadores. A 30 de junio de 2015, su deuda global era de 21,2 millones de euros, según sus cuentas de aquella temporada.

Animado por la demanda de los aficionados, el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto el año pasado para hacerse con el club. La justificación era evitar su desaparición. “Hoy es un día muy importante para los onubenses porque, con una holgadísima mayoría, el Ayuntamiento en pleno ha apostado por utilizar todos los medios que están a nuestra disposición para conseguir el objetivo que quita el sueño a la ciudad de Huelva, que es la salvación del Recre y del Decanato”, afirmó entonces el alcalde, Gabriel Cruz. No importó que el club se encontrase en quiebra técnica, con unas deudas contraídas con terceros superiores al valor contable de todos sus activos.

La Junta de Andalucía, también gobernada por el PSOE, ayudó en el empeño de la expropiación al declarar al club Bien de Interés Cultural en la categoría de Actividad de Interés Etnológico, lo cual convirtió la supervivencia del Recre es una cuestión de "interés social", según el propio Ayuntamiento. Ello dio cobertura jurídica al Consistorio para expropiar el 76% de los títulos a Gildoy y apartar del club al que era el máximo accionista, Pablo Comas, al que el Consistorio señala como principal responsable de la ruina del equipo. Comas es una figura impopular entre los aficionados.

El Ayuntamiento, que ya tenía el 22,8% de las acciones a través de la sociedad Huelva Deporte, se quedó con la práctica totalidad del club. La operación tenía sus riesgos. No en vano, las arcas municipales acumulaban una deuda de 221,8 millones de euros. Desde entonces la deuda del Recreativo ha crecido. La expropiación de 2016 salió adelante con el voto a favor del PSOE, PP, Ciudadanos y Mesa de la Ría, mientras que Participa Huelva se abstuvo e IU votó en contra.

El Gobierno local insistía en que la expropiación era una solución provisional. El plan era que, en primera instancia, fueran las empresas benefactoras y los aficionados los que fueran aportando lo necesario para evitar el descenso administrativo; posteriormente, había que vender el club. El Recre ha ido salvando in extremis hasta la fecha las sucesivas fechas límite para ir aportando dinero a las autoridades y evitar el descenso, que sería demoledor para su precaria situación económica y deportiva.

Pero el dinero popular, recabado en campañas ampliamente publicitadas, no ha sido suficiente. El Ayuntamiento modificó sus presupuestos de 2016 para introducir un patrocinio de 500.000 euros. La modificación salió adelante pese al informe desfavorable de la Intervención General del Ayuntamiento, que alertó de que la operación incumple el artículo 31 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El motivo es que el gasto al que se dedicaba al dinero es "discrecional", según el interventor. Hace dos meses el pleno, con el voto en contra de Participa e IU, libró una partida de 350.000 euros para sufragar un pago a la Seguridad Social. "Se trata de una cuestión inaplazable para poder continuar protegiendo al Decano como Bien de Interés Cultural de la ciudad”, señaló Manuel Gómez, portavoz del Gobierno local. Y añadió: “El Recre sigue siendo del Ayuntamiento de Huelva y como propietarios, tenemos que hacer frente a las obligaciones asumidas, como si se tratara de cualquier otra empresa u organismo municipal”. Este el discurso con el que el Gobierno local sortea la evidencia de que, en contra de su previsión inicial, sí está teniendo que poner dinero, tal y como advertían antes de la expropiación los grupos críticos con la operación.

infoLibre ha tratado con insistencia de recabar del Ayuntamiento información sobre la situación económica del club y sus planes para el mismo, sin respuesta. No hay contestación a dos cuestiones concretas que afectan al dinero público: 1) ¿Cuánto dinero ha aportado el Ayuntamiento al club desde la expropiación?; 2) ¿Prevé el Ayuntamiento pagar las deudas con la Seguridad Social y Hacienda? El alcalde, Gabriel Cruz, ha dado a entender en declaraciones públicas que el Ayuntamiento podría afrontar pagos con las autoridades públicas, como requisito para levantar el embargo que pesa sobre el club y poder así gestionarlo con mayor eficacia. No obstante, el Ayuntamiento no lo confirma.

Un contrato vetado a la oposición

El Consistorio tampoco ha facilitado a este medio el contrato suscrito por el Recreativo de Huelva con una empresa privada, supuestamente Eurosamop, para la gestión deportiva del club. Tampoco la oposición ha tenido éxito en ese empeño. "Dicho contrato no obra en poder del Ayuntamiento", respondió Cruz por escrito a una petición del concejal Rafael Gavilán, de Mesa de la Ría. La oposición en bloque denuncia la opacidad del Gobierno local. El asunto ya está en los tribunales. El concejal Gavilán ha presentado un recurso contencioso administrativo para exigir su acceso a dicho contrato. Incluso el colectivo de aficionados Recreativo Supporters Trust, protagonista de las principales campañas de recaudación popular de dinero y aliado del Ayuntamiento a lo largo del proceso de expropiación, ha solicitado que el contrato se haga público.

El Gobierno local está perdiendo apoyos políticos en su empeño de "salvar" al Recreativo. El punto de inflexión negativo fue el fracaso del intento de venta del club, que se hizo mediante la publicación de un pliego de cláusulas administrativas en junio. El club no despierta excesivo interés en el ámbito privado. Una empresa se interesó, pero finalmente la compra no salió. La oferta no cumplía el requisito de presentar un aval de 1,8 millones de euros correspondiente a deuda con la Seguridad Social.

El Recre no es ningún caramelo. La deuda actualmente es de 22,8 millones. Sólo con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social supera los 14,3 millones de euros. El club suele aparecer en un lugar destacado en los listados de morosos que hace pública Hacienda, que mantiene embargado al Recre. En salarios se adeudan casi 2 millones. Lo pendiente con la Liga y las federaciones española y andaluza de fútbol alcanza los 1,7 millones. El club sólo ha conseguido mantenerse en Segunda B después de que un grupo inversor, que ahora se ha quedado con la gestión deportiva, aportase a finales de junio 840.000 para atender los pagos más urgentes. El Ayuntamiento no ha aclarado si el dinero aportado es un préstamo que habrá que devolver. El rostro más visible de este grupo inversor es el ex futbolista Juanma López, muy popular por su paso por el Atlético de Madrid, donde jugó como central, y que hoy es representante de jugadores.

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Los riesgos de la expropiación, que ahora están dando la cara con toda su crudeza, estaban ahí desde el principio. Una auditoría externa sobre el Recre, centrada en la época en que el club estaba en manos privadas, ya había puesto de relieve en 2016 opacidad, ausencia de mecanismos de control interno, falta de documentación sobre los actos administrativos... El Ayuntamiento expropió un club plagado de incógnitas financieras. El informe de Hispacontrol señalaba que el auditor ni siquiera tenía base suficiente para conocer la situación del club, dada la escasez y sesgo de la información entregada. Antes de la expropiación, el interventor municipal emitió un informe en el que recordaba que Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local sólo permite a los ayuntamientos hacer aportaciones patrimoniales a sociedades mercantiles "si se ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y periodo medio de pago en el ejercicio anterior". "Objetivos", señalaba el informe del interventor, "que no se han cumplido por este Ayuntamiento".

El secretario general del Ayuntamiento redactó otro informe que señalaba la "dificultad" que, desde la perspectiva de la Ley de Administración Local, "presenta el hecho de que un ayuntamiento, en las condiciones financieras en las que se encuentra el de Huelva, pueda desarrollar una competencia impropia como la gestión de un club de fútbol profesional". A pesar de estas alertas, la expropiación salió adelante, ya que ni el interventor ni el secretario se oponían formalmente a la misma.

Según los indicadores publicados en junio por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Huelva es la capital de provincia con menor renta media anual del país, con 20.688 euros.