Los entresijos de la Fundación Interpol

Se trata de una donación tan histórica como poco conocida. En la primavera de 2016, Emiratos Árabes Unidos le firmó un cheque por importe de 50 millones de euros, fraccionado en cinco años, a la organización mundial de Policía Interpol. Un pago anunciado oficialmente en marzo de 2017 y destinado a financiar siete proyectos de lucha contra la criminalidad, incluida la lucha contra el terrorismo. Con esta importante donación de 10 millones de euros anuales, Emiratos Árabes Unidos se convirtió en 2016 en el primer Estado stricto sensu contribuidor de Interpol, al margen de las aportaciones de agencias gubernamentales. Sólo Estados Unidos, con una contribución reglamentaria anual de 10,5 millones de euros en 2017, y financiaciones adicionales de diferentes ministerios y del FBI, se sitúan hoy por delante del riquísimo Estado de la Península Arábiga.

Dicha donación por parte de Emiratos Árabes, muy cuantiosa para una organización internacional que cuenta con un presupuesto modesto (113,7 millones de euros en 2016), hace plantearse la independencia financiera de la agencia policial.

Sin abordar cuestiones éticas ni morales, el informe anual 2018 de la ONG Human Rights Watch también apunta a “violaciones graves de los derechos humanos dentro y fuera” de Emiratos Árabes, como en Yemen, donde los Emiratos, principal integrante de la coalición dirigida por Arabia Saudí, supuestamente está implicado en los ataques mortales perpetrados contra civiles –el conflicto ha causado cerca de 10.000 muertes según la ONU–. En noviembre pasado, la ONG Arab Organization for Human Rights, con base en Londres, incluso llevó a Emiratos ante la Corte Penal Internacional “por crímenes de guerra” en Yemen, denunciando “la utilización de armas prohibidas”, los “ataques indiscriminados contra la población civil” y los “actos de tortura perpetrados en prisiones yemeníes”.

Curiosamente, el pago de los Emiratos, nunca cuestionado, pasó por otros canales de la organización policial, más oficiosos. En concreto, los de una misteriosa y sorprendente “Fundación Interpol para un Mundo más Seguro” con base en Ginebra. Se trata de una de las numerosas informaciones desveladas en el documental Interpol, une police sous influence ? [Interpol ¿una Policía bajo influencia?]”, que emitirá el próximo 20 de marzo el canal Arte (véase al final de este reportaje La caja negra).

Los financiadores de Interpol

Retrocedamos a 2013. Entonces, la agencia mundial de Policía, con sede en Lyon, estaba dirigida por un secretario general ambicioso, el americano Ronald K. Noble, que estaba a punto de concluir su tercer mandato. En varias entrevistas, afirmaba que su sueño era que la Interpol tuviese un presupuesto de 1.000 millones de dólares. Tal y como revelaron entonces Mediapart ―socio editorial de infoLibre―, el magazine Lyon Capitale y el semanario alemán Die Zeit, Noble ya no dudaba a la hora de alcanzar acuerdos de colaboración con multinacionales tabaqueras o farmacéuticas, instituciones acusadas de corrupción (FIFA) o controvertidos Estados (Qatar, sobre todo) para financiar unidades y misiones de la agencia de Policía.

Para atraer a los inversores, Noble decide entonces crear una estructura externa a la organización, fundada en Suiza. La Fundación Interpol para un Mundo más Seguro ve la luz oficialmente el 29 de octubre de 2013. Fue la última gran idea de Ronald Noble antes de su salida. Mientras los Estados miembros se resisten a meter la mano en el bolsillo, esta fundación nace para servir de punto de confluencia para todos los donantes, en concreto privados, a la hora de financiar las misiones de la agencia mundial de Policía.

“La visión de Interpol es ‘unir a las policías para un mundo más seguro’. Sin embargo, la Policía no puede hacer el mundo más segura por sí sola”, puede leerse en el folleto de la fundación de Interpol. “Se trata de una responsabilidad colectiva, que requiere de una alianza a escala mundial entre los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil”. Una estructura que no se conforma con recaudar dinero. Según un comunicado del fondo de inversión Abraaj, con sede en Dubái, cuyo fundador y director pakistaní Arif Naqvi forma parte del consejo de la fundación de Interpol, ésta sería “mandatada para desarrollar los partenariados público-privados” en el seno de los grupos de trabajo.

Sobre el papel, la fundación es jurídicamente independiente. “Una entidad privada que no tiene nada que ver con Interpol”, nos explica en una entrevista para Arte el due diligence officer de Interpol, Kris D’hoore, encargado de juzgar la ética de los proyectos de colaboración de la agencia de policía. “Está hecho para que entre dinero en Interpol pero es una entidad completamente independiente”. Sin embargo, hay vínculos reales existen entre Interpol y su fundación. En efecto, en el seno de Interpol se establece una oficina de enlace para coordinar las actividades de la fundación ginebrina. Al frente se encuentra el alemán Ralph Markert.

La fundación debe permitir separarse de las nuevas reglas financieras más rigurosas de la organización. Así, en noviembre de 2014, la Asamblea General de Interpol, reunida en Mónaco, vota la resolución 15, que exime a la función de techos: “El montante total anual de los recursos extrapresupuestarios no debe superar el 50% del total de los ingresos de Interpol (presupuesto ordinario, Fondos Interpol para la Cooperación policial internacional y cuentas especiales) y [...] el montante total anual de las donaciones provenientes de un único donantes, al margen de la ‘Fundación Interpol para un Mundo más Seguro’, no debe exceder el 15% del total de los ingresos de Interpol”.

Un bricolaje astuto que permite que la donación de Emiratos cumpla con las normas de la organización mundial de Policía. “Una parte de las reglas que nos hemos dado en la organización de Interpol dice que no queremos tener Estados demasiado dominantes con relación a estas donaciones adicionales. Eso quiere decir que hay un límite definido en nuestro conjunto de reglas. Sin embargo, esta donación recibida de la fundación Interpol, que procede de Emiratos Árabes Unidos, está por debajo de este límite”, explica el actual secretario general alemán de Interpol, Jürgen Stock.

La importante contribución de Emiratos Árabes Unidos a la fundación de Interpol está destinada a siete misiones de la agencia mundial de policía: el antiterrorismo, la cibercriminalidad, el patrimonio cultural, los grupos vulnerables, los estupefacientes, las mercancías ilícitas y la criminalidad vinculada a los vehículos. Pero tras esta donación el país ha sabido aumentar su influencia. En mayo de 2016, la agencia de prensa del país, Emirates News Agency, anunciaba a través del diario Gulf News la inminente apertura de una oficina central interna de Interpol vinculada a la fundación, situada en los Emiratos, en Abu Dabi.

En noviembre de 2018, los Emiratos tendrán igualmente el prestigio de acoger la 87ª Asamblea General de Interpol en Dubái. Y para supervisar el uso de los 50 millones, incluso se le otorga un poder de firma, en el seno del consejo de la fundación, al jeque Mansur, viceprimer ministro de Emiratos Árabes Unidos, también propietario del club de fútbol del Manchester City.

SwissLeaks, Golden chain, Kazajistán

Partiendo de los datos del registro de comercio del cantón de Ginebra, analizamos las lista de los miembros del consejo de la función de Interpol, cuando menos sorprendente. En él coinciden personalidades políticas como el príncipe Alberto II de Mónaco o Wong Kan Seng, el exviceprimer ministro de Singapur, miembro destacado del Partido de Acción del Pueblo (PAP), que gobierna con mano de hierro desde hace más de medio siglo. También incluye a directivos como Carlos Ghosn, del grupo Renault; Jean-Marie Sander, el expresidente del Crédit Agricole de Ratan Tata, dirigente del gigante automóvil indio del mismo nombre.

Tres miembros en torno a esta fundación despiertan algunas dudas de otra naturaleza a la agencia policial.

El primero es el inglés Stuart Gulliver, director del banco HSBC hasta febrero de 2018. A raíz del escándalo de evasión fiscal SwissLeaks en 2015, el Consortium international des journalistes (ICIJ)  demostró que HSBC Private Bank en Ginebra contaba con cuentas de comerciantes de armas, porteadores de maletas de dictadores, de traficantes de diamantes de sangre buscados por Interpol y que sufragaron numerosos guerras civiles en África, e, incluso, mecenas del terrorismo mundial. Varios saudíes también pertenecieron supuestamente a la famosa Golden Chain, la lista de los 20 principales empresas que financiaron a Osama bin Laden, Al Qaeda y el 11-S.

Ironías del destino, el diario británico The Guardian revelaba en febrero de 2015 que el propio Stuart Gulliver tuvo durante muchos años una cuenta oculta en su filial ginebrina a través de una sociedad panameña. En ella disponía de 7,6 millones de dólares. Los abogados del banquero respondieron a las acusaciones que la cuenta de Stuart Gulliver había sido declarado al fisco inglés “un cierto número de años”. Sin precisar nunca cuándo.

De hecho, la prensa suiza ha desvelado que el jefe del HSBC también era miembro de la fundación de Interpol. En Lyon, la agencia mundial de Policía enseguida reaccionó pidiendo su suspensión. “Teniendo en cuenta la presunción de inocencia y conforme al código de buena gobernanza y a las reglas internas de la fundación, Interpol ha suspendido temporalmente al presidente Gulliver [...] hasta que se esclarezcan las acusaciones sobre estas alegaciones”, anunció a la Radiotelevisión Suiza (RTS) un portavoz de Interpol.

Pese a este anuncio, Stuart Gulliver siguió siendo miembro del consejo de la fundación de Interpol durante más de un año, hasta septiembre de 2016, según el registro mercantil del cantón de Ginebra. Incluso tuvo poder de firma. Claro que Interpol se supone que debe luchar contra toda forma de criminalidad financiera, la que se llama comúnmente como criminalidad de cuello blanco. La agencia policial finalmente se decidió a actuar mientras entrevistábamos al secraterio general, Jürgen Stock.

“Me enteré por la prensa, como muchos otros. Contacté con el presidente, manifestamos nuestra preocupación con relación a las acusaciones públicas. Se discutió. Por lo que sabemos, las decisiones se tomaron”, explica Jürgen Stock en una última entrevista ante las cámaras de Arte, en septiembre 2016. Stuart Gulliver se vio entonces obligado a dejar la fundación de Interpol pero le sustituyó Douglas Flint, actual presidente ejecutivo del HSBC.

El segundo integrante que hace despertar sospechas no es otro que el presidente del consejo de la fundación de Interpol, el libanés Elias Murr. El hombre es una personalidad política de primer orden en Líbano. Entre 2000 y 2005, fue viceprimer ministro y ministro del Interior en el Gobierno de Rafiq Hariri. También es un rico hombre de negocios, al frente del Grupo Murr, empresa de construcción y de medios de comunicación fundada por su padre y que factura varios miles de millones.

En 2015, los  SwissLeaks revelan que Elias Murr también tuvo una cuenta en el HSBC de Ginebra a través de una compañía llamada Callorford Investments Limited. Una cuenta con 42 millones de dólares en 2006-2007. Un portavoz del presidente de la fundación Interpol responde que estos fondos son conocidos y no tenían ninguna vinculación con sus funciones políticas. “No es ilegal y no es sospechoso que un ciudadano libanés abra y tenga cuentas en todas partes”, explica el portavoz de Elias Murr al Consorcio Internacional de Periodistas.

El último nombre relacionado con esta fundación es problemático en otro sentido. En 2016, el británico Keith Bristow, exdirector de la National Crime Agency (NCA), el “FBI inglés”, recibe el encargo de realizar una auditoría sobre la fundación de Interpol, pero al mismo tiempo, asesora a un importante gabinete privado de inteligencia económica, Arcanum Global, del que actualmente es el vicepresidente. Esta compañía internacional cuenta también entre sus miembros con el americano Dennis Blair, excoordinador de las agencias de inteligencia con Barack Obama, o el exresponsable de inteligencia interior francés, un tal Bernard Squarcini, que dirige hoy la delegación francesa de Arcanum.

Entre los clientes de Arcanum, donde figuran Estados y multinacionales, se encuentra en una posición destacada Kazajastán, dictadura gestionada con mano de hierro por el presidente Nursultán Nazarbáyev, reelegido por quinta vez en 2015 con más del 97% de los votos. Claro que, como Mediapart reveló, Arcanum Global investigó por cuenta del dictador kazajo al oligarca y opositor político Mukhtar Ablyazov. Un hombre que valió una notificación roja de Interpol por petición de la Rusia de Vladimir Putin, denunciada por varias ONG por considerarla “política”, hasta que Interpol de decide a retirarla en julio de 2017. Con sus dos aspectos, por un lado Interpol y por el otro Kazajistán y Arcanum Global, Keith Bristow se reveló como supervisor barroco de múltiples intereses.

Un cúmulo de hechos que lleva a preguntarse sobre la visión de la Fundación Interpol en lo que respecta a su definición de “un mundo más seguro”.

  Mathieu Martiniere, periodista francés establecido en Lyon, y Robert Schmidt, periodista alemán residente en Estrasburgo, son miembros del colectivo de periodistas independientes We Report, que realiza investigaciones y reportajes amplios.

Durante cinco años, investigaron a la Interpol, muchos de cuyos artículos publicó Mediapart. Esta investigación se cierra con un documental de 90 minutos, titulado Interpol, une police sous influence? (Cocottes Minute Productions) [Interpol, una policía bajo influencia], de Samuel Lajus, Mathieu Martiniere y Robert Schmidt, y que emitirá el martes 20 de marzo, a las 20:50, la cadena Arte.

Traducción: Mariola Moreno

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